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- 13/12/2019 00:00
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Las viejas tensiones entre los países sobre el ritmo que se debe imprimir a la lucha contra la emergencia climática y la necesidad de afrontar una reducción más ambiciosa de las emisiones más contaminantes han resurgido en vísperas de la clausura de la cumbre de Madrid.
Esas diferencias, que amenazan incluso con prolongar la cumbre hasta el sábado para tratar de cerrar un acuerdo que satisfaga a todas las partes, se centran en la futura regulación de los mercados de carbono o las medidas que se deben impulsar para ayudar a los países a diversificar su economía, en aquellos casos en los ésta depende casi exclusivamente de los combustibles fósiles.
Aunque estaba prevista inicialmente como una cumbre "de transición", ya que la conferencia no tiene que aprobar ningún documento imprescindible para que el Acuerdo de París entre plenamente en vigor en 2020, la cita sí ha cobrado una especial repercusión ante el cada vez más contundente mensaje de los científicos y la sonora demanda social de una acción más ambiciosa.
Los países discuten sobre cómo ayudar a aquellos que tienen una alta dependencia del petróleo a diversificar su economía, pero algunas partes insisten en que no es lo mismo activar mecanismos de asistencia a Estados como Nigeria o Ecuador que hacerlo a otros con un elevado PIB y renta per cápita como Arabia Saudí.
El Acuerdo de París de 2015 compromete a los países a adoptar medidas para que la temperatura del planeta no aumente por encima de 1,5 grados, y las Contribuciones Nacionales Determinadas (los compromisos específicos de cada país) deberían ser revisadas al alza para cumplir esos objetivos.
Pero los países tampoco se han puesto de acuerdo sobre si esa revisión al alza debe completarse en 2020 o si hay plazo hasta 2023 para hacerlo, y las reticencias de algunos a agilizar esa revisión dificulta hoy el acuerdo.
Entre los Estados que más reticencias están mostrando a la hora de agilizar esas Contribuciones Nacionales figuran algunos, como la India, que son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático y que precisamente están padeciendo con severidad sus impactos.
Tampoco hay consenso todavía en los asuntos relacionados con los mecanismos internacionales de "pérdidas y daños" para ayudar a los países más vulnerables frente a la emergencia climática y con escasa capacidad de actuación para afrontarla solos, como pueden ser algunos pequeños Estados insulares, muchas islas caribeñas, Bangladesh o numerosos lugares de África.
Aumentar la ambición climática para dar respuesta a las evidencias científicas y a las demandas sociales es el eje sobre el que pivotan las negociaciones en la cumbre de Madrid, pero cómo se refleja eso en los acuerdos formales y cuándo deben formalizarse los compromisos más ambiciosos distancian a las partes.
A esas tensiones y diferencias que marcan el tramo final de la conferencia se ha referido la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para apuntar a la disparidad de los países sobre el ritmo de su ambición climática.
"Hay muchas partes que dicen que tenemos que ir más deprisa, tener mas ambición y reforzar el papel de la ciencia, mientras que otros pretenden que nos quedemos en esa letra pequeña del paso a paso", ha manifestado a los periodistas Ribera, y ha observado que esas dos visiones "se ven ya con mucha claridad".
Según la ministra, hay países que cuestionan el papel de la ciencia a la hora de ilustrar las decisiones de los políticos, pese a que "la llamada de la ciencia es clara" sobre la necesidad de reducir las emisiones de efecto invernadero.
"El tiempo útil del que disponemos para evitar un cambio climático catastrófico está acotado a los próximos diez años, por eso deberíamos estar multiplicando nuestros esfuerzos en reducción de emisiones", ha advertido Ribera.
En la que puede ser su última intervención en esta cumbre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha centrado en las oportunidades que puede suponer la transición "de la economía gris a la verde".
Guterres ha destacado que esa transición podría generar 65 millones de nuevos empleos en el mundo hasta 2030 y, al mismo tiempo, hacer frente a la emergencia climática.