ARAP buscará reglamentar la pesca deportiva y artesanal

Con el inicio de las primeras sesiones que hará la Comisión de Pesca Responsable en octubre, la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) buscará avanzar en todas las reglamentaciones pendientes junto con los ambientalistas, industriales y pescadores.

Entre las normas se encuentra la pesca deportiva, que es uno de los reglamentos más esperados por su potencial de desarrollo económico y turístico para el país, informó Eduardo Carrasquilla, administrador general de la ARAP.

“Pretendemos reglamentarla y promoverla de forma muy intensiva para que nuestro país aproveche los beneficios de contar con dos océanos”, mencionó.

El administrador general de la ARAP adelantó que también estarán debatiendo la regulación de la pesca artesanal para ayudar a los pescadores en el control del uso de los trasmallos, que es una de las prioridades para evitar las redes fantasmas.

Todos esos procesos que se hacen en la pesca artesanal y deportiva, según Carrasquilla, son responsabilidad de la ARAP, por lo tanto, estarán en la Comisión de Pesca Responsable para evaluar los múltiples reglamentos que están pendientes.

Carrasquilla explicó que las otras reglamentaciones pendientes están relacionadas con el Decreto Ejecutivo 13 del 1 de noviembre de 2023, que establece diferentes regulaciones para la pesca de arrastre y la comercialización del pargo, cabezón, lenguado, corvina y cojinúa.

“Dicho Decreto Ejecutivo 13 entró en vigencia en febrero de 2024, cuando estábamos en una etapa política, por lo tanto, a la pasada administración no le dio el tiempo para avanzar en las reglamentaciones pendientes con la Comisión de Pesca Responsable y quedaron en la tubería un poco más de cinco reglamentos en borradores, de los que pretendemos llevar hasta el final”, constató el administrador general de la ARAP.

Carrasquilla confesó que han notado una acumulación de reglamentaciones que dejó la administración pasada. Sin embargo, aclaró que todo se debió porque estaban más enfocados en desarrollar acciones para atender las auditorías que realizó la Unión Europea, entre 2020 y 2022, para evaluar si eliminaba o no la tarjeta amarilla que mantiene a Panamá como país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.