La sequía en Túnez destapa una política de desequilibrios sociales

Embalses a mínimos jamás vistos, un invierno privado de lluvias y una temporada estival en la que se esperan temperaturas récord es la imagen que presentan expertos y agricultores en Túnez, que advierten que no sólo está en peligro el sector agrícola, el 9 % del PIB, sino un derecho tan básico como el acceso al agua potable.

Los cuatro años consecutivos de sequía han destapado un gran desequilibrio entre los grandes y pequeños agricultores, las zonas urbanas y rurales pero también entre el montañoso norte y el sur desértico. Las infraestructuras obsoletas y la falta de estrategias de gestión a largo plazo no dejan lugar a pronósticos optimistas.

La situación es tan grave que la compañía nacional de agua, la SONEDE, prohibió en marzo las actividades no imprescindibles como el regadío de cultivos y espacios verdes así como la limpieza de calles y vehículos hasta el próximo mes de septiembre.

La presa de Sidi Salem, en la región de Testour (noroeste), es la más grande del país y su capacidad cayó en el último año del 40 % al 18 %, lo que representa sólo 98 millones de metros cúbicos de un total de 580.

"En mi vida lo había visto tan seco", declara a EFE Anis Ammar mientras señala desde la cima el antes y el después de este valle, delineado por grandes extensiones de pradera sin vegetación.

Este vecino, que regenta un terreno familiar como camping y una pequeña plantación de granadas, albaricoques y olivas, confiesa su incomprensión ante un reparto "caprichoso" del agua, a favor de regiones costeras y turísticas y en un agravio hacia las del interior.

Para Radhia Essamin, investigadora en Ciencias de la Tierra y el Agua, es el resultado de una política de Estado heredada de la colonización francesa (1881-1956), que privilegia el beneficio económico en detrimento de la soberanía alimentaria a través de cultivos no esenciales como cítricos y dátiles, destinados a la exportación y que requieren grandes cantidades de agua.

Para producir un dátil "deglet nour" (en árabe, dedo de luz), producto estrella del sur tunecino, se necesitan 50 litros de agua, explica, que podrían dedicarse a cereales para consumo local en un país que fue el granero del imperio romano y que hoy depende casi exclusivamente de Rusia y Ucrania.

Un derroche incomprensible "mientras 250.000 personas no tienen acceso a agua potable y cerca de 900.000 no disponen de servicio de saneamiento, principalmente en áreas rurales y marginadas", apunta la especialista.

En estas zonas, la resiliencia de los habitantes -y las subvenciones públicas- han permitido preservar la centenaria tradición del "majel", una cisterna doméstica que almacena el agua de lluvia en el subsuelo y evita que las mujeres caminen largas distancias en busca de este oro transparente.

Con una población de doce millones y un consumo anual por persona de 430 metros cúbicos, Túnez se encuentra por debajo del umbral de pobreza hídrica fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1.000 m3. A esto se suma el continuo deterioro de la calidad: el 11% del agua analizada no cumple con los mínimos de salubridad.

El director general de pantanos y grandes trabajos hidráulicos del Ministerio de Agricultura, Faiez Msallem, admite que la situación actual es "la peor que ha vivido el país" pero confía en que las restricciones y las previsiones de lluvia para mayo compensen el déficit gracias a un sistema "resiliente" que cuenta con 37 embalses- en su mayoría en el noroeste- y 16 plantas desalinizadoras.

Una prioridad para las autoridades, avanza, es detener la "hemorragia" de los más de 21.000 pozos ilegales que se estiman que sobreexplotan las aguas subterráneas del sur- compartidas con Argelia y Libia- debido a una legislación desfasada de 1975 que permite perforaciones de menos de 50 metros de profundidad sin necesidad de permiso.

Sin embargo Essamin lamenta que el Estado subestime el conflicto social que pueden provocar estos desequilibrios y la anarquía del control de los recursos naturales.

Después de que tres personas fallecieran el pasado año en una reyerta entre vecinos de aldeas en la región de Medenine (sudeste) para explotar una fuente termal como negocio turístico, el presidente ordenó cerrar el acceso y lo convirtió en una zona militar, relata la académica, que teme que no sean sucesos aislados.