El juicio al presidente Marco Robles

¿En qué momento empieza el golpe de Estado de 1968? ¿El 11 de octubre, cuando desde David, Chiriquí, el coronel Boris Martinez anunció el derrocamiento del presidente Arnulfo Arias?

¿O fue el primero de ese mismo mes, cuando, poco después de tomar posesión, el mandatario daba inicio a la destitución de los altos cargos de la Guardia Nacional, incitando sus instintos de supervivencia y venganza?

¿O sería el 12 y 13 de mayo, cuando apenas finalizadas las votaciones, proliferaban los ataques armados y robos de urnas de uno y otro bando, para asegurarse el control parlamentario?

Probablemente, el golpe se estaría gestando aun antes.

De acuerdo con algunos reportes de agencias internacionales de prensa de la época, desde finales de 1967 y principios de 1968, Panamá se había convertido en la capital latinoamericana de la conspiración política, en el centro de la traición y de la intriga.

Las agencias aseguraban que con toda seguridad Arnulfo Arias ganaría las elecciones y sería destituido por tercera vez.

Nada contribuiría más a asegurar ese desenlace que el juicio de destitución del presidente Marcos Robles, en marzo de 1968.

CAMPAÑA ELECTORAL

La historia del juicio al presidente Marco Aurelio Robles (1964-1968) comienza en octubre de 1967, con el desmembramiento de la alianza de ocho partidos que lo había llevado al poder, al no ponerse de acuerdo en relación al candidato que los representaría en las elecciones de mayo de 1968.

Para el mandatario, su lógico sucesor era David Samudio, conocido como ‘el arquitecto del plan de desarrollo de Panamá'. Samudio había sido ministro de Planificación y Política Económica durante el gobierno de Nino Chiari y ministro de Hacienda y Tesoro durante el mandato de Marco Robles.

Como ministro de Finanzas, había mejorado la recaudación de impuestos, de $62 millones en 1964 a $96 millones en 1966, sin que se crearan nuevos tributos, solo imponiendo el pago de los existentes.

La candidatura de Samudio fue apoyada por el Partido Liberal, el Progresista, el Laborista Agrario y Liberación Nacional.

Su campaña se basaba en la promesa de reforma: ‘Aquí hay unos pocos que lo tienen todo y muchos que no tienen nada. Eso lo cambiaremos el primero de octubre', decía en sus giras por el interior de la República, asegurando que, una vez convertido en presidente, apoyaría al campesino; le entregaría la tierra al que la trabajara y haría justicia en el cobro de impuestos, ‘tanto entre los de arriba como entre los de abajo'.

El tono de la campaña no gustaba a los jerarcas de los restantes cuatro partidos de la alianza de Robles, representantes de algunas de las familias más ricas del país (los Arias Espinosa, los Galindo, los Chiari, los Delvalle, los Arias Guardia, los Alemán, los Boyd, Romagoza y García de Paredes). Ellos prefirieron buscar otro candidato.

Aunque su primera opción era el vicepresidente Raúl Arango, finalmente decidieron respaldar al partido Panameñista del doctor Arnulfo Arias por considerar que este tenía más experiencia en las elecciones y más oportunidades de ganar el voto popular.

Arias, aseguraban algunos sectores, había ganado las elecciones de 1964 contra el actual presidente Marcos Robles, pero este, en alianza con la Guardia Nacional, le había despojado escandalosamente del triunfo.

Si la gente volvía a votar en 1968 como en 1964, la Unión Nacional, formada por los partidos Coalición Patriótica, Tercer Partido Nacionalista, Acción Democrática, Republicano y Panameñista) podría obtener el 70% de los votos.

Se daba por hecho que el tercer candidato, el doctor Antonio González Revilla, que corría por de la Democracia Cristiana, no tendría la menor oportunidad.

ELECCIONES FRAUDULENTAS

La campaña comenzó desde diciembre de 1967 en un ambiente de profunda desconfianza, acusaciones y alineamiento de ‘fichas'. La alianza gubernamental intentaba inhabilitar a dos de los magistrados del Tribunal Electoral. La alianza opositora acusaba al jefe de cedulación, Leo González, de fraguar un fraude.

‘Ante la destitución de Robles, correspondió al primer vicepresidente Maximiliano Delvalle, del partido Republicano, asumir el máximo cargo del gobierno'.

El golpe táctico más fuerte lo daría el doctor Gonzalez Revilla el 29 de febrero, al presentar ante la Asamblea Nacional, el último día de sesiones ordinarias, una demanda contra el presidente Robles por extralimitación de funciones y violación de la constitución.

La demanda de Revilla recogía los temores de la oposición: el presidente no estaba comprometido en unas elecciones limpias, despedía por montones a empleados públicos de la oposición y fomentaba el uso de recursos del Estado para favorecer a los candidatos de su Alianza.

El candidato Arnulfo Arias, de inmediato respaldó las denuncias: ‘con Robles no hay garantía de unas elecciones libres', dijo a la prensa.

El lunes 4 de marzo, la Asamblea se reunió para evaluar la demanda y decidir si, de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución Nacional, convertiría a la Asamblea en una audiencia para juzgar al presidente.

La oposición tenía la ventaja de los números, fácilmente podía conseguir los dos tercios de votos requeridos para enjuiciar al presidente y destituirlo.

El primer paso fue el nombramiento de un comité para evaluar las acusaciones. La comisión estaba formada por Jacobo Salas, Ovidio Díaz y Abraham Pretto, los tres, opositores. Ellos tendrían un plazo de 10 días para rendir un informe.

Pero el presidente no estaba dispuesto a seguir el juego a la Asamblea. Llamando la investigación una patraña, una ópera bufa, un golpe de estado parlamentario, el 7 de marzo, quiso presentar un recurso de amparo de garantías constitucionales para evitar el juicio. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia estaba cerrada por vacaciones. Como preveía la ley 199 de 1966, el recurso fue presentado ante el Juzgado Segundo Municipal, donde correspondió ver el caso al juez Toribio Ceballos.

El juez Ceballos ordenó la suspensión del juicio de la Asamblea hasta que se presentaran las sumarias del caso ante la Corte Suprema de Justicia, al momento de su reapertura, el 1 de abril.

A pesar del fallo de Ceballos, la Asamblea decidió continuar con el proceso.

El país estaba en vilo. La ciudadanía se sentía preocupada. Se hacían misas en las iglesias. La Cámara de Comercio se reunía con los representantes de la Iglesia para buscar fórmulas de paz. Pero los bandos mantenían posiciones irreconciliables. Nada parecía detenerlos en su aparente paso hacia el abismo.

El 11 de marzo, la comisión especial investigadora presentó el informe a la Asamblea. Era un expediente de 212 páginas, complementado con 317 páginas de pruebas. La comisión había encontrado lo siguiente:

Las instituciones del Estado habían sido usadas para apoyar la candidatura de David Samudio. Los mismos comunicados de prensa emitidos en papel membrete de la Presidencia anunciaban la selección y respaldo del candidato oficial por los estamentos del Estado.

Las Gacetas Oficiales mostraban las destituciones de opositores y nombramientos de simpatizantes en gran escala para los puestos públicos.

El Ejecutivo había disminuido arbitrariamente el presupuesto del Tribunal Electoral. La cantidad asignada no era suficiente para asegurar el pago de erogaciones extraordinarias que correspondían al proceso electoral .

El Ejecutivo había obstaculizado el normal desenvolvimiento de las actividades del Tribunal Electoral, demorando la publicación de las listas electorales y de las papeletas.

El día 14 de marzo, después de estudiar los documentos y pruebas presentadas por la comisión investigadora, la Asamblea sometió a votación del pleno la decisión de hacer o no el juicio al presidente. El resultado fue de 29 votos a favor y 11 en contra. El presidente sería enjuiciado.

EL JUICIO

Tal y como fuera decidido, el día 24 de marzo se llevó a cabo el juicio. Mientras la Asamblea se preparaba para cumplir con los últimos procedimientos, las cámaras de Canal 4 mostraban al jefe del Ejecutivo en ropa deportiva, sentado en un salón del Palacio Presidencial, junto con algunos de sus ministros, viendo a través de la televisión el avance de los acontecimientos. Las cámaras captaron sus descargos contra el proceso: era una patraña, un intento de golpe. Él no reconocería los resultados del juicio.

Pero la Asamblea estaba determinada. Esa noche se celebró la audiencia y como era de esperarse, dado el dominio de la oposición, Robles fue encontrado culpable y depuesto como presidente de la República.

Correspondía al primer vicepresidente de la República, Maximiliano Delvalle, del partido Republicano, hasta hacía pocos meses aliado del presidente, asumir el máximo cargo del gobierno. A las 4 de la mañana fue juramentado por el presidente de la Asamblea, Carlos Agustín Arias, e investido de la banda presidencial.

Inmediatamente, pasó a la Biblioteca de la Asamblea, para designar a su gabinete, que quedó formado por José María Sanchez Borbón (ministro de la Presidencia); Mario Guardia (ministro de Obras Públicas); Manuel González Ruiz (Previsión Social).

Por segunda vez en la historia republicana Panamá tenía dos presidentes y dos gabinetes.

Le correspondía ahora a la Guardia Nacional ser el árbitro de facto entre las dos partes.

En apariencia, el país tenía dos presidentes y dos gabinetes, pero en realidad, estaba bajo control del general Bolívar Vallarino, comandante de la Guardia Nacional

La mayoría de la población del país apostaba que el general Bolívar Vallarino, comandante de la Guardia Nacional, en lugar de favorecer a alguna de los dos bandos, tomaría el poder para sí, tal y como habían estado haciendo los cuerpos militares en otros países de América Latina.

Un aire de inquietud, temor y agitación nerviosa azotaba a la población de la República de Panamá el 24 de marzo de 1968.

Desde los hogares, plazas y oficinas de todo el país, los ciudadanos no despegaban la mirada de los aparatos de radio y televisión en seguimiento a los acontecimientos que tenían lugar en el recinto de la Asamblea Nacional, en la Plaza 5 de mayo.

El edificio del palacio legislativo estaba fuertemente custodiado por efectivos de la Guardia Nacional, dirigidos por el teniente coronel Omar Torrijos Herrera. Equipados con lanza gases y ametralladoras, mantenían el sitio despejado de observadores y curiosos.

Adentro, a las once de la mañana, se daba inicio a uno de los sucesos más significativos de la historia republicana, el juicio de destitución del presidente de la República Marco Robles, acusado de violar la constitución para favorecer al candidato oficial David Samudio en las elecciones de ese mes de mayo.

A las 3:30 de la tarde se dio por finalizado el análisis de las pruebas, un expediente de 312 páginas que documentaba el uso arbitrario de los recursos del Estado y entorpecimiento de las labores del Tribunal Electoral.

Ahora llegaba el momento decisivo: la votación.

Veintinueve de los 30 diputados presentes votaron a favor de la moción. Solo el independiente Carlos Iván Zúñiga prefirió abstenerse.

El presidente Marco Aurelio Robles era ya oficialmente ‘culpable' de ‘coacción electoral y violación del artículo 148 ordenal 2do en concordancia del artículo 102 ordenal 5to de la Constitución'.

‘Marco Rifle' -apodado así por su política de armar a la guardia nacional con fusiles, e instarlos a ‘tirar a matar a todo hampón, delincuente y asaltador sorprendido in fraganti'- había sido destituido por la Asamblea Nacional.

Ahora correspondía juramentar al nuevo presidente.

A las 3:50 hizo su entrada triunfal Max Delvalle, hasta ese momento vicepresidente. Lo acompañaban dos ex ocupantes de la silla presidencial Bernardino Gonzalez Ruiz y Roberto F. Chiari. A las 4:55 pm fue investido con la banda presidencial y juramentado por el presidente de la Asamblea, Carlos Agustín Arias.

‘Yo no alenté esto. No lo busqué. Pero ahora se trata de dar cumplimiento a las leyes. Asumo con firmeza mi responsabilidad histórica y con la voluntad de hacer lo mejor para mi país', dijo ante las cámaras de Televisora Nacional Canal 2 el ‘primer presidente judío de América'.

Enseguida anunció que la más inmediata de sus tareas sería ‘la ordenación de un proceso electoral justo, puro, honrado, que refleje la verdadera voluntad de la nación'.

LA GUARDIA NACIONAL RESPONDE

Apenas minutos después de finalizar el juicio de la Asamblea, las estaciones de radio del país leían el comunicado emitido por el general Bolívar Vallarino, comandante de la Guardia Nacional:

‘Este país no tiene dos presidentes. Solo hay uno y se llama Marco Aurelio Robles. La Guardia Nacional no reconoce la actuación de la Asamblea Nacional y esperará a que la Corte Suprema de Justicia emita su opinión al respecto'.

‘Este es un golpe de estado. Llamo al pueblo panameño a la resistencia civil y una huelga de brazos caídos hasta que Marco Robles abandone la presidencia', fue la respuesta del candidato presidencial y dos veces derrocado presidente de la República, Arnulfo Arias, a las cámaras de Canal 2 —propiedad de la familia Chiari, simpatizante de su alianza Unión Nacional—.

Después de casi un mes de forcejeos políticos, la muchedumbre, exaltada, se tomó las calles. Los seguidores de Arias arrojaban cocteles molotov a la sede de la campaña del candidato presidencial David Samudio. Los seguidores de Robles vandalizaron la oficina de la opositora Unión Nacional.

La policía respondió lanzando bombas lacrimógenas y arrestando esa noche a 300 opositores mientras mantenía el cerco alrededor del palacio legislativo.

DOS PRESIDENTES

El día 26 de marzo, en abierto desafío a la policía, que, a su vez, decía cumplir órdenes del ‘presidente Marco Robles', el ‘presidente Max Delvalle' citó a los diputados a reunirse en la Asamblea para discutir en sesiones extraordinarias cambios al código electoral.

Dispuestos a entrar al palacio legislativo, los diputados se fueron congregando en la calle ‘L'. Allí estaban Roberto Arias (esposo de Margot Fontayn y sobrino de Arnulfo) en su silla de ruedas, conducida por su asistente; Carlos Iván Zúñiga; el presidente Max Delvalle, con su edecán Victor D'Anello; Abraham Pretto, y muchos otros, cuando los efectivos de la guardia, liderados por el teniente coronel Torrijos les lanzaron bombas lacrimógenas.

El nuevo presidente, decidido a ejercer el cargo para el que le habían investido los diputados, trasladó las sesiones legislativas a su casa, asegurando que despediría a Vallarino y a sus 4 jefes del estado mayor.

Durante los días siguientes, con las calles llenas de basura, la ciudad de Panamá continuaría siendo el escenario de múltiples manifestaciones y desordénese callejeros.

El 28 de marzo, dos mil mujeres opositoras, encabezadas por la esposa del presidente de la Asamblea, realizaron una impresionante manifestación pública, vestidas de negro en señal de luto y ondeando pequeñas banderas de Panamá.

Las seguían varios miles de hombres. Cuando uno de ellos descubrió que uno de los guardias que vigilaba la marcha no llevaba armas, se lanzó al ataque, seguido de otros, lo que produjo varios heridos y un muerto.

En las siguientes horas, se volcaron vehículos del Estado. Se lanzaron piedras contra las vitrinas de los establecimientos comerciales.

Hasta los camarógrafos de Canal 4, propiedad de la familia Eleta, que apoyaba la candidatura de Samudio, fueron objeto de los ataques de los frustrados oposicionistas.

‘El fallo contra el presidente debe ser acatado en sus últimas consecuencias para que desaparezca el Estado de intranquilidad que se percibe en la esfera del acontecer nacional y ofrecer a la ciudadanía la seguridad que tendrá elecciones libres y justas', declaró el presidente Max Delvalle, secundando el llamado de Arnulfo Arias de ir a una huelga de brazos caídos hasta que Robles aceptara su destitución.

Pero los llamados de los políticos no tendrían acogida. En apariencia, el país tenía dos presidentes, dos gabinetes. Pero en realidad, estaba bajo control de la Guardia Nacional, que imponía un estado de sitio de facto. Cualquier protesta era inútil.

Los seguidores de Max Delvalle y Arnulfo Arias insistían en que la corte no tenía potestad constitucional para invalidar el juicio contra el presidente, pero la población prefirió esperar el fallo de la Corte.

VUELVE LA CORTE

El 1 de abril, finalmente de vuelta de sus vacaciones de verano, la Corte Suprema de Justicia no emitió ningún pronunciamiento sobre el juicio, limitándose a recibir una solicitud de amparo de garantías para invalidar el proceso contra el presidente Robles.

El día 2, los magistrados anunciaron que no podrían emitir un fallo hasta tanto no tuvieran a mano el expediente, que se encontraba en la Asamblea, custodiado por la policía.

El 3 de abril, los magistrados se presentaron en la Asamblea para hacer inspección ocular de los documentos. La guardia les permitió entrar.

Los diputados tenían potestad constitucional para enjuiciar al Ejecutivo. Eso no estaba en cuestionamiento. Sin embargo, al erigirse en administrador de justicia, la Asamblea había incurrido en faltas de procedimiento. No se había asignado un defensor de oficio al ciudadano presidente; las pruebas no habían sido autenticadas... No se había acatado el amparo de garantías emitido por el juzgado segundo municipal en favor de robles

FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Por fin, el 5 de abril, la Corte emitió su fallo: Los diputados tenían potestad constitucional para enjuiciar al Ejecutivo. Eso no estaba en cuestionamiento. Sin embargo, al erigirse en administrador de justicia, la Asamblea había incurrido en faltas de procedimiento. No se había asignado un defensor de oficio al ciudadano presidente; las pruebas no habían sido autenticadas... No se había acatado el amparo de garantías emitido por el juzgado segundo municipal en favor de Robles. El juicio contra el presidente era inválido.

Fueron ocho votos a favor. El magistrado Carlos Adames hizo salvamento de voto.

Para entonces faltaba menos de un mes para las elecciones. La oposición apostó porque era más fácil conseguir suficientes votos para derrotar al candidato gubernamental en las urnas que desafiar a un presidente que contaba con el respaldo de la Corte y de las fuerzas armadas.

Como se esperaba, el doctor Arnulfo Arias ganó las elecciones presidenciales por 45 mil votos, según el conteo del Tribunal Electoral. Los resultados fueron rechazados por el ingeniero David Samudio, quien insistía en que estos resultados eran fraudulentos y que él había sido el ganador de la contienda.

Durante los días siguientes, la ciudad de Panamá siguió siendo el escenario de disturbios, mientras los dos bandos intentaban, a tiros, robo de urnas y credenciales, asegurarse el control de la Asamblea Nacional.

Las institucionalidad estaba hecha pedazos. La ciudadanía se sentía hastiada e impotente ante la impunidad y descaro con que se comportaban los políticos.

El presidente electo, dos veces derrocado anteriormente, sabía que en el futuro no podría confiar en la Guardia Nacional ni en una asamblea dominada por la oposición.

La Guardia Nacional tampoco se fiaba del nuevo presidente, conocido por sus exabruptos. Pero estaba ahora consciente de su poder.

El golpe de Estado estaba servido.