Declaraciones de renta crecieron un 12% en 2022

Tras la implementación de una serie de programas, la Dirección General de Ingresos (DGI) ha mantenido acercamientos con aquellos negocios que estando dentro de centros comerciales, ferias y demás, han generado un crecimiento de nuevos contribuyentes.

Para el periodo 2022, con relación al impuesto sobre la renta de 2021, las cifras crecieron en un 12% por encima del promedio tradicional, confirmó Gerardo Herrera Martínez, jefe del departamento jurídico tributario de la DGI, a este medio.

“Que la tributación creciera en un 12% es una mejoría sustancial, después de un 2020 donde las cifras cayeron 30 puntos. El crecimiento que tenemos ahora muy bien se puede comparar con las [cifras] de 2018, cuando alcanzamos los $5.000 millones en ingresos tributarios, ya que relacionarlas con el análisis de 2020 no tendría razón de ser”, dijo Herrera.

Según datos del informe preliminar de recaudación de la DGI, al cierre de 2022 los impuestos directos mostraron un superávit de $3.269.466 (10,9%), respecto a lo presupuestado, reflejando así un aumento de $859,3 millones versus el año anterior.

De esa cifra, la renta representó $2.854.255; la renta jurídica $953.662; la renta natural $1.417.549; los dividendos y complementario $268.785; otros $214.260; inmueble $160.132; avisos de operación de empresas $124.533; seguro educativo $130.546.

Para el jefe del Departamento Jurídico Tributario de la DGI, el crecimiento en términos de declaración de renta “implica la formalización de un mayor número de personas. Esto, al analizarlo con el presupuesto de recaudación tributaria y el presupuesto general, ofrece elementos o indicadores “que muestran mejoría en términos de cumplimientos tributarios”.

Aunque los avances son prometedores, Herrera reconoció que todavía hay brechas. No obstante, aclaró que las administraciones tienen cada vez una mayor cantidad de datos, lo que implica que tienen mejores métodos de fiscalización.

Para seguir reforzando estos márgenes, la DGI tiene pendiente la regularización de la economía digital, que no solo sugiere cambios a nivel de Panamá, sino en términos mundiales. El jefe del Departamento Jurídico Tributario de la DGI mencionó que ante la Asamblea Nacional se presentó el proyecto de ley 229 de 2019, que crea la ley de regulación tributaria y laboral para empresas que operan mediante plataformas digitales, que está en espera de ser prohijada.

Según Herrera, este proyecto de ley busca cinco cosas: 1) establecer la obligatoriedad del gravamen del impuesto sobre la renta, sobre la ganancia neta en lo establecido por el Código Fiscal de Panamá y reglamentado por los distintos decretos a todas las empresas que operen mediante plataforma digital.

2) Regular la retención del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS), tal cual establece la Ley 75 de 1976, modificada por la Ley 61 de 2002 a todo tipo de negocio que opere mediante plataforma digital. En el caso de transporte de lujo no se podrá retener el ITBMS debido a que el pasajero solicitante sería el último en la cadena y el operador no tiene impresora fiscal para cargar el impuesto. Quien sí lo debe retener es la plataforma al conductor del transporte sobre el 25% de ingreso de manejo de plataforma, porque tal como lo estipula la ley, todo negocio que facture sobre $3.000 por mes o $36.000 al año debe retener el ITBMS. Adicional, el pago de impuesto sobre la renta sobre el excedente de $11.000 anual.

3) Regular el servicio de transporte, según lo establece la Ley 14 de 1993, en cuanto a la obtención de un cupo o certificado de operación y el cumplimiento de la normativa que regula el transporte en Panamá.

4) Derogar el Decreto 331 de 2017 TIC que reglamenta el servicio de transporte de lujo ofrecido a través de la tecnología de la información y comunicaciones (Tic).

5) Crear una ley especial que regule el transporte de lujo, siempre enmarcado en las disposiciones legales fundamentadas en la Ley 14 de 1993 y sus modificaciones y que cumplan con las regulaciones tributarias de la República de Panamá; reiterando que la plataforma debe retener el impuesto de ITBMS al conductor quien a su vez le cobra al usuario y obtiene un ingreso bruto del 75%, menos costos operacionales.

“Esta iniciativa (el proyecto de ley 229 de 2019) nació como un proyecto que buscaba grabar la economía digital, pero solo en un modelo de negocio, luego se modificó para que fuera en todos los modelos de negocio”, expresó Herrera.

En términos generales de la economía digital, el jefe del Departamento Jurídico Tributario de la DGI comentó que la discusión no es “siempre sencilla” porque hay aspectos que dependen de la capacidad de fiscalización de las autoridades. Defendió que la actual administración de la DGI ha dado pasos “interesantes” en términos de implementar el consumo de datos y la generación de nuevos reportes que permitan establecer estadísticamente “cómo nivelar la cancha en este mercado”.

Otro aspecto, dijo, son los modelos de fiscalización y todas las políticas públicas que se implementen en términos de economía digital, que “no están orientados, bajo ninguna circunstancia, a la generación de nuevos impuestos, sino al establecimiento de mecanismos más claros de tributación para estas actividades que se desarrollan en este sector digital y que tradicionalmente estarían obligados a tributar”.

“Para nosotros, en términos de generación de valor, sin duda es extremadamente primordial que se generen actividades o que crezca la economía. La función de la administración no es la de cercenar el ejercicio de emprendimientos o actividades, por el contrario, la tributación es una función de la productividad. Sin producción no hay tributos, pero obviamente de forma ordenada y garantizando una cancha nivelada para quienes participan en el sector tradicional de la economía, como para quienes de manera novedosa transicionan a una economía digital”, puntualizó Herrera.

Publio De Gracia, director general de la DGI, por su parte, adelantó que la entidad está trabajando con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la SIAP, los regionales de la Asociación Fiscal Internacional, una propuesta para incluir el 7% del ITBMS en la economía digital, de acuerdo con los estándares que se están discutiendo a nivel internacional. La misma será enviada al Consejo de Gabinete.

El jefe del Departamento Jurídico Tributario de la DGI explicó que en términos generales de indicadores de Centroamérica y Latinoamérica, la cuota de Panamá es la más baja con un 7% del ITBMS, con relación a la más alta que podría ser de 21% y que muchas veces es de países de primer mundo. “En ese sentido lo que se ha venido haciendo es una mejoría en términos del comportamiento de la recaudación, que tiene dos indicadores puntuales: mejorar la recaudación, es decir, más presupuesto tributario, y mejorar la cantidad de contribuyentes”, concluyó.