Intendencia supervisa casos ‘particulares', tras escándalos

La nueva Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros, creada por la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, señaló que tras los ‘escándalos' en los que se ha involucrado al país, ‘se ha activado la supervisión de algunos casos particulares'.

JULIO AGUIRRE

‘Hay un sinnúmero de cosas que hacer. Si sujetos obligados lo comprenden seremos más efectivos',

Carlamara Sánchez, a cargo de la Intendencia de Regulación y Supervisión (bajo el paraguas del Ministerio de Economía y Finanzas), informó que desde la creación de esta entidad se han realizado más de treinta supervisiones a sujetos obligados no financieros.

Sánchez advirtió que aunque se procura, en primer momento, que ‘la gente se adapte' al sistema y a la nueva intendencia, están facultados, a través de un ‘proceso sancionatorio' para imponer penalizaciones a las empresas que incurran en actos irregulares o ilegales.

‘Esta intendencia incluye un gran número de sujetos obligados no financieros para que sean supervisados en materia de prevención de blanqueo de capitales, buscando protegerlos de que sean contaminados con dineros procedentes de negocios ilícitos', explicó.

El mensaje que están enviando desde el ente fiscalizador, dice Sánchez, es que ‘prevenir es proteger'.

Las multas pueden ir desde los $5 mil a $1 millón, además de sanciones administrativas, como cancelación de licencias, dependiendo de la gravedad del caso. Las supervisiones se pueden llevar a cabo por oficio de la intendencia o porque una autoridad competente haga la solicitud, añadió la funcionaria.

BAJO SUPERVISIÓN

Con la entrada en vigor de la Ley 23, se sumaron otras actividades comerciales y profesionales que no estaban incluidas en la lucha contra el blanqueo de capitales.

La nueva intendencia abar ca actividades relacionadas con las firmas de abogados, las inmobiliarias y bienes raíces, arrendadoras de carros, remesadoras, casinos e incluso se habla de los notarios.

El papel de este supervisor parece llegar justo para tapar vacíos que existían en la plataforma financiera y fiscal panameña, lo que supone un paso importante para el país, apuntan los expertos, reunidos en la XX Congreso Hemisférico para la prevención del blanqueo de capitales, pero también se mantiene la cautela por una repetición de los casos que han sacudido al país en los últimos meses.

Tras la salida de Panamá de la lista gris del GAFI en febrero de este año y luego de la adopción de la Ley 23 el año pasado, todo indicaba que el país sería ‘la estrella' de la región en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, los pasos que dio la nación centroamericana para ese cometido, y principalmente para salir de la lista sancionatoria de ese organismo internacional, en la que había sido ingresada en junio de 2014, se vieron empañados, meses después, por los escándalos ‘Papeles de Panamá' y el ‘caso Waked', sobre blanqueo de capitales y evasión fiscal.

EXPLICACIÓN

Los expertos locales tratan de hacer a un lado las críticas y las publicaciones de los medios extranjeros de comunicación y alegan que desde hace algún tiempo Panamá ha venido dando pasos significativos para cumplir con las normas y regulaciones internacionales.

Para Julio Aguirre, presidente de la consultora financiera CSMB (Panamá), las consecuencias de las denuncias ‘siempre estarán manifestadas como un riesgo, pero tienen que estar mitigada para que se note residualmente controlada'.

‘Allí es donde entra lo que se llama efectividad, todavía estamos en desarrollo para lograrla', indicó el experto, apuntando hacia la IV ronda de evaluación del GAFI que está prevista para el próximo año.

Al respecto, el director encargado de la Unidad de Análisis Financieros, Alejandro Melo, manifestó que ‘los riesgos no se eliminan, sino que se minimizan' y tomando en consideración que las actividades de los sujetos no financieros se han añadido a supervisión, ‘antes nadie las regulaba, hay un avance' fiscalizador significativo.

‘Con las nuevas regulaciones se busca conocer el beneficiario final, y cuál es el origen de la plata', resaltó.

La comisión internacional de expertos con la que Panamá quiso atajar los cuestionamientos sobre su sistema financiero, también se ha visto afectada por una supuesta falta de transparencia.

Esa fue la justificación que dieron los especialistas Mark Pieth y Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, para abandonar el grupo, hace a penas unas semanas.

Según Stiglitz y Pieth, el Gobierno panameño no tenía intención de dar a conocer sus recomendaciones.