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Crime Stopper: Panamá deja de percibir $350 millones por comercio ilícito de cigarrillos
![Entre los meses de julio y noviembre de 2024, Aduanas decomiso más de 100 millones de unidades de cigarrillos ilegales, valoradas en más de $19 millones. Entre los meses de julio y noviembre de 2024, Aduanas decomiso más de 100 millones de unidades de cigarrillos ilegales, valoradas en más de $19 millones.](http://www.laestrella.com.pa/binrepository/640x426/0c16/640d394/none/199516884/XJRX/cigarrillo-ilegal_181-9348367_20250206170839.jpg)
- 07/02/2025 00:00
- 06/02/2025 19:08
Anualmente, Panamá está dejando de percibir más de $350 millones en recaudación del impuesto selectivo al consumo del cigarrillo, debido al comercio ilícito de ese producto, estimó Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermuda y América Latina, en una entrevista con La Decana.
Campos explicó que con este escenario se está dejando de percibir dinero que no va directamente a las arcas del Estado y que por ley debería ir al Ministerio de Salud para apoyar en todos los programas de prevención o de combate a enfermedades como el cáncer.
“Estamos perdiendo casi o más de $350 millones solo en ese impuesto [cigarrillos] y solo en ese producto, porque hay otros que están pasando por lo mismo [...] solo en un impuesto estamos perdiendo esa cantidad [de dinero] que podría ser invertida socialmente en Panamá”, comentó Campos a este medio.
Indicó que el contrabando ilícito de cigarrillos ha venido creciendo en los últimos años porque es un producto que ingresa al país sin pasar por los controles aduaneros y se vende a precios considerablemente más bajos que los productos legales.
Por ejemplo, en 2022, Crime Stopper estimó que las arcas del Tesoro Nacional habían dejado de percibir el ingreso anual de $165 millones en impuestos al cigarrillo, debido a que, según la encuestadora Nielsen, el 92 % del tabaco o cigarrillos que ingresa al país es ilegal.
Dos años después, en 2024, Nielsen reveló el contrabando de cigarrillos aumentó 96,2 %, representando un incremento de 4,1% comparado con la medición anterior (2022).
Según el director regional de Crime Stoppers, este escenario se debe a que Panamá siempre ha sido un hub de distribución a nivel regional para las estructuras criminales que buscan movilizar cantidades enormes de cigarrillos ilegales, que vienen de Asia, principalmente de China, Corea y la India. Ahora, dijo, preocupa la falsificación de cigarrillos que llegan de Camboya a Panamá, para luego dirigirse a otros destinos como Guatemala, pero siempre usando a Panamá como puente.
Para las autoridades aduaneras, el contrabando de cigarrillos sigue siendo un desafío crítico, ya que este negocio no solo pone en riesgo la economía, sino también la salud pública y la seguridad del mercado.
Entre los meses de julio y noviembre de 2024, la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), a través de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), decomisó más de 100 millones de unidades de cigarrillos ilegales, valoradas en más de $19 millones.
“Las cifras reflejan tanto la magnitud del problema como el esfuerzo conjunto que se requiere para enfrentarlo. Por ello, la Alianza [Contra el Comercio Ilícito de Panamá] seguirá promoviendo buenas prácticas y colaborando con las autoridades para combatir este flagelo que afecta tanto a la economía como a la salud de nuestros ciudadanos”, dijo Ramiro Esquivel, presidente de la Alianza contra el Comercio Ilícito de Panamá.
El director regional de Crime Stoppers mencionó que el contrabando de cigarrillos es una industria millonaria en el mundo, que cuenta con un sistema piramidal criminal del más alto nivel.
Recordó que este producto tiene tres aristas negativas para el país: salud pública, recaudación de impuestos y seguridad. Sobre este último punto, dijo, está relacionado el dinero recaudado que va al arca de las estructuras de las bandas y pandillas, tanto locales como internacionales, que están directamente ligadas al crimen organizado.
“Por eso exhortamos a las personas a no consumir este producto, que en su mayoría ya viene contaminado y puede generarle alguna enfermedad, ante la falta de cumplimientos sanitarios”, alertó el director regional de Crime Stoppers.
Para ir eliminando este mercado negro del cigarrillo, Campos indicó que el gobierno debe hacer ciertas modificaciones a nivel de legislación en contra del contrabando o comercio ilícito, porque muchas tienen 15 y 20 años de vigencia.
“Hay que hacer una actualización legislativa en Panamá sobre estos temas para darle más poder y fortalecer mucho más a la Aduana, la Fiscalía y a la Policía para que puedan incautar e investigar”, expresó.
El director regional de Crime Stoppers también mencionó que es necesaria la inversión en tecnología y capacitación, porque el contrabando de cigarrillo entra y sale por fronteras legales. Sin embargo, aclaró que dichos controles se deben realizar sin parar el flujo comercial de Panamá.
“No se trata de abrir todos los contenedores de un barco porque eso va a generar muchas pérdidas, pero el uso de escáneres, equipamiento para inteligencia, las alertas tempranas, entre otras más, ayuda”, indicó Campos. Añadió que “obviamente hay que seguir haciendo más incautaciones masivas, como en la Zona Libre de Colón y los puertos en Panamá, que son por donde este producto pasa”.
Crime Stopper ayuda a los gobiernos con entrenamientos, capacitaciones y cooperación técnica para revisar o fortalecer las leyes que puedan combatir el contrabando de cigarrillos.
Con su canal de denuncia anónima, agregó, las personas pueden brindar información que permita a las autoridades de Aduanas, la Fiscalía y la Policía, generar investigaciones hasta incautaciones.
La Alianza contra el Comercio Ilícito de Panamá ha reiterado su compromiso de apoyar a las autoridades, promover la concienciación ciudadana sobre los riesgos del comercio ilícito y trabajar en iniciativas que fortalezcan la protección de las fronteras y del mercado local.
Además, lanzó un llamado a todos los sectores de la sociedad para sumarse a esta lucha, que no solo busca erradicar el contrabando, sino también proteger los recursos que sostienen programas de desarrollo social en Panamá.