Los avances y los pendientes de Panamá con el GAFI

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) decidió este 21 de octubre dejar a Panamá en su lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas o "lista gris" y le reiteró su "gran preocupación" porque no completó el plan de acción, que expiró por completo en enero de 2021.

Así, le  pidió "encarecidamente" completarlo y le dio plazo para febrero de 2023, de lo contrario lo incluiría en una "lista negra", a pesar de que el país ya ha cumplido en gran parte sus recomendaciones.

El GAFI, además de Panamá, también mantiene en su "lista gris" a Albania, Barbados, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, República Democrática del Congo, Gibraltar, Haití, Jamaica, Jordania, Malí, Marruecos, Mozambique,  Filipinas, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Türkiye, Uganda, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. 

Curiosamente, sacó de sus listas a Nicaragua y Pakistán, naciones que igual que a Panamá fueron destacadas por "la mejora de los elementos de su régimen ALD/CFT (anti lavado de dinero y financiamiento del terrorismo)" y las instó a "continuar trabajando" para mejorar su sistema.

"El problema principal de Panamá con el GAFI es que el plazo para implementar el plan de acción ya lleva tiempo vencido", dijo el presidente del Capítulo de Panamá de la World Compliance  Association (WCA),  Tabaré Albarricini.

Y es que cuando el GAFI coloca a una jurisdicción en una lista bajo un mayor control, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados.

Para Albarricini, lo que pasa es que "no es fácil" lograr los objetivos, cuando ya se tiene un compromiso adquirido desde hace tiempo y a la fecha "no" se ha podido cumplir. 

"Ese es el mayor problema y mientras no se vea como una prioridad del gobierno, del país y de todos, va a ser más difícil sacar al país de la lista y cumplir las metas", sentenció Albarricini.

Mientras que al economista y exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú-Porras, le da la "impresión" de que la ejecución de las medidas tomadas está "fallando", ya que las leyes están aprobadas pero "no hay causas ejecutorias en los temas de lavado de dinero y defraudación de impuestos tanto nacional como internacional".

En otras palabras, aseveró Aramburú-Porras, "el sistema judicial de Panamá es deficiente y permite la impunidad. Hasta que no demostremos con hechos que castigamos esos delitos internacionales, nos mantendrán en la lista".

El vicepresidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa), Candelario Santana, dijo, por su parte, que "sí" se han hecho esfuerzos para salir de la lista, pero "si no cumplimos, nos van a incluir en la lista negra y le van a hacer recomendaciones a los países miembros que deben aplicarle debida diligencia reforzada a las transacciones que se efectúen en Panamá".

En ese sentido, resaltó la importancia de cumplir con lo que indica el GAFI, que en este caso "es efectividad en investigaciones de blanqueo de capitales y el tema del conocimiento de beneficiarios finales".

En este momento se está trabajando en el registro único de beneficiarios finales, con una cantidad  de sociedades ya inscritas  en el registro, pero "hay que seguir con ese tema". 

Panamá está en la lista gris desde junio de 2019 y desde entonces  se comprometió a reforzar su efectividad en las recomendaciones del GAFI, mediante un plan de acciones; y  ya ha cumplido la gran mayoría.

Acciones ejecutadas por Panamá:

Panamá, además, aumentó el número de investigaciones por blanqueo de capitales en los últimos tres años. El GAFI recomienda a Panamá continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas, y así poder salir de sus listas de una vez por todas. 

Los pendientes: