Panamá aumenta la vigilancia en contra de la pesca ilegal no declarada

La pesca ilegal no declarada y no reglamentada (Indnr) es uno de los delitos más serios que enfrenta la sociedad mundial actualmente. Panamá, al ser un país bañado por dos mares (Atlántico y Pacífico), no escapa de esa realidad. Para combatir esa práctica en el país se han tomado estrictas medidas de vigilancia a fin de proteger la seguridad alimentaria, específicamente con los productos pesqueros.

Para ello, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), a través del Centro de Control y Seguimiento Pesquero está realizando desde 2022 monitoreos a las embarcaciones, locales e internacionales, que insisten en practicar la pesca ilegal en aguas nacionales.

Flor Torrijos, administradora de la Arap, informó que el país cuenta con una herramienta satelital de vanguardia que permite darle seguimiento a más de 500 embarcaciones que ejercen la actividad de pesca en aguas panameñas.

Torrijos indicó que este centro de control y seguimiento pesquero permite proteger las zonas sensibles contra la pesca ilegal, sobre todo en los lugares declarados como áreas protegidas y exclusivas económicas.

Con ello, la Arap puede dar un seguimiento satelital a unas 280 naves de flota pesquera, a las embarcaciones de pesca para que se cumplan las leyes panameñas y las normas internacionales, en especial las de la Unión Europea, destacó Torrijos.

A esto se suma el monitoreo de unas 232 embarcaciones de servicio interior de pesca. El monitoreo incluye barcos de transporte y apoyo a la pesca que estén registrados con bandera panameña.

La administradora añadió que la pesca proporciona una fuente vital de alimentos, trabajo, comercio y bienestar económico tanto a quien la practica como a las comunidades que viven de la pesca artesanal.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es responsable de la pérdida de 11 a 26 millones de toneladas anuales de pescado, lo que equivale a un valor económico estimado entre $10 mil y $23 mil millones.

Para reducir este impacto, la FAO detalló que la meta del objetivo 14 de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a la comunidad internacional “regular eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, ilegal, no declarada y no regulada, y a las prácticas pesqueras destructivas”.

La FAO también reconoció que el crecimiento de la población es constante y el hambre un problema persistente, por lo que el pescado se ha convertido en un importante producto para conseguir la seguridad alimentaria. Pero los esfuerzos de la comunidad internacional para asegurar la pesca sostenible se ven amenazados por actividades pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas.

Con el afán de reforzar los lazos interinstitucionales hubo recientemente una reunión entre el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, y el subcomisionado Luis Rodríguez, asignado como representante del Ministerio de Seguridad en el Centro de Monitoreo de Pesca Ilícita.

Este centro pretende combatir la ilegalidad ambiental, el crimen organizado y transnacional. “La pesca no reglamentada es uno de los problemas marinos a nivel mundial, culpable de la disminución de las especies y agotamiento de los recursos naturales”, reconoció Rodríguez.

El equipo multidisciplinario especializado ambiental (EME), surge como parte de las acciones que ejecuta MiAmbiente con el apoyo del PACTO (iniciativa de la Unión Europea y América Latina) para la investigación y persecución de los delitos en todas sus formas.

A su vez, es importante resaltar que en marzo pasado una misión de la Unión Europea (UE) visitó Panamá para evaluar los avances contra la pesca ilegal, después de que en 2019 advirtiera por segunda vez al país que corre el riesgo de ser calificado como no cooperante, según dijo a EFE la Embajada de la UE.

En 2019, la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DG MARE) levantó una tarjeta amarilla en contra de Panamá por no contar con los controles adecuados en contra de la pesca Indnr. No obstante, Panamá de no seguir las sugerencias podría recibir una tarjeta roja, lo que imposibilitaría a los empresarios locales seguir exportando el recurso pesquero a ese mercado conformado por 27 países.

Durante su visita la Comisión de la UE encontró que en Panamá hay serias deficiencias en materia de control, en particular sobre las actividades de pesca y actividades conexas de las embarcaciones que enarbolan la bandera de Panamá, además de que no hay “un control adecuado sobre las actividades de las plantas procesadoras de pescado”.

Sin embargo, la Unión Europea se comprometió a seguir apoyando a Panamá en materia de cooperación técnica para mantener y profundizar los avances de esta nación, más cuando el país en este proceso muestra un camino de esperanza.

La misión europea estuvo reunida con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Arap y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y acordaron que el país tendrá que esperar hasta diciembre de 2023 para que la (DG MARE) haga una nueva auditoría donde el país cumpla con las nuevas recomendaciones en su lucha para prevenir y desalentar la pesca ilegal, según informó la Arap en un comunicado.

Gracias a los monitoreos constantes en contra de la pesca ilegal, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Arap sorprendieron el pasado 6 de abril a la embarcación de nombre Yakadi, en el puerto de Vacamonte, provincia de Panamá Oeste, realizando la actividad de pesca ilegal. Le decomisaron 2.553 libras de pescado.

La actividad se efectuó a una milla del lugar de la detención de la nave, la cual no contaba con la autorización de zarpe desde puerto Panamá.

En cuanto a las sanciones, las autoridades serán las indicadas de aplicarlas.

Según la Ley 204 del 18 de marzo de 2021, el artículo 4 dispone que corresponde a la Arap, la elaboración, actualización y ejecución de la política nacional de pesca y acuicultura, en coordinación con todos aquellos entes vinculados a la pesca, acuicultura, actividades conexas y actividades relacionadas con la pesca.