‘Privatización’ de las pensiones divide posturas sobre reformas a la CSS

El duodécimo día de consultas ciudadanas sobre el proyecto de ley No. 163, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), transcurrió este 2 de diciembre con un choque de planteamientos con perspectivas distantes sobre cómo y quién debe administrar el fondo general de reserva de la Caja de Seguro Social (CSS)

La lista de oradores del día, que ocupaban 40 personas, prometía una jornada larga, que arrancó con las duras críticas al proyecto de ley por parte de la excandidata presidencial por la libre postulación, Maribel Gordón.

La economista y catedrática universitaria acusó al Gobierno del presidente José Rául Mulino de “intimidar” a las personas y organizaciones con posturas críticas . “Hoy amenazan a los jubilados y a los pensionados que de no aprobarse este proyecto de ley en 2025 tendrán que reducir las pensiones iniciando por un 15%(...). No lo plantearon en la mesa de escucha, no lo plantearon ni entregaron información financiera sobre el particular, pero hoy intimidan”, exclamó.

Al tiempo, cuestionó los artículos del proyecto que van del 65 al 70, relacionados con la administración de las pensiones y que abren la posibilidad de que personas jurídicas externas a la CSS cuenten con licencia de administrar el fondo general de reserva de la entidad.

William Hughes, economista y miembro Frenadeso (Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales ), reclamó que el Gobierno, a pesar de que exigió sustento financiero a los proponentes, no ha presentado las “corridas actuariales” completas. Tachó de “falso” que se requiera subir la edad de jubilación para salvar el sistema de pensiones y manifestó que en la propuesta presentada por los trabajadores demuestran que el sistema solidario funciona y el esquema de cuentas individuales “busca la privatización”.

Poco después fue el turno de Juan Arias Strunz, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), quien reconoció que “el proyecto de ley no es perfecto, sin embargo recoge gran parte de las cosas conversadas en las mesas”.

Asimismo, trató de convencer a los presentes de que el proyecto contenía aportes de todos los sectores y lo catalogó como un “híbrido”.

Arias Strunz también se refirió a la posibilidad de que Panamá pierda el grado de inversión que otorgan empresas calificadoras de riesgo internacionales. “Si este proyecto de ley, igual, mejorado, actualizado, como lo queramos hablar, no es aprobado, vamos a perder el grado de inversión”.

Por otro lado, Jorge Nicolau, consultor y miembro de Cciap, aseguró que Panamá tiene el “peor rendimiento” de las inversiones de seguridad social en América Latina, pero señaló que hay que ser cuidadosos con delegar la administración del fondo general de reserva de la CSS a un solo administrador.

“Debe eliminarse del proyecto la posibilidad de delegar la totalidad de los recursos del fondo general de reserva a un solo administrador por los inmensos riesgos a los que estaríamos exponiendo el futuro de 2 millones de cotizantes panameños”, explicó Nicolau.

El artículo 105 de la propuesta permite que una sola empresa administre el millonario fondos de pensiones.

El rechazo al proyecto primó dentro de los representantes de grupos sindicales y de trabajadores, quienes sienten que sus aportes no fueron tomados en cuenta durante las mesas de escucha promovidas desde agosto por el Ejecutivo. En tanto, empresarios tomaron una postura más favorable al proyecto, aunque insistieron en realizar ajustes.

Esa misma línea, pero más crítica, siguió el excandidato presidencial y presidente del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, quien se mostró inconforme con la forma en que el Gobierno del presidente Mulino ha llevado a cabo el proceso de reforma.

“Estamos debatiendo algo tan importante para la nación, pero bajo amenaza. La amenaza del presidente y el Gobierno de que si no se aprueba el proyecto antes de fin de año los pagos a jubilados y pensionados empezarán a recortarse”, detalló Lombana.

El líder de MOCA, pidió la revisión del esquema de recaudación de consulados marítimos, las exoneraciones e incentivos fiscales y el ingreso de las notarías. Además pidió mantener un sistema mixto, que abarque pensiones básicas no contributivas, de beneficio definido y contribución definida.

Pese a las diferencias, el único punto de aparente coincidencia es en la necesidad de modificar la actual Ley 51 de la CSS.