Costa Rica evalúa medidas tras apelación de Panamá al fallo de la OMC

El Gobierno de Costa Rica analizará las medidas que tomará en contra de Panamá, tras apelar al fallo de la Organización Mundial (OMC) donde fue favorecida en diciembre de 2024, ya que la impugnación genera un limbo jurídico a una disputa comercial que viene erosionado la confianza entre los gobiernos.

El titular del Ministerio de Comercio e Industrias de Costa Rica, Manuel Tovar, dijo este martes 28 de enero, durante su participación en el programa radial matutino Nuestra voz, de la periodista Amelia Rueda, al referirse a las medidas a tomar que: “eso es un ejercicio responsable, no hay que apurarse, porque estamos analizando diferentes opciones de respuesta y lo que queremos es que tengan el impacto que buscamos, que pueda persuadir a las autoridades panameñas y hacerles ver que actuaron mal, porque tenían otro camino que les ofrecimos de buena fe y lo rechazaron, repudiaron esa propuesta”.

A diferencia de Tovar, la costarricense Cámara Nacional de Productores de Leche, en la figura de su presidenta Ivanna Quesada, advirtió en un comunicado de prensa que debido a la apelación de Panamá con el pretexto de aplicar a una política proteccionista disfrazada de pretextos sanitarios: “esta Cámara estaría solicitando al Gobierno de la República que valore replantear las relaciones entre Costa Rica y Panamá en áreas trascendentales como la colaboración internacional, migración e integración regional, en virtud del altísimo nivel de incertidumbre jurídica e irrespeto a los tratados bilaterales y multilaterales que ha sufrido el sector lácteo costarricense por parte del Gobierno panameño”.

El ministro Tovar aclaró en el programa radial que la diferencia entre ambos países se originó “cuando las autoridades panameñas adoptaron una serie de barreras no arancelarias, es decir, medidas sanitarias y fitosanitaras, supuestamente, para proteger la salud y la vida de sus personas, poniendo en cuestión [duda] la inocuidad, la seguridad y la calidad de las exportaciones costarricenses en un número importante de productos”.

Resaltó que Costa Rica cuenta con un universo importante de alimentos que exporta a otros mercados más exigentes, sin ningún problema.

En una conferencia de prensa anterior, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria de Costa Rica destacó que Costa Rica exporta unos 450 productos a más de 100 destinos.

Con la apelación, sostuvo Tovar, Panamá perpetúa la diferencia comercial que data de 2020 y que Costa Rica elevó a consulta en la OMC en el año 2021. “Lo que hace es perpetuar y poner en un limbo jurídico la solución definitiva del caso, y en consecuencia el mercado sigue cerrado para la exportación de estos bienes”, dijo en la radio.

Con base en el reporte de la OMC, el caso entre ambos países es el denominado DS599, donde Panamá impide el ingreso de productos lácteos, cárnicos de bovino, porcino, aves de corral y pavo, alimento para peces, piña fresca, fresas y plátano y banano procedentes de Costa Rica.

“Estamos en la obligación de apoyar y defender a nuestro sector agrícola, a los productores, a los trabajadores de los campos que trabajan muy fuerte para llevar productos de calidad a los diferentes mercados del mundo, y las reglas están para cumplirse”, afirmó.

Y defendió a su sector productivo que ha sufrido dos lesiones con la barrera sanitaria impuesta por Panamá desde 2020. La primera, la económica, por lo que dejaron de exportar y, la otra, por el daño reputacional al cuestionarse en un litigio internacional la calidad e inocuidad de los alimentos costarricenses. “Eso no lo podemos permitir”, afirmó .

A juicio de Tovar, lo actuado por las autoridades panameñas es de “mala fe”, y aunque reconoce que el término es fuerte, “los países amigos y vecinos no se comportan así”,

Al contrario, el regente del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, a través de sus cuenta en X, el 27 de enero, compartió que: “esta decisión representa una medida firme en defensa de nuestra soberanía zoosanitaria, el bienestar de los panameños y la estabilidad del sector productivo nacional”.

Moltó aclaró que la apelación no es un impedimiento para que ambas partes lleguen a un entendimiento. “Además, esta acción no impide que las partes lleguen a un acuerdo bilateral en cualquier etapa del proceso, siempre que este se base en el respeto mutuo y el cumplimiento de las normativas internacionales”.

“El informe del grupo arbitral contiene interpretaciones jurídicas que no se alinean con la jurisprudencia previa de la OMC y que limitan nuestra capacidad de establecer medidas zoosanitarias y fitosanitarias fundamentales para proteger la salud pública, así como la sanidad animal y vegetal del país. Costa Rica es el único país que ha presentado una demanda de este tipo contra Panamá ante la OMC, lo que resalta la relevancia de este caso en el contexto del comercio bilateral”.

Y, agregó: “La situación actual destaca la necesidad de establecer condiciones comerciales equitativas, como la habilitación de plantas panameñas para exportar, acorde a las normativas internacionales. Reafirmo que la protección de los estándares zoosanitarios y fitosanitarios de mi país es esencial para salvaguardar la salud de la población y preservar la competitividad del sector productivo nacional. Este sector, con su impacto económico directo, se beneficia de políticas sanitarias que garantizan condiciones equitativas de mercado”, dijo el ministro Moltó.

Aunque Costa Rica estudia tomar medidas contra Panamá por no optar por el camino sugerido, el ministro Tovar dijo que confía en que una vez se reanude el Órgano de Apelaciones de la OMC, su país será favorecido nuevamente. “Estamos confiados en que en un evento de apelación, nos van a volver a dar la razón, porque los argumentos costarricenses son contundentes y la posición de Panamá se demostró que carecía de fundamento técnico jurídico”, comentó.

Tovar recordó que en conversaciones con su contraparte panameña y previo al fallo del 5 de diciembre de 2024, sugirieron una alternativa de llegar a un laudo donde las partes no le complacía. “Lo que le dijimos a Panamá es ‘vámonos por este camino, porque por ese camino hay certeza de que hay un final’, pero si usted se va por el otro camino quedamos en un limbo y al final para efectos prácticos es que no vamos a seguir exportando esos productos a ese mercado”.

“Le propusimos a nuestros colegas de Panamá, una salida que les permitía a ellos impugnar el laudo si se sentían con desacuerdo, pero al mismo tiempo con un plazo perentorio de 90 a 120 días, para que después de eso, lo que diga después el tribunal de apelaciones ya es la última palabra y eso nos da seguridad jurídica”.

El ministro Tovar considera que Panamá debió actuar tal cual le sucedió a Costa Rica, cuando la OMC falló en un laudo arbitral a favor de México por la entrada de aguacate, a escasos días de la nueva administración, presidida por Rodrigo Chaves.

El conflicto del aguacate fresco entre Costa Rica y México se remonta a mayo de 2015, cuando el país centroamericano suspendió el permiso para importar el aguacate de la variedad hass desde México, alegando la presencia de la enfermedad mancha del sol, también conocida como “Sunblotch”.

México presentó el caso ante la OMC el 8 de marzo del 2017, y fallando la OMC al caso DS524, el 31 de mayo de 2022, ya que el sustento de Costa Rica careció de suficiente sustento científico.

Como en cualquier decisión arbitral del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, el país no favorecido tiene un término de 20 a 60 días para acatar la decisión o apelar. Sin embargo, a diferencia de Panamá, Costa Rica optó por levantar el bloqueo a los aguacates frescos procedentes de México.