Como un buen padre de familia

Pasito a pasito, el Gobierno de Panamá camina a pagar una deuda, la de la transparencia, impulsando la implantación del concepto de presupuesto abierto, pese a la gran desconfianza y poca credibilidad que campea en la sociedad producto de tantas denuncias de corrupción impunes, acuñadas en la popular frase “¿qué hay pa mí?”.

El buen padre de familia, como dicen muchas leyes en Panamá, vigila la ejecución y administración de los recursos que ingresan y salen del hogar; asimismo debe ser en las cuentas nacionales, el gobierno de turno, sin importar su color o signo, tiene que actuar de esa manera, y los ciudadanos tienen el poder de exigírselo.

Como decía un antiguo segmento de noticias de la televisión en los años 80 del siglo pasado, “la gota de agua horada la roca”, en el país se viene trabajando casi en silencio, al menos con poca difusión, en la formación de funcionarios y toda persona de la sociedad civil interesada en este concepto de presupuesto abierto y para qué sirve.

Es por eso que durante tres días, un experto en el asunto, el doctor en economía Arturo Porzecanski, recientemente departió vía digital con el grupo de interesados en este tema para entender porqué es importante que se ponga en marcha, no solo porque hay un compromiso firmado para cumplirlo antes de septiembre de este año.

Para ponernos en contexto, el Estado panameño, bajo el cuarto Plan de Acción Nacional para el Gobierno Abierto, se comprometió en septiembre de 2021 ante la comunidad internacional a cumplir 8 puntos para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en distintas áreas de gobierno antes de septiembre de 2023.

Una de esas obligaciones es el compromiso de presupuesto abierto, en donde el Ministerio de Economía y Finanzas se ha empeñado, entre otras cosas, en incorporar mejores prácticas al “opaco” proceso de preparar y evaluar la gestión presupuestaria, al permitir la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto, así como publicar un presupuesto ciudadano.

En las páginas 68 a 77 del plan se detalla el compromiso: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/08/Panama_Action-Plan_2021-2023_ES.pdf. recuerda en su página web Libertadciudadana.org , que es la contraparte civil de este proyecto.

Pero, ojo, son diez líneas temáticas que se comprometió a mejorar el gobierno del presidente Laurentino Cortizo; aquí solo veremos una de las obligaciones adquiridas gracias al análisis de Porzecanski, voluntario de la Financial Services Volunteer Corps (FSVC) desplegado los días 4, 6 y 13 de abril, con el auspicio del Gobierno de Estados Unidos.

Porzecanski arrancó tratando de concienciar que el presupuesto “es uno de los documentos de política pública más importantes”, y de allí que a todo habitante de este país le debe interesar cómo se elabora y tiene derecho a participar, porque se trata de todo el dinero que aportamos en impuestos, más los ingresos en aranceles de importación y exportación, los dividendos que generan las empresas del Estado (Canal de Panamá, Aeropuerto Internacional de Tocumen, etc.) y la deuda que se adquiere para financiar gastos.

El presupuesto abierto es un concepto que se refiere a la participación ciudadana en el proceso presupuestario y en la gestión de los recursos públicos. En un presupuesto abierto se promueve la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos, dice una definición académica, no se le olvide.

Este enfoque implica una mayor accesibilidad y transparencia de la información sobre el presupuesto y su ejecución, lo que permite a los ciudadanos conocer cómo se están utilizando sus recursos y participar en la toma de decisiones en relación a la proyección de los mismos.

Entre los objetivos del presupuesto abierto se encuentran la mejora de la calidad del gasto público, la reducción de la corrupción y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión pública.

A casi un año de finiquitar la administración Cortizo, ¿cómo evaluaría el comportamiento en este aspecto?, ya para julio próximo el viceministro de Economía tiene que presentar a la Asamblea Nacional el de 2024.

Para 2023 se propuso un presupuesto de $27.579,44 millones (6,4% más que en 2022), o destinar $6.128,76 a cada uno de los 4,5 millones de habitantes de este país si no se hiciera otro gasto o inversión.

Y el experto advirtió que no solo en el caso de Panamá, generalmente no se publica la estrategia de reducción de la pobreza, refiriéndose a los objetivos de mejoramiento de la salud de la población, el acceso al agua potable y el desarrollo ambiental.

Por qué es necesario enterarse de cómo se gestiona el gasto y la inversión, para muestra un botón, en 2022 hubo ingresos totales por $13.273,2 millones, pero hubo gastos totales por $16.278,7 millones, o sea una diferencia de $3.005,5 millones o 22,64% que sin duda se tiene que cubrir con deuda.

Esos tres mil y pico de millones, según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), equivalen al 3,93% del producto interno bruto (PIB) del país, estimado nominalmente en $76.507 millones.

Por eso llegamos en diciembre pasado a una deuda pública de $44.274,01 millones, lo que significa que cada uno de los 4,5 millones de habitantes de este país le debe a los acreedores $9.838,67.

¿Cómo no interesarse en conocer cómo se programan los ingresos y gastos del país?

El presidente Cortizo tiene un salario mensual de $4.000 y su vicepresidente Gabriel Carrizo de $2.500, pero una secretaria tenía un salario de $3.000 en el Ministerio de la Presidencia a febrero pasado. Estos datos se publican en aras de avanzar en la transparencia del gasto público.

No obstante, Porzecanski señaló que hay rezago en la publicación oportuna de la ejecución presupuestaria, en el balance fiscal mensual del gobierno, en la recaudación de ingresos, en la cuenta general del tesoro, o en el informe del contralor general.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) debe procurar eso en la gestión pública y atender a los ciudadanos que piden información. ¿Sabe que quieren reformar la ley que la creó? Ojalá que sea para fortalecerla, no como hicieron años atrás con la Defensoría del Pueblo, que casi la dejaron como convidado de piedra.

El expositor recalcó que el proceso presupuestario “sigue siendo en gran medida opaco, con poca participación de la sociedad civil”, generando “desconfianza entre los ciudadanos”.

Además, mencionó que el presupuesto “todavía no incorpora la metodología de reporte recomendada por la OCDE, el FMI y el Banco Mundial contenida en la encuesta de presupuesto abierto (Open Budget Survey)”.

Ojo, el MEF tiene el compromiso de iniciar un plan piloto para “generar consultas ciudadanas antes de la elaboración del presupuesto 2023”.

Ya el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le ha proporcionado al gobierno “un manual con los marcos regulatorios y legales aplicables en Panamá para las consultas públicas”, y Porzecanski aseguró que con ese mecanismo “se logra eficacia en construir confianza y entender las posiciones y percepciones” de los ciudadanos.

Como un contrasentido, en Panamá la ley de descentralización municipal promueve la participación ciudadana, pero no existe una norma que lo permita a nivel del Gobierno Nacional, por lo que nadie se entera cómo se crea el presupuesto, acotó.

Ahora bien, que un gobierno “maquille” las cifras contablemente para hacer creer que un déficit es más bajo, menudo trabajo de transparencia demuestra, pero es posible, de hecho ha sucedido en varios países y no estamos vacunados contra eso.

Los que peinamos canas recordaremos cómo se manejaban las finanzas públicas durante la dictadura militar (1969-1989), cuando los periodistas nos las ingeniábamos para obtener cifras reales. Eran años en que ni el PIB se conocía aquí, pero de alguna manera una “garganta profunda” (recuerden el caso Watergate) colaboraba para hacer un ejercicio de transparencia, a riesgo de ser desaparecido si era nacional o expulsado del país si era corresponsal extranjero.

Algunas fuentes precisas sobre el presupuesto abierto son:

“El presupuesto abierto: La guía para el diseño de la transparencia fiscal” del Open Budget Partnership.

“Presupuesto abierto” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Presupuestos abiertos: Una herramienta para la transparencia y la participación ciudadana” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“El presupuesto abierto y la gobernanza fiscal” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

“Guía de presupuesto abierto” del Instituto Nacional de Administración Pública (Inap) de España.

¿Que va a acabar con la corrupción? No, eso es cierto, pero es una herramienta de control que la sociedad debe conocer y usar.

En el contexto internacional veamos que, según el Open Budget Survey 2019, un informe publicado por el Open Budget Partnership, un total de 117 países –entre los que no está Panamá– de todo el mundo fueron evaluados en cuanto a su nivel de transparencia presupuestaria y su compromiso con la participación ciudadana en la gestión de los recursos públicos.

De estos 117 países, solo 47 cumplieron con los estándares mínimos de transparencia y participación ciudadana en el presupuesto, lo que indica que aún queda mucho por hacer en este ámbito.

Puede consultar el informe completo en la página web del Open Budget Partnership: https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/

De ese ranking de países de todos los continentes, los vecinos latinoamericanos que cumplieron son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, México y Uruguay.

De los europeos, un mercado importante para Panamá, destacan Alemania, España, Francia e Italia.

Además del Open Budget Partnership, otras instituciones o entidades que miden la transparencia presupuestaria en el mundo son:

Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (FDLC) - Índice de Presupuesto Abierto de América Latina y el Caribe (IPALC).

Fondo Monetario Internacional (FMI) - Evaluación de la Transparencia Fiscal.

Banco Mundial - Índice de Transparencia Presupuestaria.

International Budget Partnership (IBP) - Encuesta de presupuesto abierto.

Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT) - Portal de Datos de Gestión Financiera Pública (PFM).

Departamento de Estado de EE.UU. - Informe Anual de Derechos Humanos.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) - Revisión de la Gobernanza Pública.

No existe una metodología única que se considere la mejor para medir la transparencia presupuestaria.

Sin embargo, se considera que el Open Budget Survey de la International Budget Partnership (IBP) es una de las metodologías más completas y reconocidas en el ámbito de la medición de la transparencia presupuestaria.

Es el único instrumento que proporciona una evaluación integral de la transparencia presupuestaria a nivel nacional, y se ha utilizado para evaluar la transparencia presupuestaria en más de 100 países en todo el mundo.

Además, la metodología de Open Budget Survey ha sido sometida a un riguroso proceso de revisión por pares, y se ha utilizado para producir datos comparables y rigurosos sobre la transparencia presupuestaria a nivel internacional durante más de una década.

Si quiere consultarlo le proporciono el link:

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS-2019-Report-English.pdf

También se dan críticas a estas metodologías de medición de parte de personas, organizaciones y hasta gobiernos. Las más frecuentes se centran en los siguientes aspectos:

Enfoque limitado, falta de contextualización, limitaciones en la medición y sesgos en la evaluación. Todo es según el color del cristal con que se mira.

El autor es periodista independiente y profesor universitario