BID: ‘Panamá tiene que ver las APP como un tema de país y no de gobierno’

Con la Ley 93 de 19 de septiembre de 2019, que creó el Régimen de Asociación Público-Privada (APP), “Panamá ha logrado avances importantes, a pesar de ser un país naciente en la aplicación de esta norma”.

Así lo reconoció Denis Leduc, especialista en Alianzas Público-Privada (APP) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante su participación al Foro “Experiencias y Desafíos de las APP”, que organizó la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) en conjunto con expertos de WTW, una de las corredoras de seguros más grandes a nivel regional.

Para Leduc, Panamá “tiene un marco regulatorio institucional bastante desarrollado con el poco tiempo que lleva”, un aspecto que le ha permitido tener un apoyo político generalizado en el país para la continuidad de los programas APP, a través de los gobiernos.

“Panamá cuenta con un marco regulatorio bueno, que hace que todos los inversionistas locales y extranjeros tengan una buena expectativa”, destacó el experto.

Un aspecto que recordó es que si bien la Ley 93 permite desarrollar proyectos APP en sectores bastante amplios, como: transporte, energía, telecomunicaciones, agrícola, tratamiento de basura, y otros, solo le permite a entidades públicas -como: el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Autoridad del Canal de Panamá, la Caja de Seguro Social y el Banco Nacional de Panamá-, hacer concesiones.

Recomendó que “la idea es que el país vea las APP como un tema de país y no como de gobierno”. También ve valioso que Panamá piense evaluar la posibilidad de hacer APP en obras de carácter social, como escuelas, hospitales, etc.

A nivel de financiamiento, el especialista del BID dijo que comparado con otros países de la región, Panamá tiene como ventaja la calidad en sus mercados de capitales y bancarios, que lo hacen atractivo para los inversionistas internacionales y extranjeros.

Entre los puntos a mejorar en la Ley de APP, mencionó que todavía faltan algunos elementos esenciales para que el país tenga un marco robusto en términos de preparación de proyectos, como por ejemplo, crear una facilidad de preparación de proyectos APP, que permite cierta independencia para avanzar más rápido con el programa y todo lo que se relaciona con la evaluación. Pero al ser Panamá nuevo en APP, comentó que “es normal y eso vendrá más tarde cuando los proyectos entren en discusión”.

Tanto Leduc, como los otros expertos del foro también coincidieron en que la entrada del modelo APP en Panamá representa “un mundo” de oportunidades para todos los involucrados en proyectos de construcción, obra civil e infraestructura.

Mencionaron que este modelo de contratación exige contar con medidas que garanticen mayor calidad a cada uno de los agentes involucrados; es decir, cumplir con los procesos en tiempo y forma y, de manera oportuna, desde el análisis adecuado de los riesgos asociados como de las capacidades instaladas con los constructores y estructurando modelos económicos que atraen inversión extranjera.

Ambos consideran importante que se sepa aprovechar este modelo y que se involucre a todas las partes en el momento adecuado y de la manera correcta para mitigar los riesgos, pero aprovechando las oportunidades que trae consigo, tal y como comentaron sobre lo que ha sido la experiencia de algunos países, entre ellos Colombia y, en general, la curva de desarrollo en Latinoamérica.

Al respecto, Leduc hizo referencia a que la última publicación del Infrascopio del BID ubicó a Panamá en la sexta posición como un país con grandes expectativas hacia una institucionalidad sólida de la mano de las APP; el primer lugar lo ocupó Brasil, seguido de Chile, Uruguay y Colombia.

Según el experto del BID, este tipo de estudio son una herramienta útil para entender bajo varias aristas, cuál es el grado de avance de los países y sus brechas en infraestructura, para así brindarles el apoyo para que mejoren su marco regulatorio institucional.

“También miramos todo lo que es preparación de proyectos sostenibles. Además, buscamos entender cuál es el nivel de financiamiento de APP en los países, así como los aspectos de monitoreo de contrato y gestión de riesgo y, finalmente, tratamos de entender mejor todo lo que se refiere a la evaluación de desempeño e impacto”, comentó.

Complementario al Infrascopio, Leduc señaló que el BID también ha publicado el estudio “La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe: estimación de las necesidades de inversión hasta 2030 para progresar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, un documento con el que buscan responder cuántas inversiones adicionales deben hacer los países para alcanzar esos objetivos.

En ese sentido, explicó que el informe ha demostrado que en promedio la región invierte más o menos 1,8% del producto interno bruto (PIB) en infraestructura, cuando debería llegar a 3,12%.

Para el caso de Panamá, Leduc informó que el monto calculado de la brecha de infraestructura es de $19 mil millones, en sectores, como transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento.

“En ese sentido, la brecha es importante. Sabemos que del orden del 65% de ese monto debería ser invertido en infraestructura nueva y 35% en mantenimiento y rehabilitación de infraestructura existente”, constató.

También estimó que Panamá va a requerir más o menos $5,7 mil millones de inversión en financiamiento privado para los próximos años.

El especialista del BID cree que con la utilización de APP, tanto Panamá, como los países de la región, pueden disminuir las brechas que tienen en infraestructura, ya que considera que las APP llegaron “para durar y son una gran herramienta a la hora de hablar de recuperación económica, porque al ser bien preparadas, estructuradas y ejecutadas serán bastante útil para que los países puedan seguir creciendo y desarrollándose”.

Recomendó que en los próximos años, Panamá va a tener que ampliar su abanico de opciones en APP, para que más allá de ser infraestructura económica, también puedan orientarse en infraestructura social, educación, hospitales, residuos sólidos, etc. Además, agregó, también debe comenzar a interesarse en los productos de manera temprana porque en Panamá los procesos de precalificación empiezan justo después de aprobarse el informe técnico inicial y ahí se juega mucho para presentarse negociaciones o asociaciones entre las diferentes empresas, ya que esta es la forma para entrar a las licitaciones.

Durante el foro, Capac propuso las APP como una herramienta de gran utilidad para el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura vial y edificación, y también para el emprendimiento de nuevas obras de mantenimiento y reparación.

Como gremio, reconoció que frente a las limitaciones financieras que afectan las posibilidades del desarrollo nacional, las APP surgen con una opción de gran importancia en apoyo a los mecanismos de financiamiento tradicional, particularmente de infraestructura, los cuales son la base fundamental para el crecimiento de la economía, concluyó el presidente del gremio, Alejandro Ferrer Solís durante su discurso de cierre.

“La intención de nosotros es darlo a conocer para que, a partir de ahora, los futuros gobiernos se interesen en llevar adelante estos tipos de proyectos. También queremos que todos los actores conozcan y busquemos la forma de trabajar de manera conjunta, porque esto no es un esfuerzo de una sola entidad o empresa, esto requiere que entidades financieras, gobierno, entidades, contratistas, compañías de seguro, etcétera, para poder trabajar de manera conjunta”, manifestó Alejandro Ferrer, presidente de Capac.

Añadió que “dentro de esta coyuntura electoral, es importante que el gobierno entrante vea en las APP un modelo de negocio y que otras instituciones, a parte del Ministerio de Obras Públicas (Mop), estén dispuestas a llevar esta iniciativa, que creo que va a ser de mucho provecho”.

Entre los proyectos de inversión que se desarrollan en Panamá bajó la modalidad de APP está la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana Este, el primero bajo esta figura, cuyo contrato para dar inicio a la obra se firmó el pasado 7 de febrero de 2024.

También están en la fase de factibilidad de aprobación la carretera Panamericana Oeste, la cuarta línea de transmisión eléctrica y hay más de cinco iniciativas que están en etapa de estructuración y prefactibilidad que deben continuar evaluándose y ejecutándose.

Pero solo estos tres proyectos: rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana Este, la carretera Panamericana Oeste y la cuarta línea de transmisión eléctrica, van a generar una inversión privada de $1.500 millones, en el país en los próximos cinco años, y contribuirán a impulsar otros proyectos, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, en julio del año pasado, en el foro sobre APP de América Latina y el Caribe, que organizó el BID, en colaboración con el Gobierno de Panamá.

El BID estima que hasta 2030, América Latina y el Caribe necesita invertir cerca de $2,2 mil millones en los sectores de agua y saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones para expandir y mantener la infraestructura necesaria para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, el complejo contexto macroeconómico y fiscal de la región afecta el crecimiento de la inversión pública tradicional.

En este escenario, las APP son una herramienta clave para sumar esfuerzos y movilizar recursos para cerrar la actual brecha en infraestructura, generando valor para la ciudadanía, los gobiernos y el sector privado. La agenda de PPP Américas 2023 incluye seis temas centrales: inversión climática, transformación digital, cadenas logísticas, creación de empleo, impulso a la inclusión y medición del impacto.