CITI prevé que Panamá pierda el grado de inversión en 2025

“En Panamá creo que es donde hay más riesgos. De hecho, es un candidato que con la reducción de su tasa de calificación, posiblemente [esté] perdiendo el grado de inversión el año entrante”, afirmó ayer miércoles el economista principal para Centroamérica y países andinos de CITI, Esteban Tamayo.

Tamayo se refirió al respecto en el CITI Economic Outlook 2025, luego de que la semana pasada Moody’s cambió la perspectiva de calificación de Panamá a “negativa” desde “estable”.

El economista indicó que después de la toma de posesión del nuevo gobierno del presidente José Raúl Mulino, el mensaje enviado por el Gobierno panameño, a través del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha sido de búsqueda de ajuste fiscal.

Sin embargo, “el mensaje... ha sido muy bueno y muy bienvenido... el problema ahí es que pasar de la voluntad a los hechos suele ser difícil, y en el caso de Panamá, después de un año de protestas [por la mina de cobre de Donoso], tiene unos riesgos relativamente importantes”.

Tamayo recalcó que hay “un camino muy estrecho para perder el grado de inversión” y que hay algunos pasos en los que “Panamá tambaleó un poco” para evitar que eso ocurriera.

Primero, resaltó, el Gobierno intentó pasar un presupuesto austero y una reducción de gastos importante, pero en el proceso de aprobación en la Asamblea Nacional, el monto aumentó y, finalmente, el ajuste que se daría al gasto por la vía normal anual del presupuesto no va a ser muy grande para 2025. “Ya tenemos un presupuesto y sí hay un poco de ahorro, pero no tanto como se quisiera”, alegó Tamayo.

Segundo, agregó, está la discusión de la reforma a la Ley 51 de 2005, Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) que actualmente está en discusión y que se requiere para salvar a la entidad de seguridad social del país, para así evitar un choque en los próximos años. “La reforma pensional es esencial para [evitar] un choque de largo plazo. El año entrante el fondo del Seguro Social de la parte de beneficio [definido] se acaba y sin ese fondo el Gobierno tendrá que coger de sus impuestos para pagar las pensiones”, dijo el economista.

Hasta el 31 de diciembre de 2023, el programa de Invalidez, Vejez y Muerte en su componente exclusivamente de beneficio definido muestra un déficit de $673.573.263, unos $18.988.608 más con respecto al año anterior, según los estados financieros al 31 de diciembre de 2023 y 2022, que publicó la CSS en septiembre pasado.

Tamayo advirtió que hacia adelante el déficit del sistema pensional “aumentaría muy rápido”, por lo que, a su juicio, “sí se requiere una reforma en el mediano plazo”, porque la reforma como está planteada en este momento corrige en gran parte ese desequilibrio, pero en el corto plazo sigue teniendo un déficit importante.

Según el economista, para el año entrante, incluso, si pasa esta reforma, el Gobierno tendrá que poner más o menos $1.000 a $1.200 millones de su presupuesto para el pago de pensiones en el 2025, lo cual es una presión fiscal importante.

“Esto tiene que ser financiado al final del día y eso es lo que están calificando las calificadoras: la capacidad del Gobierno para pagar su deuda. Si el Gobierno tiene $1.200 millones en gastos [adicionales], le quedará más difícil pagar su deuda y por eso está en cuestión de [perder] el grado de inversión”, sentenció el economista.

Otro punto que destacó es que en 2025 el país tiene que hacer una reforma tributaria. Y es que a su parecer “la reforma tradicional reduce el choque fiscal a mediano plazo, pero en el corto plazo hay una necesidad de gastos y se necesitan más ingresos. La reforma tiene que ser algo que se discuta”, acotó.

En cuanto a la mina de cobre de Donoso, cree que reabrirla ya no solucionaría el problema fiscal, pero evitaría un choque de arbitraje entre la mina y el Estado más adelante.

“Ahí posiblemente el país sí podría enfrentar un choque porque tendría que pagar una de las demandas. Esto sí significaría un choque fiscal fuerte. Reabrir la mina o abrir para cerrar sería una forma de mitigar o postergar un choque fiscal. Esto es algo que queda en el tintero para 2025”, ponderó.

Enfatizó que limitar el choque de la mina y hablar de temas impositivos son dos cuestiones impopulares y le tocaría al Gobierno hacer mucha pedagogía con la población para que se tenga una aprobación en la Asamblea Nacional.

Recordó que la semana pasada Moody´s mantuvo el grado de inversión de Panamá en Baa3, pero calificó sus perspectivas en negativo y, a su juicio, eso básicamente es un llamado de atención al país de que le quedan más o menos 12 meses para hacer los ajustes antes de hacer esa revisión.

“Ya tenemos a Fitch por debajo del grado de inversión y si Moody’s baja [también] el grado de inversión [de Panamá] quedarían dos de las grandes calificadoras por debajo del grado de inversión y eso es lo que el mercado entiende como perder el grado de inversión. Entonces, creo que aquí hay un riesgo importante”, subrayó Tamayo.

La reciente evaluación de Moody’s se enfocó en aspectos negativos del país como un deterioro mayor de lo esperado del balance fiscal, lo cual apunta a la posibilidad de un crecimiento insostenible de la deuda, citó el MEF en un comunicado.

Moody’s advirtió que para 2025 y años subsiguientes será necesario ajustar las leyes especiales que incrementan el gasto y limitan el esfuerzo hacia la consolidación fiscal. También resaltó entre los riesgos que enfrenta el país, la posibilidad de que la CSS no pueda hacer frente al pago de pensiones futuras, si no se hacen reformas al sistema.

“Estas advertencias de la calificadora son una alerta adicional a la que expuso esta semana Standard & Poor’s (S&P), que revisó la calificación soberana de Panamá de BBB a BBB-, recalcando en su informe acciones que fortalezcan la recaudación fiscal. Los cambios de calificación fueron uno de los riesgos anticipados por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, desde antes de asumir el cargo”, añadió el ministerio.

Por su parte, Tamayo reiteró que “el Gobierno [de Panamá] tiene la voluntad de llevar sus acciones en el camino correcto, pero hacer tantas reformas en tan corto tiempo requiere mucho capital político y aprobación de la población, que me parece son limitantes”. A Tamayo lo acompañó en el CITI Economic Outlook 2025, Ernesto Revilla, economista en jefe para Latinoamérica de CITI.