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- 31/10/2023 00:00
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La Cámara Marítima de Panamá (CMP) hizo un llamado para que de una manera u otra el gobierno busque una salida para la paralización del cierre de vías, que se da en contra del contrato minero, ante las afectaciones que ocurren en la industria.
“Los puertos han colapsado y no hay conectividad. La carga internacional espera por Panamá y debemos comportarnos como un país de servicio”, comentó Yira Poyser, presidente de la CMP durante su participación en una reunión plenaria del Consejo Nacional de la Empresa Privada.
Poyser indicó que se debe buscar la salida más viable a esta crisis que vive el país y que está afectando a la imagen internacional. “Todo lo que sea conectividad y nos quite competitividad, sí nos impacta”, dijo.
Recalcó que siendo una actividad que aporta el tercio del producto interno bruto, esperaría que el gobierno los mire con ese respeto que “nos merecemos”.
La presidente de CMP reconoció que el descontento social que se ha mantenido en los últimos días es “la reacción de impotencia, ante las decisiones inconsultas que hacen en el gobierno, que no mide los impactos que nos afectan como sector”.
“Nuevamente hago un llamado de atención al gobierno para que de alguna manera u otra busquemos la salida pacífica de esto, para que la economía del sector marítimo, logístico y portuario, que se agrupa en la CMP, pueda conseguir una viabilidad que permita fluir la conectividad del país y los mercados sigan usando nuestras rutas”, comentó Poyser.
Julio Solís, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga, explicó a La Estrella de Panamá que los cierres de vías les afectan directamente en el movimiento de carga con las demoras en la realización del viaje. “Cada viaje se hace más costoso, en materia de gastos de combustible. A esto le sumamos los peligros de asaltos en áreas como el corredor norte, contra los conductores”, advirtió.
En los últimos ocho días, Panamá se ha sumergido en un rechazo contra el contrato-ley minero entre el Estado y Minera Panamá, pese a que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, declarara una moratoria a las nuevas concesiones mineras y llamará a un referéndum.
Gremios de educadores, obreros y grupos de la sociedad civil se han tomado las principales calles de la ciudad y de las provincias para exigir una derogación definitiva del contrato. Por el momento, la Corte Suprema de Justicia ha aceptado dos demandas de inconstitucionalidad.