Asep: ‘Ley de regulación del mercado telefónico necesita ser modificada’

No está siendo fácil suplir la salida de Digicel del mercado nacional. Aunque la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), inició un proceso de licitación a principios de año para el otorgamiento de una nueva concesión que permita operar y explotar el servicio de comunicación personal, esta fue cerrada el 20 de marzo porque la empresa que estaba interesada, General International Telecom Panamá, no quiso seguir con su aplicación.

“Invertir en un mercado, con solo 330.000 clientes (cantidad de usuarios que tenía Digicel), es difícil”, justificó Armando Fuentes, administrador general de la Asep, quien dijo en conferencia de prensa que el problema es que la inversión que se tiene que hacer es muy grande y que el potencial mercado no la justifica.

Es por eso que el funcionario considera que se debe hacer una modificación de la legislación vigente, la cual establece que debe haber tres concesionarios dentro del mercado local. “La ley 36 de 2018 establece que debe haber tres operadores en el país, pero nosotros consideramos que se deben hacer algunas modificaciones a la legislación”, valoró.

“Lo que queremos es incentivar que nuevas compañías apuesten por nuestro país. Es por eso que estamos con un proceso para presentar un proyecto de ley que busca actualizar algunos conceptos de esa ley y de la Ley 31 de 1996, la cual tiene más de 20 años y ya no se adecúa a las circunstancias del mercado actual”, aclaró.

Sobre las modificaciones, Fuentes explicó que se busca introducir la figura de los operadores virtuales, los cuales no requieren de una inversión significativa, porque se apoyan en las estructuras existentes.

“Estamos trabajando con asesores de la Organización Internacional del Trabajo sobre la posibilidad de hacer una convergencia normativa que permitirá abarcar no solo la telecomunicación, sino la radio y la televisión. Lo ideal sería tener una sola ley, que permita relacionar estos servicios cada día más”, agregó.

El proyecto de ley tiene previsto ser presentado durante el segundo semestre de 2024 y, en la actualidad, está pasando por una fase de análisis.

La necesidad de incrementar la competitividad en el mercado saltó a discusión luego de la fusión entre +Móvil y Claro, la cual recibió críticas por parte de Digicel, quien alegó que se podría estar generando una posición “dominante” en el mercado, debido al proceso de fusión que iba a terminar por mermar el crecimiento de Digicel.

En septiembre de 2021, Cable & Wireless Panamá, filial en el país de Liberty Latin America Ltd., acordó comprar por $200 millones las operaciones de Claro Panamá, filial de América Móvil, de Carlos Slim. Una operación que se concretó en julio de 2022.

Antes de confirmarse la fusión, Digicel argumentó que una unión de ese tipo iba a acaparar el 70% del mercado de telefonía móvil en el país, lo que podría terminar afectando a los usuarios, al momento de fijar precios, como lo establece la Ley 45 de 2007.

Sobre este asunto, el principal de la Asep dijo que ello “siempre ha garantizado la libre competencia a nivel nacional”.

Alex Arroyo, abogado e interventor del proceso, indicó que cuando la Asep tomó el control de la concesionaria se encontraron con una empresa que tenía un porcentaje importante de morosidad.

“No había centros de atención al cliente fuera de la ciudad de Panamá, eso quiere decir que si tú estabas ubicado en Azuero, tenías que moverte como mínimo hasta La Chorrera para ser atendido”.

“En un negocio de este tipo tú no te puedes enfocar en un solo punto, porque tus clientes provienen de todo el país”, agregó, indicando que si una empresa de esta categoría no estaba dispuesta a hacer inversiones a nivel nacional, no iba a poder mantenerse en el negocio.

“No todos los problemas de Digicel tienen relación con la competencia, la regulación o el país, y eso también hay que decirlo”, dijo el interventor, quien afirmó que cuando ellos llegaron a la compañía, esta había perdido una parte de su mercado, y que ya lo recuperó.

Denis O’ Brien, presidente de Digicel Group, dijo a medios locales, en 2022, que “no era sostenible para ellos seguir invirtiendo en el mercado local” luego de la fusión y que, hasta ese momento, la compañía había destinado más de $575 millones en un servicio y una red de calidad a consumidores y empresas, además de generar puestos de trabajo directos y cientos de empleos indirectos, a la par de pagar $86 millones por la licencia de operación.

El proceso de cierre de la empresa ha hecho que se tenga que liquidar a los 188 empleados que tenía, aunque 78 de esas personas siguen trabajando, de forma temporal y, según la Asep, se han dado todos los pasos necesarios para garantizar que se respeten sus derechos laborales.

En relación con los activos de la compañía, Fuentes relató que estos están pasando por un proceso de liquidación voluntario, dentro del tribunal competente.

Arroyo resaltó que cuando finalice el periodo de 30 días que tienen los usuarios para buscar otro operador, se procederá a reactivar el proceso de licitación.

“Tenemos que analizar el proceso de licitación con el nuevo gobierno, porque no creo que abrir una nueva licitación con las condiciones que tenemos en estos momentos, nos va a dar los resultados que queremos”, puntualizó el titular de la Asep.