Arbitrajes de Minera Panamá contra el Estado podrían alcanzar los $20 mil millones

El incumplimiento del contrato con Minera Panamá, S.A, le podría costar al Estado una indemnización aproximada entre los $15 y $20 mil millones. La cifra correspondería a las tres demandas que, en promedio, la minera estaría dispuesta a presentar ante un tribunal de arbitraje internacional, así lo explicó a este medio una fuente especializada en el tema.

Las acciones se efectuarían a un mes de haber sido aprobada en la Asamblea Nacional la Ley 406, que fue inmediatamente sancionada por el Órgano Ejecutivo, y que ha sido objeto de varias demandas de inconstitucionalidad que deben ser resueltas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)..

Estas acciones son el resultado de una respuesta que ha hecho el Gobierno Nacional para frenar las protestas, que por más de 10 días se han mantenido, por gremios y grupos de la sociedad civil que exigen la derogación de un contrato minero, que según dicen, fue aprobado de manera “exprés” y sin tomar en consideración los riesgos a la biodiversidad y el medio ambiente.

Según la fuente, si se deroga el contrato por la AN o si se declara inconstitucional por la CSJ, van a haber un mínimo de tres arbitrajes internacionales: bajo las cláusulas del contrato de 1997 y bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) que tiene Panamá con Canadá y Corea del Sur.

De las varias obligaciones a las que está sujeta Panamá dentro de los TLC, la fuente explicó que por el momento, se hace más referencia a una violación sobre expropiación porque la mina puede argumentar en los arbitrajes internacionales, que la discusión de la AN sobre derogar el contrato, es una forma de expropiación ilegal de la inversión.

Además, prevé que en el caso que los arbitrajes internacionales inicien, Panamá tiene un 90% de posibilidades de perder con las acciones de la AN, pero si la CSJ se pronuncia el riesgo bajaría a 70% y brindaría cierta protección, pero no una total inmunidad.

“Algunos abogados han dicho que un fallo de la Corte esencialmente asegura que el Estado no va a perder y eso no es cierto. Hay que entender que el proceso todavía significa que es mucho más probable que pierda el Estado a que gane porque solo se estaría bajando la probabilidad de una pérdida, que sigue siendo alta”, dijo.

Las declaraciones de la fuente coinciden con las del ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, que durante la fase de discusión de la aprobación del contrato minero en la AN, el pasado mes de octubre, advirtió que los riesgos de las tres demandas serían múltiples porque las estimaciones, ya hablaban de $100 mil millones.

“Se puede considerar que Panamá no siguió las reglas del juego establecidas en los tratados internacionales, al aceptar una inversión extranjera en base a un contrato que estaba legítimamente e ilegalmente vigente en la fecha, para luego declararlo inconstitucional y cerrar la operación de la mina, sin tomar en cuenta la pérdida que eso llevaría”, mencionó Alfaro.

La fuente consultada por La Estrella de Panamá enfatizó que hablar de una indemnización por $100 mil millones es “una exageración”. Estimó que de manera razonable podrían alcanzar entre los $15 y $20 mil millones porque estarían basadas entre lo invertido, más las ganancias que dejaría de percibir la mina si cesan las operaciones. También aclaró que esta sería el primer daño económico, ya que “la cifra representaría un tercio del producto interno bruto (PIB) y por tanto impagable porque el país no tiene ese dinero”.

“Iniciar un arbitraje internacional hará que ambas partes se sumerjan en un proceso que durará entre tres a seis años. Mediante va evolucionando el proceso se tendrá una proyección más real sobre los costos de los daños que exigiría la mina y los pagos que haría el Gobierno”, comentó la fuente.

Por el momento, la mina, que es la más grande de Centroamérica, tiene una inversión de entre $7.000 y $10.000 millones.

Según cifras del Gobierno, la mina es responsable de alrededor del 3.5% del PIB nacional, pero First Quantum afirma que la cifra es de 4.8%. Las estadísticas quedaron constatadas en un estudio de impacto económico en el país en relación con la mina, que realizó la empresa especialista en investigación y análisis económico, Indesa.

El documentó detalla que solo en 2021, la minera aportó un 4.8% del PIB, en tanto que los empleados asociados (directos, indirectos e inducidos) ascienden a 40.793, lo que equivale al 2.3% de la ocupación total del país, y además representa un ajuste al alza del impacto que se había estimado previamente con datos provisionales: un aporte de 3.5% del PIB y un número de empleos asociados de 39,000. El impacto multiplicador en la producción de Cobre Panamá en el mismo periodo fue de $4,683 millones (el 4.8% del total), mientras que el efecto multiplicador en el ingreso (remuneraciones) fue de $447 millones (2.6% del total nacional).

La coyuntura sobre derogar o no un contrato minero en Panamá, no sería algo inédito para Latinoamérica. De acuerdo con la fuente, estos son casos relativos y muy comunes, como es el caso de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Tanzania y otros. Por ejemplo, dijo que First Quantum en el pasado inició arbitrajes contra Zambia por acciones del Estado relativas a las minas de la empresa. Aseguró que “este mismo año, Tanzania perdió un arbitraje porque el tribunal determinó que había expropiado una mina de un inversionista Indio y Tanzania tendrá que pagar más de $100 millones”.

La fuente reiteró que lo que sí sería inédito en Panamá son los posibles daños que perdería el país frente al arbitraje internacional, que quebraría económicamente al Estado. Entre las consecuencias se encuentra la posible caída del grado de inversión por parte de todas las Agencias Calificadoras de Riesgo, la falta de acceso a fondos en los mercados de bonos, fuga de inversionista y recurrir a préstamos en condiciones onerosas ante el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

Si se niega a pagar la indemnización, estará sujeto a que todos los fondos que tenga en cualquier banco del mundo sean traspasados a la mina. Esto como en cumplimiento de los tratados de Washington y Nueva York, que al estar ratificado en la mayoría de los países, le daría ventajas a la mina de interponer una demanda, que sería aprobada a su favor de manera inmediata, porque los gobiernos al ser miembros de estos tratados, están obligados a ejecutar estas acciones internacionales, como si fueran sentencia domésticas.

La fuente subrayó que el escenario no es nada favorable para un país como Panamá que se jacta de ser pronegocios porque sabe que dependen de las inversiones internacionales. “Su imagen se está viendo afectada porque es probable que los inversionistas quieran poner su dinero en países menos riesgosos, ya que fueron testigos de que Panamá es capaz de firmar un contrato y querer cancelarlo, a un mes de su vigencia. Estas acciones hacen que tengan miedo y desconfianza”, concluyó.

Guillermo Cochez, abogado y experto en temas de arbitraje, por su parte, comentó que Minera Panamá, S.A., más que preocuparse de lo que puede recuperar con los arbitraje internacionales, está viendo el desempeño que está teniendo con la caída en el mercado de valores. Este escenario, según Cochez, llevaría a que la mina piense en buscar una mejor oferta para una negociación con Panamá, en la que pueda atenuar esas pérdidas.

Cochez indicó que si bien tendrían derecho a reclamar en arbitraje internacional, que toma como mínimo de cuatro a cinco años, a la mina le interesa ahora mismo tratar de evitar más colapsos en el valor de sus acciones en el mercado de la Bolsa de Valores. “Para ello, necesitará que se tome una decisión, que si se da por la vía inconstitucional, el Gobierno deberá hacer una licitación internacional para que la mina pueda participar, como uno de los interesados, quizás siendo los únicos porque conocen la mina”, dijo.

“Más que pensar que nos van a demandar internacionalmente, a ellos les interesará abrir la mina para así interrumpir la caída tan grande que han tenido sus acciones en el mercado de la Bolsa de Valores”, comentó Cochez como experto en temas de arbitraje internacional.