Alberto Mora: 'En Panamá, el 51% de la población se vio obligada a suspender una comida durante la pandemia'

Alberto Mora Román es coordinador de investigación del sexto informe Estado de la Región 2021, un documento que presenta la situación actual y los desafíos del desarrollo humano sostenible en Centroamérica y República Dominicana. Este informe es un instrumento que busca consolidar una plataforma de información, investigación y formación de la opinión pública, analizando la coyuntura actual en torno a la crisis sanitaria, que comprende tanto el impacto sobre el desarrollo humano sostenible de la región como las medidas adoptadas por los gobiernos para enfrentar la pandemia de covid-19. En una entrevista para Espacio Gente, Mora habla sin reparos sobre la necesidad de recuperar la institucionalidad y llevar la mirada hacia las graves desigualdades socioeconómicas, donde en países como Panamá, según una encuesta efectuada a principios de este año, la pandemia ha golpeado con hambre a los más vulnerables y es necesario fortalecer la capacidad del Estado para financiar adecuadamente las políticas públicas. También reflexiona en profundidad sobre los resultados del último Índice de Democracia desarrollado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, donde Panamá y República Dominicana son categorizados como países con “democracias imperfectas” en las que aunque se garantiza la voluntad popular emitida a través del voto, existen irregularidades, “problemas de gobernabilidad y también algunas restricciones a la libertad de prensa”.

Uno de los retos históricos que tienen Centroamérica y República Dominicana es la debilidad de los Estados, la misma que se expresa por un lado en su tamaño, en la capacidad de tener presencia y control de territorio, y por supuesto de brindar los servicios básicos a la población. Dicha debilidad está directamente relacionada con su capacidad para financiar adecuadamente las políticas públicas. Durante los últimos años esa debilidad crónica se agudizó con un deterioro político e institucional, con regresiones en aquellas áreas en las cuales los países habían alcanzado sus mayores logros desde el cese de la guerra, de los conflictos armados y los regímenes autoritarios en la región, hace más de 30 años. Las regresiones tienen que ver sobre todo con una agudización de la falta de independencia entre los poderes del Estado, debido a una inadecuada intromisión de comisión del poder ejecutivo en el resto de la institucionalidad del Estado, especialmente en el sistema de administración de justicia; lo veíamos desde hace varios años en Nicaragua y se agudizó por supuesto a partir de los conflictos y las protestas que iniciaron en este país en abril de 2018, pero vimos más reciente en El Salvador con la destitución de los magistrados de la Corte de lo Constitucional de ese país; esa pérdida de independencia judicial que pone en riesgo uno de los principios básicos del sistema democrático que es la independencia de poderes, la existencia del peso y del contrapeso frente a los distintos estamentos de la institucionalidad. Un índice que a nivel internacional es reconocido en esta materia es el Índice de Democracia publicado por The Economist, que analiza estos temas para muchos países del mundo. En el índice de 2020 El Salvador pasa de la categoría de democracia imperfecta a régimen híbrido, calificación que también obtienen Honduras y Guatemala; Nicaragua es considerada por este índice como un régimen autoritario, Panamá y República Dominicana como democracias imperfectas y la única democracia plena de acuerdo a este indicador es Costa rica. Ahora, ¿qué es un régimen híbrido? Es un sistema institucional que formalmente tiene la estructura de un sistema democrático con la identificación de los tres poderes del Estado más un órgano electoral que se encarga de la convocatoria y la gestión de los procesos electorales, pero que si vemos de cerca esa institucionalidad, el ejercicio del poder y la forma en que funcionan esas instituciones podemos reconocer claramente rasgos que no son democráticos, debido a la corrupción más o menos extendida, a la falta de independencia de poderes, a los riesgos y la vulneración de los derechos y libertades ciudadanas, así como también vinculado a irregularidades en los procesos electorales.

De acuerdo con la definición que hace el Índice, son democracias donde si bien está garantizado el respeto de la voluntad popular emitida a través del voto, se presentan algunas irregularidades, además hay problemas de gobernabilidad y también algunas restricciones a la libertad de prensa.

El informe plantea un panorama de extraordinaria complejidad para la región y destaca que nos encontramos en la peor crisis de las últimas tres décadas; eso se debe por un lado a estos rezagos históricos que mencionaba en materia política e institucional, por el hecho de que Centroamérica ha tenido altos niveles de pobreza y exclusión social, pero el deterioro se agudizó durante los últimos años tanto por las regresiones en materia política institucional como por la llegada de la pandemia que generó un rápido y acelerado deterioro en materia económica, en los mercados laborales y por su puesto en los ingresos de la población. El deterioro fue de tal magnitud que en un encuesta que hicimos a principios de este año, en siete de los ocho países de la región, 4 de cada 10 personas a nivel regional nos señaló que debido a las complicaciones y dificultades socioeconómicas que estaban enfrentando, producto de la pandemia, debieron suspender al menos un tiempo de comida, lo cual es una decisión extrema porque es simple y sencillamente privarse de una necesidad fundamental como es la alimentación, debido a la falta de ingresos. La situación más grave fue la de Panamá, casualmente, donde el 51% de la población indicó haberse visto obligada a tomar esa decisión debido a la pandemia. Por supuesto en todos los países, los gobiernos al igual que la institucionalidad del SICA tomaron medidas para tratar de paliar un poco esos efectos. Obviamente la cobertura y alcance de las medidas fue distinta entre los países y varía por ejemplo en un 16% de la población en Nicaragua, que en la encuesta señaló que había recibido algún tipo de servicios o apoyo del gobierno hasta un 93% en el caso de El Salvador. Panamá tiene una situación intermedia donde alrededor de las dos terceras partes de la población indicó haber recibido algún tipo de servicio o ayuda del gobierno por motivo de la pandemia, la mayor parte de esa ayuda consistió en la entrega de alimentos y del bono solidario.

Los rezagos tienen que ver con lo que conversábamos anteriormente, de la debilidad institucional de los Estados y de sus capacidades para tener presencia, control del territorio y prestar los servicios básicos a las poblaciones; esto tiene relación con las bajas cargas tributarias y la baja inversión pública que hacen los Estados en áreas estratégicas para el desarrollo, como educación y salud. Acá hay brechas muy importantes, sobre todo entre Costa Rica, Panamá, República Dominicana y el resto de la región. Otro de los rezagos históricos tiene que ver con el hecho de que los niveles de pobreza y exclusión social son todavía muy altos en varios países. En 2019, antes de la pandemia, prácticamente todos los países habían disminuido sus niveles de pobreza, aun en ese momento antes del impacto de la pandemia, en Honduras 7 de cada 10 personas estaban en esta posición; son niveles muy altos, y el otro aspecto vinculado a este tiene que ver con la alta concentración de los ingresos, lo cual impide a los sectores de la población, aun en época de crecimiento económico y bonanza, ver mejorar sus condiciones de vida. De acuerdo con la información que tenemos al año 2019, el 20% de la población de mayores ingresos concentra entre 47% y 55% del ingreso total; es decir, 2 de cada 10 personas comen la mitad del pastel, mientras que el 20% de la población de más bajos ingresos representa apenas entre el 3% y 6% de esos ingresos. En esas condiciones de reparto no es de extrañar que incluso en época de crecimiento económico, no logremos reducir estos altos niveles de pobreza y exclusión social que tenemos, porque hay gente a la cual –independientemente de que estemos en bonanza o en rezago económico– su situación no se le mejora. Esta insatisfacción tiene claramente implicaciones para la estabilidad social y política de los países. La democracia no es simplemente ir a votar y tener instituciones; tiene que ver el hecho de cómo el sistema político logra responder a las necesidades y expectativas de las personas y tiene que ver con el mejoramiento de sus condiciones de vida; y si pasan décadas en las cuales estas poblaciones no ven mejoría, la crítica, la desconfianza y el desencanto en relación con la democracia y sus instituciones es clara. Esto es un riesgo de cara a los procesos electorales, de cara al desprestigio y a la baja participación electoral, y propicia de una manera el surgimiento de nuevos liderazgos, a veces alejados de los principios y normas para el ejercicio de la democracia.

Panamá es uno de los países, junto con Costa Rica y República Dominicana, que más invierten en educación y salud, sin embargo hay rezagos e importantes diferencias; por ejemplo, al año 2018 Costa Rica dedicaba $850 al año por habitante para el financiamiento de la educación, Panamá $518, República Dominicana $333 y en los demás países menos de $200 al año. Y en materia de salud, Costa Rica $106, Panamá $270, que es el nivel más alto en salud por habitante de la región, República Dominicana $138. Hay avances importantes. Ahora, los retos son en qué medida esa inversión se traduce en servicios de calidad para la mayor cantidad de personas en el país; hay retos a la luz de pruebas internacionales en materia educativa, y retos generados propiamente en el contexto de la pandemia que en todos los países agudizó la exclusión educativa, sobre todo para aquellos estudiantes, jóvenes y niñas que asistían a la educación pública, la cual no logró ir de la modalidad presencial a la virtual. Además, la posibilidad de acceder a esa alternativa se vio limitada por la baja cobertura de la conexión a internet y el acceso a computadoras en los hogares con población escolar menor de 17 años.

El informe dedica un capítulo a analizar las nuevas dinámicas migratorias en Centroamérica; y estas han sido determinadas fundamentalmente por el desplazamiento forzado por razones de violencia e inseguridad ciudadana, sobre todo en los países del norte de la región, muy vinculados a la operación del crimen organizado y las pandillas o maras, pero también debido a la violencia política ejercida por los Estados, por las fuerzas militares o policiales de los Estados y además, por la persecución de activistas ambientales, defensores de los derechos humanos y, por supuesto, de periodistas. Acá los llamados de atención son sobre todo para los países del centro y norte de la región y en años recientes, con mayor claridad en el caso de Nicaragua con la crisis política en este país a partir de abril de 2018. Si uno revisa los datos de la cantidad de personas que han solicitado el estatus de refugiado en los países, la mayor proporción de los que han hecho esta gestión son salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. De hecho, del año 2018 a 2019 a nivel regional la cantidad de personas solicitantes de refugio pasó de 315 mil a 447 mil, es decir, solo de un año a otro 132 mil personas más solicitaron ese estatus. Y la mayor parte fueron salvadoreñas y hondureñas, aunque también guatemaltecas, más de 100 mil personas en cada uno de estos países y en el caso de Nicaragua se duplicó la cantidad de solicitudes con cerca de 32 mil a 67 mil en el año 2019, lo cual coincide con el periodo del inicio de la crisis más severa que aún afecta a ese país. Dentro de este grupo hay periodistas que, de acuerdo con estudios de libertad de prensa, Periodistas sin Fronteras y otras organizaciones internacionales han llamado la atención sobre las decisiones en torno a la libertad de prensa y al ejercicio del periodismo investigativo.

Recordemos que para los países centroamericanos, Panamá y República Dominicana, los principales activos para impulsar el desarrollo son su rico patrimonio natural y su gente, porque nuestros países carecen de los yacimientos de petróleo o de minerales altamente cotizados en los Estados. No estamos haciendo mucho por proteger nuestros recursos naturales y el patrimonio natural; prueba de ello es el incremento en la deuda ecológica que es determinada por el exceso de consumo de recursos y de contaminación que generamos, sobre las capacidades de los ecosistemas para poderse recuperar por sus propios medios de la extracción de los recursos y de la contaminación que reciben. A nivel regional, todos los países, excepto Panamá y Nicaragua, están en situación de deuda ecológica, al punto de que en la mención de 2017, que fue la última disponible, se había producido un incremento de un 20% en relación con la medición del año anterior. Esto es de tal magnitud, que los países requerirían algo así como una cuarta parte más del territorio, para poder soportar el nivel de consumo y la contaminación que se genera. Estos patrones insostenibles tienen que ver mucho con la matriz energética, con la alta dependencia de combustibles importados y de leña, que son altamente contaminantes y generadores de gases de efecto invernadero, pero también tiene que ver con cambios en el uso del suelo, sobre todo asociado al proceso acelerado y desordenado del crecimiento urbano en las ciudades capitales y sus periferias, así como en las ciudades secundarias, y por supuesto a la pérdida de cobertura forestal, la cual se agudizó durante los últimos años en Belice, Guatemala y Panamá.

El informe busca dotar a los países de un instrumento para conocer y reconocer su realidad desde una perspectiva distinta; desde los desafíos y oportunidades que en los países más pequeños como el nuestro trascienden las fronteras y en menor o mayor medida nos afectan a todos. Recordemos que en este momento, buena parte de los factores que determinan mucho nuestras posibilidades de crecimiento económico, de atracción de inversión externa directa, de turismo, de comercio, etc. dependen mucho de ese entorno regional y global. La posibilidad de actuar de manera coordinada entre los países mejora nuestros márgenes de maniobra, para hacer frente a esas dinámicas transnacionales e internacionales y también para optimizar los recursos que desde los países ejecutemos para impulsar nuestro desarrollo. Una región como Centroamérica y República Dominicana tienen oportunidades importantes, algunas de las cuales no sería posible aprovechar sin actuar conjuntamente. Estamos ubicados geográficamente en uno de los puntos neurálgicos del comercio internacional, cerca del principal mercado de consumo a nivel global como es Estados Unidos, además tenemos el Canal de Panamá que es un recurso valiosísimo para los países y también para Panamá, para generar esas sinergias y conexiones económicas de mercados laborales, de inversión, de desarrollo, de corredores logísticos que son fundamentales para actividades productivas a las cuales la región ha apostado como el turismo, el comercio, y creo que además hay vínculos históricos, tanto geográficos como culturales que nos entrelazan.