SIP preocupado por demandas a medios; abogado de Pérez Balladares responde

La situación de la Corporación La Prensa en Panamá tiene encendida alarmas tanto dentro como fuera del país, provocando una discusión profunda sobre los límites y responsabilidades del periodismo y la libertad de expresión.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó recientemente su preocupación ante la posibilidad de que las múltiples demandas judiciales contra el diario panameño La Prensa sofocaran su capacidad de subsistencia.

Según Annette Planells, presidenta de la junta directiva de Corporación La Prensa, la empresa enfrenta actualmente 15 procesos civiles y 5 demandas penales, que suman más de $60 millones en multas e indemnizaciones.

Entre los demandantes se encuentran figuras públicas como el exjefe de Estado Ernesto Pérez Balladares y la esposa del expresidente Ricardo Martinelli.

“Es preocupante que un medio independiente pueda ver comprometido su futuro por una lluvia de procesos judiciales vinculados con su trabajo periodístico”, declaró Roberto Rock, presidente de la SIP y director del portal digital mexicano La Silla Rota.

Rock advirtió que el acoso judicial propicia una cultura de autocensura que lesiona tanto la labor periodística como el derecho del público a la información.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, hizo un llamado a Panamá para que adecue su legislación a los estándares internacionales y evite que las figuras públicas utilicen demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) para silenciar a los medios.

Una de las demandas más destacadas es la del expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien demandó a La Prensa por difamación tras considerar que fue injuriado en artículos publicados en 2011 que lo vinculaban con un caso de blanqueo de capitales.

En noviembre, un tribunal revocó en segunda instancia un fallo que había exonerado a La Prensa basándose en el principio de real malicia, condenando a la empresa a pagar $5 mil en concepto de daño moral. El caso se encuentra actualmente en apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

En una carta dirigida a la SIP, José María Castillo V., abogado de Ernesto Pérez Balladares, defendió la legitimidad de las demandas.

Castillo argumentó que La Prensa no corrigió ni se disculpó por “la información falsa publicada sobre su cliente”, lo que llevó a la demanda después de un año de resistencia por parte del medio.

“El ejercicio de un derecho en un juzgado no puede considerarse como acoso. Acoso es una campaña mediática que se organiza contra una persona que es considerada enemiga por el dueño del medio y que se dedica a utilizar su medio para extorsionarlo, difamarlo y degradarlo frente a su familia y la sociedad”, escribió Castillo. Además, subrayó la importancia de que los medios ejerzan su labor de manera ética y responsable, corrigiendo errores cuando se presenten.