¿Es posible una minería verde en América Latina?

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) plantea en su documento, 'Minería verde en América Latina y el Caribe', un análisis comparativo de políticas públicas y estándares industriales para impulsar la sustentabilidad en minería, una propuesta de hoja de ruta regional que busca identificar intervenciones o acciones a tomar por los gobiernos de la región con el objetivo de cerrar brechas entre normas locales o nacionales, y los estándares globales de la industria minera, de manera que sea posible regular la minería para lograr su sostenibilidad, es decir lograr una minería verde.

Carolina Rojas-Hayes, Elkin Javier Casas y Carlos G. Sucre, autores de la publicación, indican que, “la minería es un sector vital en numerosas economías de América Latina y el Caribe (ALC) al ser una fuente importante de ingresos e inversiones, un generador importante de empleos directos e indirectos, una palanca de innovaciones y encadenamientos”, esto es lo que precisamente sustenta normar las acciones que sienten las bases del entendimiento común de los retos, oportunidades y actividades necesarias para atender las debilidades de los marcos regulatorios existentes en ALC, las cuales una vez fortalecidas generarían una minería verde sustentable.

La terminología de minería verde es definida según los archivos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, en el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, y dentro de la serie de estudios titulada “Minería verde y los desafíos para un sector minero sostenible” como, “aquella forma de extractivismo de minerales que incorpora en su base, en primer lugar, la eficiencia en el uso de materiales, el agua y la energía, minimizando el impacto ambiental negativo y asegurando la trazabilidad de los recursos obtenidos para su correcto aprovechamiento, además de cuidar su correcto encaje dentro de la comunidad en la que desempeña su actividad (...)”.

Además, la minería verde debe considerar la sostenibilidad de los terrenos, generar alianzas estratégicas con universidades y centros tecnológicos, con el fin de aplicar las innovaciones técnicas de última generación que puedan redundar en una mejora de la eficiencia, apoyarse en energías renovables, racionalizar el uso de productos químicos tóxicos, aplicar ecodiseños y otros principios de economía circular para hacer de la minería una práctica sostenible y ambientalmente responsable, capaz de generar beneficios económicos, sociales y medioambientales; lo que daría origen a una minería verde baja en emisiones.

Volviendo al análisis de las políticas y regulaciones diseñadas para impulsar la minería sostenible en ALC, el BID analizó las regulaciones en Brasil, Chile, Colombia y Perú como una muestra representativa de la industria minera en la región latinoamericana, y a la vez comparó las normativas latinoamericanas con el estándar internacional “Hacia una minería sustentable (Towards Sustainable Mining, TSM – por sus siglas en inglés) de la Asociación Minera de Canadá (MAC, por sus siglas en inglés).

El TSM “es un sistema de gestión de desempeño reconocido mundialmente que ayuda a las empresas mineras a evaluar y gestionar sus responsabilidades sociales y medioambientales. Es un conjunto de herramientas e indicadores que sirve para impulsar el desempeño y asegurar que los principales riesgos de la minería se gestionen de manera responsable en las instalaciones metalúrgicas y mineras participantes”.

“El objetivo principal de TSM es permitir que las empresas mineras cumplan con las necesidades de la sociedad en cuanto a minerales, metales y productos relacionados con la energía de la manera más responsable en términos medioambientales, económicos y sociales”.

El análisis comparativo utilizó los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza dentro las normativas. Al referirse a ambiente contempló el tema agua, medioambiente, cierre de minas y relaves, cambio climático y eficiencia energética.

En cuanto al aspecto social, se enfocó en comunidad y recursos naturales, derecho y condiciones laborales y derechos humanos. Para gobernanza se enfocó en transparencia, y gobernanza del sector.

Los resultados del análisis son diversos; en esta entrega se mencionan solo dos de los aspectos de la lista de análisis realizado por el BID.

En cuanto al sector agua indicaron que, “Brasil tiene establecida una gobernanza de los recursos hídricos que aplica a sectores productivos como el minero, donde hay instancias de participación de partes interesadas en diferentes niveles, incluyendo el subnacional. Sin embargo, hay brechas frente al estándar TSM en tanto a la profundidad de la participación ciudadana en la planeación y mecanismos de diálogo en los recursos hídricos”. En Chile, “la reforma al Código de Agua dio más herramientas al Estado para el manejo de los recursos hídricos, y en ese sentido es consistente con el estándar TSM en términos de la evaluación de las metas y compromisos adquiridos por las empresas frente a la administración del agua”. En Colombia, “el estándar TSM fue adoptado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM) a principios de 2022, con lo cual se espera que en un par de años sus empresas asociadas vayan a ejecutar la obligatoriedad de las acciones específicas que requiere el estándar en lo referente a gestión hídrica e incluyan acciones de gobernabilidad específicas para este tema. Y en el caso de Perú, “existe una brecha clara entre la normativa nacional y las prácticas en gestión hídrica aplicadas por aquellas empresas que están bajo el estándar de TSM”.

En el aspecto social comunidad y recursos naturales, en Brasil la industria sigue buenas prácticas de relacionamientos, incluyendo estándares de TSM, pero se trata de ejercicios voluntarios y no procesos obligatorios en la ley; en Chile, según el análisis, “no existe obligatoriedad de consultar e informar a las comunidades de manera permanente como lo recomienda el estándar TSM y por tanto no existen espacios formales para dirimir conflictos”; en Colombia “existe una oportunidad de mejora normativa a las prácticas empresariales, como adoptando las aplicadas por el protocolo de relaciones con la comunidad y con los pueblos indígenas de TSM, que ofrecen mecanismos de participación extendido y así originan de manera amplia espacios de participación e involucramiento de las comunidades en el proyecto minero; en Perú “existe una oportunidad de mejora normativa ya que los escenarios de participación ciudadana entre los temas ambientales y sociales no se diferencian y se están abordando en el mismo escenario, previo a las evaluaciones de impacto ambiental, que están generando disconformidades en comunidades”.

Es posible que en América Latina la minería sea verde, sin embargo, para alcanzarla aún quedan pasos por seguir, desde contemplar dentro de los marcos normativos el tema de relaves, cierre de minas y pasivos ambientales, hasta reglamentar las prácticas y las actividades que se están realizando y no están incluidas en la norma.

Además, se debe trabajar en las opciones que tiene los ciudadanos en participar dentro del proceso de toma de decisiones en el ciclo de la minería, puesto que los mismos están siendo abordados principalmente en el marco de los procesos de evaluación de impacto ambiental, lo que se ha detectado que no es suficiente para abordar las preocupaciones de las comunidades en cuanto a temas ambientales y sociales.

Se destaca que se deben identificar las oportunidades de mejora para los procesos de digitalización y reporte en tiempo real de información, que aseguren comunicación constante y de fácil acceso entre las autoridades gubernamentales, las empresas y las comunidades.