Derecho a la tierra, un compromiso pendiente con las comunidades originarias

Los derechos sobre la tierra de las comunidades locales, las poblaciones originarias y afrodescendientes de Mesoamérica solo han aumentado en un 0,5% en los últimos cinco años.

Según el reporte '¿Quiénes son los dueños de la tierra del mundo?', de la organización internacional Rights and Resources Initiative (RRI), a pesar de que esta parte de la población ha logrado victorias jurídicas importantes en cuanto a la tenencia de tierra, todavía hay mucho camino por recorrer en cuanto al reconocimiento de los derechos terrenales de estas comunidades.

Sin embargo, entre los hallazgos positivos esta organización encontró que el reconocimiento de los derechos de tenencia de tierra de los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades locales está consagrado en las constituciones de varios países de la región latinoamericana, entre estos Panamá, Perú, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Ecuador y México.

Todos los países mesoamericanos, así como 9 de los 10 países sudamericanos que aparecen en el reporte, cuentan con al menos un marco jurídico para reconocer los derechos colectivos de la tenencia de tierra.

Además, en Panamá se logró el reconocimiento de derechos sobre la tierra del pueblo indígena Naso Tjër Di, a quienes se les reconocieron más de 160.000 hectáreas de tierra, lo que supone un nuevo precedente para la titulación de tierras indígenas en la región de Mesoamérica.

Por otro lado, en Guyana se reconoció el resguardo de Kanashen. Este territorio comprende unas 625.000 hectáreas de selva tropical virgen y es considerada por muchos como la última de las selvas tropicales fronterizas vírgenes en el país sudamericano, un 3% de la superficie del país entero.

Algunos de los países que formaron parte de este reporte fueron: Panamá, Costa Rica, Honduras, México, representando a la parte mesoamericana de la región; y Argentina, Colombia, Guyana, Suriname, Venezuela, entre otros países de América Latina, como parte de la representación del sur de Latinoamérica.

De acuerdo con el Foro Mundial de la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), el reconocimiento de los derechos de las comunidades originarias y afrodescendientes sobre sus territorios es fundamental para lograr los objetivos y metas en cuanto a biodiversidad a nivel mundial.

Esta organización también señala en su informe 'El estado de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales', publicado en 2020, que los pueblos indígenas “deben ser reconocidos como titulares de derechos cruciales y tomadores de decisiones en la conservación y uso sostenible de los recursos naturales”.

A su vez, las contribuciones actuales e históricas realizadas por estas comunidades, así como sus derechos y autoridad de gobernanza, deben ser reconocidos y respaldados por otras autoridades públicas y privadas.

Hasta el momento, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), compuesta por dirigentes indígenas de México y Centroamérica, gestiona el 24% de los bosques de esta región, lo que se traduce a 105.000 km² aproximadamente.

“Tenemos que garantizar el reconocimiento y la protección de todos los pueblos indígenas en sus lugares culturales y sagrados. Tenemos que acelerar nuestra acción, ayudando a ampliar y promulgar las soluciones que nos dieron nuestros antepasados”, destacó Sara Omi, indígena emberá y coordinadora de Mujeres Líderes Territoriales de la AMPB.

De los bosques que gestiona esta alianza, el 40% se encuentra dentro de áreas naturales protegidas, desempeñando un papel importante en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Esta organización también es responsable del 26% del almacenamiento del carbono total que poseen los países de Mesoamérica, lo que se calcula son 3,6 millones de toneladas de CO2.

“Nos estamos uniendo para aprovechar estos avances positivos, para demostrar que el cambio es posible gracias a las luchas arduamente ganadas por nuestras comunidades indígenas y locales en todo el mundo”, señaló Levi Sucre Romero, indígena bribri y coordinador de la AMPB.

Como resultado de estos esfuerzos que han conllevado más de tres décadas de incidencia nacional e internacional para ser tomados en cuenta, desde 2020 se logró que la seguridad de la tenencia de tierra para hombres y mujeres de estas comunidades por igual sean reconocidos como parte de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual no es posible alcanzar sin el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal y los objetivos del Acuerdo de París.