Kyungsun Kim: 'Cortar el círculo de la pobreza requiere consenso, contrato y tomar acciones'

Kyungsun Kim es representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Panamá desde el 30 de junio de 2016. Entre 2012 y 2016 desempeñó el cargo de asesora senior de Unicef en la oficina de Nueva York, donde facilitó la elaboración de estrategias para las relaciones exteriores con los países de América Latina y el Caribe, así como la orientación y el apoyo técnico a los directivos de la organización sobre los países de renta media. En 2010 ocupó el cargo de especialista senior de programas de Unicef en Jartum, Sudán, en donde elaboró estrategias sobre política social. Hoy, con los pies en territorio istmeño, conversa con Espacio Gente sobre la sensibilidad que no debe perderse de foco, cuando se evalúan los temas relacionados al cuidado íntegro de los derechos de los niños y adolescentes en el país. Si bien la educación es una de las principales materias que ocupa a Unicef en la salvaguarda del bienestar infantil, Kim destaca la necesidad de atender toda la estructura del hogar, y la salud mental del individuo, aspectos clave, además de instrumentos como la Ley de Protección Integral a la Primera Infancia y al Desarrollo Infantil Temprano, sancionada por el Ejecutivo el pasado 15 de octubre, que permitirán a futuro contar con ciudadanos que aporten al país y quiebren el viejo esquema de círculo vicioso y carga para el Estado: “Un Panamá donde esta ley se está cumpliendo al pie de la letra, con toda la coordinación, poniendo los recursos necesarios para que desde la primera infancia se nivele la cancha; se trata de un país sustentable, que finalmente tiene y quizá pueda liderar el desarrollo sostenible de esta región”, opina. Aquí nuestra entrevista.

Gracias por elegir este tema, la niñez, porque desde Unicef estamos muy preocupados. Estamos pasando una etapa muy difícil para todo el mundo, pero sobre todo para la niñez ha sido particularmente más difícil; les cuento porqué. Hemos abogado por una serie de acciones desde el comienzo de la pandemia; en marzo, con el confinamiento, observamos cómo reaccionaba la gente y cómo iba la situación en general. Viendo el riesgo que corremos y que esta crisis puede convertirse en una crisis de derechos de la niñez, publicamos un llamado a la acción, el 9 de abril, con cinco puntos. Allí alertamos no solo a Panamá, sino a todo el mundo, de que si no tomamos estas cinco acciones, esta crisis puede convertirse en un riesgo para los derechos de la niñez. Los cinco puntos fueron muy claros: mantener a los niños sanos, con vacunación y los servicios básicos que tienen que recibir, servicio prenatal, postnatal, que tienen que ver también con la mortalidad, al final, y son esos servicios básicos que no se pueden parar, la nutrición y alimentación en la escuela, etc., así como proveer agua y saneamiento. Hemos visto que hay voluntad política en el mundo, en términos de meses o semanas han realizado acciones que hubieran tomado años, entonces proveer ese servicio básico de agua y saneamiento es una acción importante y esencial; tercero, mantener a los niños aprendiendo, lo que no quiere decir solamente la reapertura de las escuelas, porque sabemos que los niños aprenden de diferentes maneras en estos días; lo que más nos preocupaba era lo que llamamos división digital, porque los niños aprenden de Youtube, entre sí, chateando, pero en confinamiento esa conexión digital era fundamental, entonces abogamos por mantener a los niños aprendiendo no solo con lo digital, sino con algunos materiales que podemos proveer en las zonas remotas para que se mantengan activos aprendiendo. El cuarto punto era el apoyo a las familias; sabemos que Panamá es solidaria, provee bonos y la alimentación y apoyo financiero, sin embargo, es lo mismo para cada familia y tenemos que considerar el número de niños e identificar a esas familias vulnerables para responder a esas necesidades y puedan mantener lo mínimo que necesitan para la sobrevivencia; es apoyo a las familias considerando a la niñez y la necesidad de acuerdo con el número de niños. El quinto punto era la protección a la niñez, de la violencia, abuso y negligencia. Esos cinco puntos fueron respaldados y reforzados por 172 miembros de Estado a nivel global, el 30 de abril, en la declaración 'Protege a los niños' (Protect our Children) y Panamá ha sido parte de los miembros. El secretario general ha sacado un policy brief que analiza la vulnerabilidad y nuestra serie de diálogo va más allá, mirando estos siete meses, 200 días de confinamiento, y ahora tenemos más libertad y reapertura de la economía, pero estamos todavía monitoreando cuál ha sido el impacto en la niñez, entonces la serie trata de contar todos estos puntos, mirar y monitorear la situación y ver si estos puntos todavía son pertinentes, si estamos realizando estos puntos o no, y crear la conversación, crear consenso y generar la acción. Unicef está allí para apoyar la acción. Esto ha sido un poco del recorrido y ahora tenemos esta abogacía global.

A nivel global, estamos abogando con mucha fuerza por el aprendizaje, más allá de la educación formal e informal. Sabemos que hay 463 millones de jóvenes que no están accediendo a la educación remota. La pandemia ha afectado al 91% de los jóvenes con el cierre de las escuelas; de una manera u otra, casi todos los niños han sido afectados y nos preocupa la deserción escolar, la exclusión educativa; el problema era grave aún antes de la pandemia; en Panamá, por ejemplo, casi la mitad de los jóvenes no asiste a la educación secundaria y esto puede incrementar, lo que significa que quizá más chicas queden embarazadas. Cuando visité el centro de Las Claras, en donde estamos apoyando a madres adolescentes para que continúen su educación, el hallazgo de quienes trabajan con las adolescentes es que cuando salen de la escuela quedan embarazadas, y muchas veces es intrafamiliar y a causa de la violencia, no consensuado. Hay otros factores sociales y económicos que deben ir juntos, porque solo proveer la tarjeta –aunque es algo que efectivamente estamos haciendo al proveer laptops, las tarjetas y data para que puedan continuar con su educación, y en zonas remotas puedan tener más acceso a internet, siendo un país que todavía está en desarrollo tiene la ventaja de invertir más recursos en esa infraestructura fundamental para el futuro– si estas acciones no llevan la parte social de protección, salud, agua y saneamiento, de manera integral, cerrar la brecha digital no va a producir frutos, y la forma es integrar con otros servicios básicos y la alianza, consenso y contrato social donde la sociedad, con conciencia, decida invertir en esto, sabiendo que no es un trade off, que si invierten en esto, pierden en otra parte, sino que es la parte fundamental para la recuperación económica, porque lo que ganan a corto plazo no se va a sostener si no piensan en la generación que están perdiendo.

Siempre estamos abogando por el desarrollo infantil y de la primera infancia, porque el círculo se puede cerrar solamente desde muy temprano. Tenemos la Ley 171, del 15 de octubre, que trata sobre la protección integral a la primera infancia. El propósito y el compromiso del Estado desde el gobierno es justamente eso, cortar el círculo vicioso de la pobreza; si un niño desde la etapa prenatal, no recibe nutrición adecuada y servicios prenatales, nace con peso bajo, crece con poco estímulo, poca nutrición y poco amor, porque sus padres pasan muchas horas yendo desde la zona suburbana a la urbana para salarios mínimos, crece con bajo desarrollo. Imaginen a ese niño entrar a la escuela y aún más si es un niño indígena, que ha hablado en su lengua natal y entra al sistema, se siente atrasado y perdido, y quizá se retira –emocionalmente–, se mantiene en la primaria sintiendo que no es inteligente ni bueno porque empezó con mucha desventaja. Esos niños piensan que no son inteligentes ni buenos y se acostumbran a una baja autoestima y a no prestar atención a sus estudios. Cuando llegan a la secundaria están muy atrasados con este sistema educativo que no se ha enfocado en la calidad del aprendizaje, y no hablo solo de Panamá; el sistema educativo está diseñado para que si algunos niños pueden seguir, sigan, y si no, no hay un cuidado individual. Entonces se quedan atrasados, salen de la escuela, muchas chicas quedan embarazadas, y muchos chicos se enganchan en la economía informal, a veces en violencia o en crímenes; las chicas son las madres solteras que viven en las zonas de pobreza suburbana y pasan mucho tiempo yendo a su trabajo, cobra lo mínimo, viene a su casa totalmente cansada. Los niños todavía tienen acceso al mundo digital, salvo las zonas rurales y remotas, aunque sea parcial y si están descuidados pueden usar ese internet no para el aprendizaje, sino para exponerse a los perjuicios y riesgos abundantes en el mundo digital. Debemos tener más conversaciones sobre este círculo vicioso que se puede cortar solamente empezando desde la primera infancia y tener consenso, contrato y tomar acciones.

Me refería a la abogacía global, en esta, manteniendo los cinco puntos por los que estábamos abogando desde el principio de la pandemia en Panamá, agrega dos puntos más, entre esos están los niños que huyen de conflictos, que sufren desastres naturales, niños desplazados, niños en movimiento y migrantes. Con todos los cinco puntos sobre servicios básicos, ahora tenemos un sexto punto que se trata de los niños más vulnerables, que no tienen un hogar, que están en constante movimiento y que están fuera de su sistema educativo, y con el cierre de las fronteras pasan casi un año sin recibir educación ni estímulos, y cuando finalmente su situación económica o social mejore, todavía van a tener esa enorme desventaja que afectará su autoestima casi toda la vida. En la economía, vamos a ver a esa generación que no se forma en la economía formal, que no gana lo suficiente para sobrevivir y necesitará protección social y apoyo financiero, y ese modelo de desarrollo no se puede sostener, porque no estamos generando capital humano ni trabajos decentes para que no dependan del gobierno. Quisiera resaltar que dentro de estos seis puntos, nos preparamos para el 3 y 4 de diciembre para la sesión especial de asamblea general sobre el impacto de la covid-19, y allí estamos poniendo sobre la mesa estos seis puntos, cinco de Panamá y el sexto de los niños vulnerables, en movimiento y bajo conflicto de desastres; y en la parte de protección, abogamos con fuerza por la salud mental. Yo estoy viendo en mi vida personal aún esa población que tiene estatus y sus recursos, un trabajo decente y etcétera, pero los adolescentes están sufriendo enormemente y quizá no hemos visto mucho hasta ahora, porque el efecto se muestra más tarde y creo que vamos a ver más y más del sufrimiento y el impacto de la salud mental en varias formas. Al mismo tiempo estamos pidiendo que el sistema se mantenga demandando la misma cantidad de trabajo, los mismos requerimientos para sus certificados; pero necesitamos tener flexibilidad; hay que asegurarse de que aprendan, pero hay que ser flexibles para que no sientan una enorme carga. La salud mental es lo que agregamos a la parte de protección y vamos a estar abogando por ella; quisiera que todo el mundo se sume a estos seis puntos, preparándonos para esa sesión especial de la asamblea general.

Este compromiso y la sanción de esta ley, para el país es un gran paso, quizás el más fundamental para erradicar la pobreza y avanzar. No es solamente lo correcto, sino una cosa inteligente y estratégica para un desarrollo sostenible, para la prosperidad del país y no tener a esa población que sea una carga para el Estado, sino contribuyentes para el desarrollo. Aun antes, siempre estuvimos apoyando al Ministerio de Desarrollo Social que es el rector de esta ley, con los ejemplos de otros países y miramos leyes existentes de otros países, que son semejantes, y prácticas, así como las experiencias que podríamos aprender. Apoyamos con asistencia técnica y con la ley, en la primera reunión donde estaban juntando sus cabezas para ver qué había que hacer inmediatamente, así que fuimos parte de la reunión con acciones inmediatas en el diseño de implementación. Creo que vamos a ver esas acciones en los días y meses venideros, y en forma concreta estamos apoyando con lo más urgente que es la reapertura de los CAIPI, y no se trata solo de prevenir la covid-19, sino de que los niños puedan estar bien, aprendiendo y disfrutando porque tienen derecho a jugar, a ser un ser humano integral y holístico, así que para esto sabemos que no solo se trata de aprendizaje, necesitan un hogar y divertirse. Continuamos con esa colaboración en esta etapa y habrá mucho más apoyo y colaboración para que esta ley, que es nuestro sueño, se materialice, porque un Panamá donde esta ley se está cumpliendo al pie de la letra, con toda la coordinación, poniendo los recursos necesarios para que desde la primera infancia se nivele la cancha, es un país sostenible, que finalmente tiene –y quizá pueda liderar– el desarrollo sostenible de esta región.

Ya tenemos el primer paso, la ley exige los recursos. La razón por la cual el país necesitaba una ley, es porque con un decreto o con otras formas el interés del día –económico o político– podría dominar, pero una ley demanda recursos para realizar las acciones. Basados en esa ley que tiene atención al nivel más alto, en la Presidencia, se trata de compromiso y voluntad política que han mostrado con la ley. La voluntad política, poner los recursos y convencer a la población de que esto es parte integral y esencial de la recuperación, es muy importante, para que todo el país tenga ese consenso y contrato social.