Prostitución y derechos humanos

A mis manos cayó un libro sumamente impactante de Kamila Ferreira, titulado España, la Tailandia Europea; Las cloacas de la prostitución. Está escrito en primera persona por una brasileña que fue prostituida por su propia familia. Describe el infierno que es “el sistema prostitucional”, como lo llama, desde adentro y cuenta la vergonzosa, dura, cruda y cruel realidad de este sistema, que fue creado por y para los hombres y da un motivo más para la abolición de la prostitución en el mundo.

La prostitución ha existido en diferentes culturas desde tiempos inmemorables, pero no se limita solo a aspectos económicos o morales, sino que también involucra cuestiones de derechos humanos, libertad personal, y seguridad. En este contexto, es fundamental analizar cómo las leyes y políticas públicas afectan la vida de las personas que ejercen la prostitución, y cómo los derechos humanos pueden ser protegidos y promovidos en este ámbito.

Cuando se examina la prostitución desde la perspectiva de los derechos humanos, se debe considerar la protección de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Si bien en muchos países la prostitución no está directamente prohibida, las personas que ejercen esta actividad a menudo sufren estigmatización, violencia, explotación laboral y restricciones en el acceso a servicios de salud o seguridad social, que entran en conflicto con la protección de derechos fundamentales.

Uno de los mayores dilemas en el debate sobre la prostitución es la cuestión del consentimiento. En algunos contextos, se argumenta que la prostitución es una forma legítima de trabajo sexual, donde las personas pueden elegir libremente participar y tener control sobre su cuerpo y sus decisiones. Este punto de vista sostiene que la despenalización de la prostitución permite a las personas trabajadoras sexuales acceder a derechos laborales, servicios de salud y protección legal, sin ser criminalizadas.

Sin embargo, este enfoque es cuestionado por quienes sostienen que muchas personas no entran en la prostitución por libre elección, sino como resultado de coerción, pobreza o explotación. En este sentido, la prostitución puede ser vista como una forma de violencia de género, ya que afecta principalmente a mujeres y personas transgénero, quienes, en muchos casos, se ven atrapadas en un ciclo de violencia y explotación. En estos casos, las personas involucradas en la prostitución a menudo se encuentran en situaciones en las que su consentimiento no es genuino, sino resultado de factores estructurales como la desigualdad social, la falta de acceso a la educación, discriminación, o violencia doméstica.

Los tres modelos más relevantes como enfoques legales en el ámbito de la prostitución son:

(1) Despenalización, que se refiere a la eliminación de las leyes que criminalizan a las personas que ejercen la prostitución, pero no regulan de manera explícita el trabajo sexual. La prostitución es vista como una actividad legal que debe ser protegida por los derechos laborales y la seguridad social. Países como Nueva Zelanda han adoptado este modelo, buscando garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores sexuales, al tiempo que se eliminan las sanciones penales.

(2) Abolicionismo: busca erradicar la prostitución a través de la penalización de los clientes y proxenetas, mientras se busca proteger a las personas que ejercen la prostitución y son explotadas sexualmente. Se considera que, al desincentivar la demanda, la prostitución disminuirá. Se basa en la idea de que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y las personas vulnerables y debe ser eliminada. Es el modelo de varios países como Suecia. En Panamá se optó por este modelo, al promulgar la Ley 79 de 2011 sobre trata de personas y actividades conexas, que penaliza la compra de servicios sexuales, pero no la venta.

(3) Legalización: Alemania y Holanda han optado por legalizar la prostitución, regulándola como una actividad económica, con licencias para los burdeles y medidas de seguridad para las y los trabajadores sexuales. Con esto se busca garantizar los derechos laborales y mejorar las condiciones de seguridad y salud. Sin embargo, los críticos señalan que la legalización puede fomentar el tráfico sexual y la explotación, ya que no siempre aborda las causas subyacentes que llevan a las personas a ejercer la prostitución, como la pobreza y la desigualdad.

La prostitución sigue siendo un tema controvertido en muchas partes del mundo, pero es imperativo que los países adopten políticas públicas de protección de los derechos humanos considerando la realidad social, para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, garantizando la seguridad y dignidad de las y los trabajadores sexuales.