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El 17 % de la energía eléctrica que se ha producido en América Latina y el Caribe (ALC), durante las últimas tres décadas, se ha perdido, así lo reveló el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado ‘Economía de las pérdidas de electricidad en ALC’.
El escrito (mayo 2024) mostró que el costo anual derivado de las pérdidas eléctricas, para las empresas distribuidoras fluctúa entre $9.6 millones y $16.6 millones anuales, lo que equivale al 0,19 % y el 0,33 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, respectivamente.
Se trata de una cifra de pérdidas tres veces superior a la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y están por encima de toda medida de eficiencia para un sistema sostenible.
En 2019, las pérdidas mayores a un límite de 10% equivalieron a 120 teravatios, lo que sobrepasa el déficit de los países de ingresos medios y altos, a nivel mundial.
Es un problema generalizado, ya que se encuentra en 22 de los 26 países que abarca el estudio.
El desempeño financiero de los sistemas eléctricos está directamente relacionado con su capacidad para producir ingresos que cubran los costos de proporcionar energía.
Desde el BID consideran que, si este problema persiste, no se podrá solventar la brecha de infraestructura que tiene ALC.
El documento apunta a que es necesario invertir $48.000 millones por año, para lograr el acceso universal a energía en la zona y avanzar en el proceso de descarbonización de su matriz energética, durante la siguiente década.
Otro punto evidenciado es la contaminación que produce la pérdida energética en la región. “Se estima que las pérdidas eléctricas ocasionan entre 5-6 millones toneladas de CO2 por año, volumen de emisiones que se traduce en un costo social de $320 millones anuales”, indicó la investigación.
Las pérdidas también tienen impacto directo en la calidad del servicio eléctrico ya que se afecta sostenibilidad financiera de las compañías y, por ende, su capacidad de inversión, mermando la calidad de las infraestructuras.
“Esta disminución en la calidad del servicio puede originarse de un mayor número de interrupciones, las cuales resultan en programas de racionamiento que las empresas eléctricas implementación el fin de preservar la integridad del sistema eléctrico frente a excesos de demanda o como estrategia de mitigación de reducción de pérdidas financieras”, puntualizó la investigación.
Gustavo Salloum, director de Operaciones de Kaizen Company en Latinoamérica, alegó que este “fenómeno de las pérdidas es sumamente grave para las economías de la región porque afecta directamente la producción de un recurso (electricidad) que mueve la actividad nacional, sin energía todas las demás labores se paralizan”.