La crisis laboral actual 'no es de empleo', sino de 'confianza'

En 2020, el producto interno bruto (PIB) de Panamá se derrumbó un 17,9% a causa de la crisis derivada por la pandemia de la covid-19; y el desempleo alcanzó el 18,5%, la tasa más alta reportada en 20 años.

Pero en 2021, el desempeño del PIB creció 15,3%, mientras que el desempleo bajó al 14,5%, según cifras de la Contraloría General, y las perspectivas apuntan a una recuperación, en una coyuntura de evolución y control de la pandemia a través del proceso de vacunación a la población a nivel nacional.

Así, los más recientes informes de las calificadoras de riesgo Fitch Ratings (28/1/2022) y Morgan Stanley (16/3/2022) elogian el desempeño económico de Panamá y la gestión de sus finanzas públicas, destacando a los mayores ingresos del Canal y las exportaciones de cobre (sector externo) como los protagonistas tanto de la expansión del PIB en 2021 como de la mejora en el panorama fiscal.

Sin embargo, ambos informes destacan el rezago del sector interno de la economía (que representa la mayor parte de los empleos, 70% de ellos presenciales), con énfasis particular en la construcción, el comercio al detal y hoteles/restaurantes, como actividades mayormente diezmadas por la pandemia.

El consultor laboral René Quevedo explica “la paradoja que vive el país, crecimiento económico y crisis laboral, a la vez”.

Dos indicadores que a su juicio describen la situación del empleo en Panamá: los 416 mil beneficiarios del vale digital (marzo 2022) y el hecho de que en 2021 el Ministerio de Trabajo (Mitradel) tramitó 40% menos contratos laborales que en 2019, y en enero-febrero 2022 este porcentaje cayó al 50% versus el mismo período de ese año. “Son un indicativo de que la crisis laboral se está agravando” y de que “se necesitan decisiones urgentes”, advirtió el experto laboral.

Situación que en su concepto se agrava en un escenario marcado por la polarización política, el deterioro de la gobernabilidad, protestas diarias, llamados a huelga, volatilidad social y una precaria situación de las finanzas públicas, lo cual aumenta la incertidumbre en el clima para las inversiones en el país, principal enemiga de la generación de empleos.

“La crisis laboral que enfrentamos no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza”. Peor aún, porque “sin inversión privada no habrá generación de empleos formales tal como lo están evidenciando las cifras de nuevos contratos laborales del Mitradel, y el complejo entorno socioeconómico alimenta la falta de confianza para invertir en el país, con el consecuente impacto en la generación de empleo”, alertó el experto laboral.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), la participación del sector de la construcción en el PIB en 2019 –antes de pandemia– fue del 14,5%; en 2020 –en plena pandemia– fue del 5,5%; y tuvo una ligera recuperación en el tercer trimestre de 2021 para alcanzar el 8,8% .

“Esto es señal de una fuerte contracción de las inversiones y consecuente aumento del desempleo en ese sector, razón por la cual la Capac expresa preocupación en relación al llamado a huelga del Suntracs (Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares)”, señaló Quevedo.

El Suntracs mantiene su llamado a huelga a partir del próximo 4 de abril, si antes de esa fecha no se logra un acuerdo de ajuste salarial dentro del proceso de negociación de una nueva convención colectiva.

Una paralización de labores que el presidente de la junta directiva de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Carlos Allen, advirtió sería “nefasta” para los trabajadores, para las empresas del sector construcción y para la economía del país.

Más aún cuando “el sector de la construcción transcurre por un proceso muy débil de recuperación de cifras de más de -50,0% de disminución de crecimiento del sector durante la pandemia y cifras muy bajas antes de ella”, alertó el economista Raúl Moreira.

Allen citó que, según datos proporcionados por el Suntracs, el PIB de la industria está en $700 millones al año. Mientras que en 2018 andaba por $1.200 millones, casi 100% más de la actividad que hay en este momento.

Moreira indicó, por su lado, que aunque el sector muestra unas cifras de remuneración muy por encima del resto de los sectores, se debiera apostar por “garantizar la existencia y recuperación del sector, incluyendo una posible auto moratoria” de la negociación salarial, para permitir la recuperación de empresas que o estuvieron cerradas por casi dos años o que tienen altas facturas pendientes de pago por parte del Estado.

“No ser consciente de ello podría acarrear un nuevo retroceso en uno de los sectores de más importancia en la generación de empleos y que ocupa un peso importante en nuestra estructura económica”, comentó Moreira, ante la inminente huelga decretada por el Suntracs.

Hace cuatro años, los trabajadores afiliados al Suntracs realizaron una huelga de casi un mes, que le costó al país pérdidas económicas por el orden de los $1.000 millones. Mientras que las pérdidas económicas del paro recién decretado podría rondar los $100 millones, advirtió a medios locales el vicepresidente de la Capac, Alejandro Ferrer.

Paralelamente, dijo Quevedo, “en 2019 el turismo representó para el PIB aportes por $4.500 millones, pero en 2020 solo se obtuvo un 30%, o sea se hicieron apenas $1.200 millones, y en 2021, con la recuperación del 50%, es decir, lograron $2.250 millones para la economía. 20% de los hoteles del país cerraron y el resto está operando a un 25% de capacidad, lo que ha incrementado el desempleo y ahuyenta las perspectivas de inversión en el país”.

Por su parte, “unos 2.700 restaurantes han cerrado sus puertas y los que se mantienen operando son altamente regulados en materia de controles de acceso, aforo y medidas de bioseguridad, afectando directamente sus niveles de rentabilidad y perspectivas para nuevas inversiones”, por lo que la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (Arap) pidió al gobierno medidas urgentes para paliar la espiral inflacionaria que amenaza al país .

En este contexto, “el anuncio de la eliminación de las mascarillas en sitios abiertos es un paso en la dirección correcta, aunque tímido en comparación con las acciones emprendidas por otros países competidores como destinos turísticos, incluyendo a República Dominicana, que eliminó todas las medidas impuestas a raíz de la pandemia", expresó el experto laboral.

“Lo único más agresivo que la tasa de contagios de covid-19 fue su capacidad para destruir empleo. Las restricciones de movilidad impuestas para controlar la pandemia en una economía en la que el 70% de los empleos son presenciales, arrasaron con el empleo.

El grueso de las 40 mil empresas que cerraron operaciones se encontraban en el comercio, la actividad económica (con diferencia) más afectada por la pandemia y que vio desaparecer a más de un tercio de su fuerza laboral entre 2019 y 2021", añadió Quevedo.

Aunque Panamá ha sido históricamente un destino favorito para la Inversión Extranjera Directa (IED), ahora “el gran desafío” será atraerla. En 2020, la IED cayó 86% y en 2021, 12,6%. Hoy Costa Rica es el país que, proporcional a su economía, atrae la mayor cantidad de IED en el mundo. El Gobierno Nacional ha desarrollado importantes iniciativas para atraer IED. Por medio de la Ley 41 del 24 de agosto de 2007 y sus leyes reformatorias (Ley 45 de 10 de agosto de 2012, Ley 57 del 24 de octubre de 2018 y la Ley 66 del 13 de diciembre de 2018), se crea el régimen especial para el establecimiento y la operación de sedes de empresas multinacionales en la República de Panamá. Desde su promulgación, la Ley SEM ha traído más de $3 mil millones en inversión y 7.700 empleos directos. De igual modo se creó el régimen especial para el establecimiento y la operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura, conocido como EMMA, como parte de las estrategias del plan de reactivación económica del actual gobierno para la atracción de inversión extranjera directa. El régimen EMMA se creó mediante la Ley 159 del 31 de agosto de 2020.

“Estamos creando las bases para que nuestro país sea competitivo a la hora de que las empresas piensen en mudar parte de la producción a un mercado más cercano; y se siguen haciendo los esfuerzos de promoción”, expresó el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez. Los recientes informes de las calificadoras Fitch Ratings y Morgan Stanley, así como las declaraciones que en febrero 2022 emitiera el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, sobre la gran potencialidad de Panamá para atraer inversiones, “son importantes manifestaciones de respaldo que contribuyen a mejorar el clima de confianza necesario para las inversiones”, dijo Quevedo. De hecho, “el reciente anuncio de la construcción de una planta de gas licuado en Colón, con una inversión superior a los $1.000 millones es una demostración de esa confianza”.

En el escenario postpandemia, añadió, pareciera haber “consenso entre las calificadoras con respeto a la minería como actor clave en el futuro económico de Panamá”. El mero anuncio del acuerdo de las condiciones para nuevo contrato entre el gobierno y Minera Panamá ($6.700 millones, la mayor en la historia del país), adujo, fue, en gran medida, responsable por la mejora de la perspectiva de deuda panameña, de negativa a estable, por parte de Fitch Ratings. Pero ese contrato aún debe ser ratificado. La demora crea incertidumbre, y como plantea el informe de Morgan Stanley, “todos los ojos están puestos en ese acuerdo”.

Ante la grave descapitalización del sector privado nacional, insistió que “es urgente” atraer IED para desarrollar todos los sectores (no solo minería). Los informes de las calificadoras “son excelentes noticias, que contribuyen a la creación del clima de confianza para atraer esas inversiones, requisito fundamental para comenzar a lidiar con los devastadores efectos de la 'pandemia socioeconómica' que dejó la covid-19, en el sexto país más desigual del mundo. Sin inversión privada no habrá generación de empleos formales, y sin empleos formales, la Caja de Seguro Social (CSS) está condenada a muerte”, puntualizó Quevedo.