Agua potable, la precariedad de un derecho vital

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en 2010 que el agua es un derecho humano fundamental. El organismo señala que los países deben garantizar que sus ciudadanos tengan acceso suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

En Panamá, aunque el 92.5% de la población tiene acceso a recursos hídricos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, ninguno de los corregimientos en el país alcanza el 100% de abastecimiento.

De hecho, uno de los grandes retos del país en cuanto al agua potable es la continuidad del suministro en todas las provincias, pues en ninguna existe una cobertura completa en la estación seca ni en la estación lluviosa. Incluso hay regiones donde no existen datos sobre el abastecimiento de agua como es el caso de Madugandí y Wargandí en la comarca de Guna Yala.

A pesar de que Panamá cuenta con abundantes recursos hidráulicos -unas 52 cuencas hidrográficas y alrededor de 500 ríos de caudales abundantes-, esto no se traduce en un uso que garantice el derecho al agua.

Al tiempo que las comunidades enfrentan esta situación el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) -institución encargada de gestionar el recurso hídrico nacional- no podido resolver estos problemas, más bien ha enfocado sus esfuerzos en atender la alta morosidad en comunidades que se les cobra aún cuando no han recibido el servicio plenamente. El pasado lunes la entidad informó que en 2023 se iniciarán cortes masivos a las comunidades morosas desde el 7 de noviembre.

De acuerdo con el “Primer Plan Nacional de Seguridad Hídrica: Agua para Todos”, Bocas del Toro y Darién son las provincias del país que cuentan con la menor sostenibilidad del servicio.

En los meses de estación seca un poco menos del 50% de la población en Bocas del Toro cuenta con agua potable las 24 horas del día, mientras que en Darién es incluso menos del 40%. Para la temporada lluviosa los porcentajes aumentan un poco y ambas provincias superan poco más del 50% del suministro.

La Isla Colón, corona del turismo bocatoreño, es prueba de la gravedad de la situación. Desde el 8 de noviembre se declaró en la isla un Estado de Emergencia debido a la falta de suministro de agua potable, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) atribuyó la situación a las pocas precipitaciones en la provincia, que no permite al lago Big Creek producir agua a los niveles requeridos. Sin embargo, los habitantes de la isla sostienen que el problema es de vieja data.

A nivel de comarcas, ninguna llega al 69% de abastecimiento de agua en la temporada seca. La excepción es la comarca Ngöbe Buglé donde un poco más del 70% de la población cuenta con acceso a agua todo el día.

Áreas con una densidad poblacional significativa como Panamá Metro, Colón y Arraiján no escapan de esta realidad a pesar de ser regiones con un rol fundamental en la economía. Anualmente el Idaan invierte $8 millones para prestar agua potable a 82 mil pobladores de estas zonas por medio de carros cisternas.

Quienes se benefician de los carros cisternas que suministran agua potable Panamá Metro, Colón o Arraiján son personas que por contar con asentamientos ilegales no tienen conexiones de agua potable, y otras que sí cuentan con conexiones oficiales mas no reciben el suministro con regularidad.

Para el ecologista Olmedo Carrasquilla es necesario que el Idaan tenga planes de mitigación para aquellas personas que no pueden costear el servicio debido a su situación socioeconómica, partiendo de la idea de que el agua es ante todo un derecho básico.

El crecimiento desmedido de la población panameña ha sido el factor desencadenante de parte de estas irregularidades, debido a que dificulta la distribución espacial del agua en el país. A su vez, el Plan de Seguridad Hídrica explica que los factores de gestión como mal funcionamiento de las redes con daños, la poca capacidad de algunas tuberías y el aumento de asentamientos informales complican aún más la regularidad del suministro en zonas cercanas y nuevos proyectos de vivienda.

“En Panamá es necesario una mano de obra con la formación adecuada y la despolitización del servicio para la mejora de la distribución”, indicó Carrasquilla haciendo énfasis en que nuevas infraestructuras y mejor organización son necesarias para fortalecer el suministro de agua potable.