Rechazan visión del Mici; expertos instan a Cortizo a sancionar su propia iniciativa

Es el elemento faltante en la estrategia marítima nacional para establecer el desarrollo y control sostenible de esta importante industria, afirmaron dirigentes de la Asociación de Armadores Panameños (Arpa), de la Cámara Marítima de Panamá y abogados expertos en los diversos aspectos del derecho marítimo, y solicitaron al presidente de la República, Laurentino Cortizo, la sanción de su propia iniciativa de ley de cabotaje, durante el foro sobre el proyecto de ley 598 organizado por la Asamblea Nacional el pasado viernes 3 de diciembre.

El proyecto de ley, propuesto y defendido por el mismo Órgano Ejecutivo del mandatario, fue aprobado por todas las bancadas de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, luego de aprobado unánimemente hasta por él mismo, envió sorpresivamente una nota a la Presidencia de la República donde retrocede y pide el veto parcial de la ley amparándose y citando acuerdos y convenios suscritos con otros países, compromisos que han sido rebatidos por abogados marítimos internacionalistas, ya que Panamá no cuenta con una ley que controle y explote su propio cabotaje marítimo.

El abogado internacionalista Francisco Carreira indicó que no existe ningún tratado de naturaleza comercial que condicione a Panamá a establecer sus propias reglas marítimas, máxime si el Estado panameño ha establecido sus propias salvaguardas al respecto, cosa en la que coincidió el también jurista Juan Felipe Pittí, asesor legal de Arpa, quien además señaló que: “Esta ley de cabotaje es la primera que le da sentido al espíritu de uso colectivo, concluyendo en la visión de los tratados Torrijos-Carter de generar bienestar para todos los panameños y permite la posibilidad de que haya un desarrollo de la industria local y no una industria al servicio de potencias extranjeras”.

Entre las disertaciones estuvo la del abogado marítimo y docente universitario Edwin Mendoza, quien fue enfático en las necesidades de los pequeños armadores de naves que prestan servicio de cabotaje en áreas remotas de la República, y del abogado ambientalista Harley Mitchell Morán, quien expresó que este proyecto es compatible con los convenios y acuerdos internacionales ambientales suscritos por Panamá, promoviendo el crecimiento sostenible de la industria marítima local, lo que será de provecho para toda la población.

El asesor legislativo Víctor De Gracia puntualizó que: “Panamá tiene dos mares territoriales y nunca hemos sido un país marítimo; y las grandes potencias mundiales han sentado su fortaleza en la industria marítima, y en Panamá seguimos lejos de ella”.

El presidente de Arpa, Rodrigo Hernández, concluyó que como armadores confían que al final del camino imperarán los intereses de la nación sobre los de cualquier país extranjero y se podrá desarrollar y administrar todo el potencial que tienen los servicios marítimos prestados al mundo con una ley que marcará un precedente en el sector y que fomentará la inversión local, generará mayores plazas de empleos y acabará con la competencia desleal que está afectando no solo al sector, sino a todo el país que no recibe los beneficios reales que genera esta industria.

El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Enrique Clément, resaltó que Panamá necesita una legislación que aporte reglas claras y que beneficien al país para complementar al sector. Juan Diego Reyna, de Arpa, señaló que Panamá requiere de normas del juego justas para poder tener una industria con todo el potencial, al igual que el 80% de todos los países de la región, pues Panamá ya tiene normativas en el cabotaje terrestre y aéreo y solo falta el marítimo. En una declaración al final de la jornada manifestó que es incomprensible que alguien no quiera abrazar el futuro de la nación en esta materia.