ACP inicia nuevo proceso para desarrollar Corozal

La junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) autorizó al administrador de la entidad, Jorge Luis Quijano, realizar las evaluaciones para establecer nuevos términos y condiciones que permitan el desarrollo y operación del fallido puerto de Corozal.

‘Al declarar formalmente concluido el proceso de licitación para la concesión del puerto de Corozal, que cerró sin propuesta, la junta directiva consideró importante continuar el análisis de las opciones futuras del proyecto', señala un comunicado de la ACP, difundido anoche.

Quijano dijo, según cita el comunicado, que la ACP continuará evaluando el proyecto, ya que forma parte de la estrategia de desarrollo comercial del Canal.

A juicio del administrador, el puerto de contenedores en Corozal oeste tiene un ‘potencial muy grande y (la ACP) puede contribuir a cumplir con su responsabilidad constitucional de operar la vía marítima de manera rentable para beneficio del país'.

De esta manera, las autoridades de la ACP retoman el proceso de construir el puerto, a pesar del rechazo de diversos sectores, incluyendo los residentes de las áreas revertidas, que se oponen a que el puerto se construya en Corozal y piden que se sopesen otras zonas, como por ejemplo, Farfán.

La licitación para la concesión de construcción y operación del puerto fue declarada desierta el pasado viernes 3 de marzo, cuando al vencerse el plazo para presentar las propuestas, no se presentó ningún oferente.

Ese día y previo a la fecha, los residentes de las áreas revertidas habían hecho diversas protestas en contra de la iniciativa que impulsa la ACP.

Las inquietudes de los diversos sectores también fueron expresadas en los tribunales panameños y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Colegio Nacional de Abogados interpuso una demanda en contra de la obra y solicitó una medida cautelar.

Ante los tribunales locales, se han presentado 19 recursos legales, incluyendo demandas de inconstitucionalidad, una de ellas por la firma de abogado Cochez & Martínez. Víctor Martínez, socio de la firma, ha explicado que la demanda se sustenta en que las funciones constitucionales de la ACP no está la de desarrollar proyectos portuarios y que es la Autoridad Marítima de Panamá la entidad responsable de impulsar estas iniciativas.

La firma de abogados, además, interpuso una denuncia ante el Ministerio Pública en contra de los directivos y el administrador Quijano por el supuesto delito de usurpación de funciones, que se castiga con dos a cuatro años de cárcel.