El crimen organizado le cuesta a la región más del 3 % del PIB

El crimen violento y la inseguridad tienen un impacto desproporcionado en América Latina y el Caribe (ALC), con graves consecuencias para el desarrollo socioeconómico.

A pesar de representar solo el 8 % de la población mundial, la región concentra casi un tercio de los homicidios globales. A esta conclusión llegó una investigación conjunta entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que plantea la urgente necesidad de estrategias integrales para abordar los efectos de gran alcance del crimen y la violencia.

En el documento se destaca cómo el crimen, la inseguridad y el bajo crecimiento se alimentan mutuamente en un ciclo vicioso que frena la inversión, reduce el turismo y acelera la emigración en la región.

También se plantea que la inestabilidad macroeconómica —recesiones, picos de inflación y creciente desigualdad— está asociada con el aumento de la violencia.

Sostiene que la fácil disponibilidad de armas de fuego y el crimen organizado amplifican estos efectos, debilitando las instituciones y el Estado de derecho.

El BID cuantificó las pérdidas directas, y estima que el crimen y la violencia cuestan a la región 3,4 % del producto interno bruto (PIB) anual.

Estos costos surgen de la pérdida de productividad causada por vidas perdidas, lesiones y encarcelamientos; del gasto del sector privado en seguridad, y del gasto público en servicios policiales, judiciales y penitenciarios.

Según el BID, esto equivale al 80 % de los presupuestos públicos de educación de la región y al doble de los gastos en asistencia social.

Mientras que el FMI reveló que el crimen desacelera la innovación y reduce la productividad empresarial, agravando el estancamiento económico con el tiempo.

El estudio recalca que reducir a la mitad las tasas de homicidios en municipios violentos podría aumentar su producción económica hasta en 30 %.

A nivel regional, reducir las tasas de homicidio al promedio global podría aumentar el crecimiento anual del PIB de América Latina y el Caribe en 0,5 %.

Por otro lado, ambos organismos internacionales mencionan que la inestabilidad macroeconómica a menudo alimenta picos de violencia.

Señalan que una recesión en ALC está asociada con un aumento del 6 % en los homicidios al año siguiente, mientras que picos de inflación por encima del 10 % están vinculados a un aumento del 10 % en los homicidios el año posterior.

Advierten que un aumento de la desigualdad exacerba aún más el vínculo entre estancamiento económico y crimen.

Tanto el BID como el FMI mencionan que romper este círculo vicioso requiere una comprensión más profunda de sus causas e impactos.

Para ello, apuestan a una investigación rigurosa y mejores datos esenciales para diseñar políticas públicas que reduzcan eficazmente el crimen, a un punto de generar evidencia, monitorear las dinámicas del crimen, asesorar a los países miembros y facilitar debates.

El BID y el FMI indican que enfrentar el crimen únicamente a nivel nacional no es suficiente, ya que los grupos criminales operan más allá de las fronteras, haciendo que las respuestas aisladas sean ineficaces y fragmentadas.

Para abordar este desafío compartido, dijeron, los países deben colaborar más estrechamente para desarrollar soluciones más sólidas y coordinadas.

Aseguran que una colaboración regional es crucial para desmantelar las redes sofisticadas e interconectadas del crimen organizado que socava el Estado de derecho y la estabilidad económica.

El BID y el FMI sostienen que, con vidas en juego, el impacto real de estos esfuerzos debe sentirse en el terreno: creando calles más seguras, restaurando la esperanza en las comunidades y ofreciendo a las personas una oportunidad real de prosperar económicamente en un futuro libre de violencia.