Caso Cobre Panamá: ‘Nosotros lo hicimos mal y ahora tenemos que enfrentar las consecuencias’, afirmó Zorel Morales

Tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023 “que aprobó el contrato de Concesión Minera entre el Estado y Minera Panamá, S.A.”, Panamá avanza el proceso de cierre “abrupto” de lo que en algún momento fue la mina más grande de Centroamérica: Cobre Panamá. Por su parte, la empresa, que asegura realizó una inversión de $10.000 millones, ya presentó un arbitraje internacional por un monto de $20 mil millones, luego de perder más de la mitad de su valor de mercado, después de que el 27 de noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato ley. Zorel Morales, director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), en una entrevista con La Estrella de Panamá, argumentó que la decisión de cerrar la mina provocará en el país una crisis no solo económica, sino también legal, ambiental y laboral. Habló sobre las decisiones que debe tomar el actual gobierno, los retos a futuro y las advertencias de la imagen que dejamos en el mercado internacional. También hizo énfasis en que el tema de la mina no sólo se debe centrar en lo que puede hacer o no la empresa, sino lo que puede significar la minería para el país, tomando en cuenta que tiene entre tres a cuatro yacimientos detectados.

¿Un contrato ley era la única opción que tenía el país para hacer negocios con la mina?

En 1977, cuando se le dio la concesión a Cobre Panamá, desafortunadamente a alguien se le ocurrió que era mejor hacer un contrato ley en vez de un contrato administrativo, tal como lo dice el Código Minero. Con un contrato administrativo no habría inconstitucionalidad porque el Mici da la firma, pasa por Consejo de Gabinete y de allí a un refrendo, porque todo lo que está escrito en el contrato ya está en el Código Minero. En estos momentos, la mina hubiera estado operando sin problemas, si no hubieran firmado un contrato ley. De esta forma se evita que el contrato tenga que pasar por el circo de la Asamblea. Creemos que los contratos ley no deben existir porque están hechos para ir un poco más allá de lo que establece la normativa.

¿Por qué, entonces, la mina cedió a un contrato ley?

Aparentemente, a ellos les aconsejaron sus asesores legales, como adentro y afuera, de que tenían que ir con un contrato ley, y así fue. Ya eso hace parte de la historia.

Con los pocos meses que le queda al actual gobierno, ¿qué acciones pueden tomar sobre el tema de la mina?

Lo que tiene que hacer el actual gobierno en el tiempo que le queda es por lo menos hacer una licitación pública internacional transparente, en lo posible guiada por una multilateral, porque aquí nadie tiene la experiencia de redactar los términos de referencia para una auditoría integral, que es el desarrollo sostenible de una mina como esta.

¿Cómo vislumbra el futuro para el próximo gobierno?

El próximo gobierno la va a tener bien dura y ojalá que ya estén pensando en el enorme problema que tenemos. El tema no es lo que haga esta empresa, sino lo que puede significar la minería para el país. Hablamos de que tenemos tres o cuatro yacimientos tan o más grandes de los que tenemos allí. El actual yacimiento no ocupa ni el 1% del país, o sea, que los otros yacimientos no van a sumar el 5% del territorio del país, entonces, cuál es la afectación o cuál es el apocalipsis ambiental montado. Lo que tenemos que fiscalizar es que el gobierno lo haga bien y no solo venir a decir que no se puede hacer la actividad minera. El próximo gobierno también tendrá que ver cómo van a convencer a los inversionistas, en un país que no se levanta si no hay inversión extranjera. ¿Vamos a recurrir a préstamos?, ¿Cómo lo van a pagar? Con el cierre de la mina no habrá ninguna entrada económica, sino un enorme gasto.

Según Camipa, ¿en qué deben enfocarse los panameños sobre el asunto minero?

Los panameños tenemos que darnos cuenta de que el futuro de nosotros y de la nación no se puede construir en base a sentimientos u opiniones no fundamentadas. Se me ha acercado mucha gente que dice que la mina está contaminando, pero yo les pregunto: ¿Han ido a la mina? porque yo sí y a cada rato voy. Y les vuelvo a preguntar si están seguros de lo que están diciendo, pero me responden que no porque todos han escuchado las opiniones de otros. No se pueden sacar conclusiones sobre las opiniones de otros.

¿Cómo cree que la comunidad internacional ve ahora a Panamá?

La comunidad minera internacional está totalmente alerta de lo que acaba de pasar aquí. De hecho, hay muchos países cuyas empresas eran proveedoras de la mina e invirtieron aquí, y ahora han quedado molestas porque sus empresas han tenido serios problemas económicos y tienen que defender lo suyo, cosa que ya están haciendo. El problema es que nosotros lo hicimos mal (con la mina) y ahora tenemos que enfrentar las consecuencias.

Ustedes siguen defendiendo que la mina nunca operó de manera ilegal, ¿con qué sustento legal dicen esto?

La mina nunca estuvo ilegal porque hay una cosa que se llama derechos adquiridos, por más que una CSJ derogue un contrato. En este caso, el que aprobó el contrato fue el país, independiente del partido político que estuvo en el poder o lo que diga la CSJ, porque en el mundo nos ven como un Estado. ¿Qué pasó? Panamá le entregó un contrato a la mina, ellos construyeron y comenzaron a operar, luego dijeron que el contrato no servía. El Código Civil y el Código Administrativo hablan de los derechos contractuales, es decir, derechos adquiridos. Sobre este tema, el derecho internacional respeta los derechos contractuales, que son temas que existen en todos los códigos administrativos y civiles de los países

Entonces, ¿qué tanto serviría la inconstitucionalidad del contrato de la mina en los tribunales internacionales?

Decir simplemente que la empresa se tiene que ir porque estuvo ilegal no es suficiente, con esa excusa no iríamos a ningún lado. Estamos equivocados en querer basarnos en la decisión de la CSJ. De hecho, ya hay abogados que han salido a decir que aunque la CSJ haya declarado la inconstitucional el contrato, eso no nos salva de nada, porque fue el país quién lo hizo. Ahora no es que se van a poner a preguntar quién de los magistrados de la CSJ o cuál de los tres órganos del Estado fue el que salió a firmar el contrato y después lo derogó, ya que al final quien lo hizo fue Panamá.

First Quantum, tenedora de las acciones de Minera Panamá, anunció que pedirá a Panamá $20 mil millones, ¿esta cifra podría sufrir cambios?

Los $20 mil millones se dan fuera de intereses y lucro cesante de lo que realmente puede llegar a pedir la empresa. Hay que entender que en los tribunales arbitrales utilizan unas fórmulas para calcular los intereses de la inversión, lucro cesante o las proyecciones de ganancias que la empresa tenía con el negocio. Todavía faltan más demandas que van a caer porque ya también demandó el Fondo de Inversión Franco Nevada, que todavía no ha dicho el monto. Igual está la empresa Coreana que, supuestamente es estatal, que se adelantó a decir que invirtieron $750 millones y a eso se le debe agregar los intereses y las proyecciones de ganancias.

La mina acaba de lanzar un programa de visitantes, ¿cómo lo ven desde el gremio que representa?

Lo celebramos porque es una manera de añadir transparencia a todo esto. Hablamos mucho de que hay que actuar con la verdad y hablar con hechos, pero yo creo que la mejor manera de que las personas se enteren de los hechos es que asistan a la mina, ante la cantidad de mitos, mentiras, falsedades, tergiversaciones y supuestos que han circulado. Entonces, es muy importante en materia de transparencia y participación. La idea es que la gente vaya y simplemente se entere por sí sola y que se hagan ellos mismos una idea real de lo que está sucediendo.

Pero, ya el Ministerio de Comercio e Industria hizo un llamado de atención a Cobre Panamá por la creación de este plan. Además, les pidió seguir las instrucciones del Gobierno, ¿quién debe dar el primer paso?

Ellos tienen que resolver quienes dan los primeros pasos. Al final no se trata de quién lo hace primero, sino lo que más le conviene al país y creo que eso fue lo que al final imperó en esa reunión, porque después de eso, el programa de visita sigue dándose. La empresa elaboró un Plan de Preservación y Gestión Segura porque es quien conoce la mina, las instalaciones, el yacimiento, el puerto y todo el área de operación. ¿A quién le toca esto en este momento?. Además, la empresa hizo ese plan porque el Gobierno le solicitó que presentarán un plan de gestión segura, por lo tanto, lo presentaron y ahora el gobierno lo está analizando o haciendo una serie de auditorías.

¿Con quién el Gobierno analizará el plan?

De acuerdo con lo que el Gobierno ha dicho, ellos han estado contratando a un consultor externo para que analizará el Plan de Gestión Segura que presentó la empresa, para así tener una opinión técnica. Indudablemente, esto le ha tomado bastante tiempo. Después de la reunión que se dio entre el Gobierno y la empresa, escuché que el Gobierno ya estaría pronto a emitir o hacer público sus comentarios. Ahora el Gobierno lo está analizando y ellos van a seguir ejecutando eso. A lo mejor van a ver alguna recomendación del Gobierno, a través de lo que la comisión interinstitucional les indique, pero el plan tiene que seguir dándose, de lo contrario estaríamos en un problema mayor (en temas ambientales).

¿Por qué son importantes las auditorías en este caso?

Con el Plan de Acción para el Cierre Ordenado y Definitivo de Cobre Panamá, el Gobierno asumió una cantidad de pasos para llevar adelante el cierre, entre esos, la auditoría de gestión de la mina, sobre todo en el tema de desarrollo sostenible. Con esta auditoría, el Gobierno quería establecer una línea base de lo que hay en estos momentos y para dónde nos podemos mover de acuerdo con eso. Es un paso lógico e importante. Pienso que en eso también se debe estar trabajando en estos momentos.