Primera semana de diciembre, crucial para culminar consultas al proyecto de reformas a la CSS

La primera semana de diciembre será crucial para culminar el periodo de consultas al proyecto 163 de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), por lo que una vez transcurrida esa semana solo le quedarán a la Asamblea Nacional 20 días (excluyendo dos días festivos y uno de duelo nacional) para aprobar en sus tres debates este proyecto de ley impulsado por el órgano Ejecutivo.

Ayer se cumplieron los primeros 10 días de este proceso de consultas, en los que han intervenido cerca de 180 ciudadanos o representante de organizaciones, de los 336 oradores que estaban en lista; el resto no ha acudido a estas sesiones que se realizan en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

Según informó el diputado Miguel Ángel Campos, quien forma parte de esta instancia legislativa, ayer fueron atendidas 18 personas y se ausentaron 24.

Tras decretarse ayer un receso, la comisión retomará este proceso el día de mañana y no se descarta que analicen la posibilidad de sesionar este fin de semana.

Con un estimado de 300 participantes pendientes por exponer, según Campos, se espera que este periodo de consultas culmine en una semana y media.

Durante las intervenciones del décimo día, el dirigente de los pueblos originarios, Toribio García, abogó por impulsar la educación y capacitación, como un paso esencial para empoderar a las comunidades indígenas y campesinas, además de la formación técnica y el emprendimiento como pilares para generar oportunidades de empleo.

Sostuvo que actualmente la informalidad laboral en áreas rurales e indígenas impide que miles de trabajadores contribuyan al sistema, debilitando su sostenibilidad, por lo que también propuso la ejecución de programas de microfinanzas y asistencia técnica para los pequeños productores y la promoción de cooperativas que fortalezcan las cadenas de valor en la región.

Por su parte, el jurista Juan Manuel Castulovich propuso declarar imprescriptible la evasión del pago de cuotas para que aquellos que se hayan apropiado de las cuotas de los trabajadores paguen por ello, ya que el no pago de cuotas, según el Código Penal, es un delito de peculado.

Cuestionó también que la Comisión de Inversiones de la junta directiva de la CSS, tal cual como se propone en este proyecto de ley, sea presidido por el ministro de Economía y Finanzas, por lo que consideró que la junta directiva es la que debe decidir cómo se organiza y cómo reglamenta su trabajo.

“En qué queda la declaración que han hecho muchas veces de que los asegurados son los dueños de la Caja de Seguro Social, si los asegurados no pueden ni se les toma en cuenta para que ellos decidan cómo se invierten los dineros que ellos aportan y por los cuales pretenden garantizarse su jubilación”, precisó Castulovich.

En tanto, Milciades Vega Núñez, de la Organización Nacional de Pensionados y Jubilados Activos de la CSS, se refirió a lo planteado en el proyecto que apunta a un incremento del 3 % de aporte por parte del sector empresarial, señalando que al final ese aporte lo pagará el pueblo, porque será transferido a todos los ciudadanos con el alza de los productos que comercializan.

Advirtió que el proyecto de ley impulsado por el Órgano Ejecutivo no puede ser aprobado por la Asamblea y afirmó que irán a las calles para que este proyecto no pase.

Mientras que el presidente de la Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Raúl Montenegro Vallarino, se mostró preocupado con el artículo 6 del proyecto de ley 163.

Parte de este artículo le da la facultad a la CSS para inspeccionar los lugares de trabajo de todas las personas sujetas al régimen de seguro social y de examinar sus libros de contabilidad, sus planillas, sus listas de pago, sus declaraciones de pagos a terceros y todos aquellos documentos que sean necesarios, para verificar y comprobar el pago de sueldos, salarios, honorarios, gastos de representación y otros, así como el cumplimiento por parte de los empleadores de sus obligaciones para con la institución, tanto en materia de cotizaciones como de salud ocupacional.

“Consideramos que la facultad de acceder a la base de datos de las empresas pone en riesgo su confidencialidad y la información empresarial sensible que debe ser protegida”, indicó Montenegro.

Agregó que es esencial determinar las prestaciones médicas a los asegurados mediante una gobernanza efectiva, tanto en la administración como en la junta directiva de la CSS, por lo que objetó el artículo 17 que establece los requisitos para ser miembro de la junta directiva.

Esta disposición, dijo, deja afuera a otros expertos que también podrían hacer contribuciones importantes como, por ejemplo, los ingenieros. “La junta directiva debe buscar un equilibrio en su composición, integrando tanto a empresarios y representantes del sector privado, como a personas que dependan más directamente del sistema de jubilación que cumplan con la experiencia y tengan el nivel académico”, destacó.

Montenegro se mostró a favor de la norma propuesta relativa a las facultades y deberes del director general de la CSS, como autorizar los gastos que no excedan de un millón de dólares para promover una administración más eficiente y ágil de la CSS. “Estamos seguros de que el límite propuesto no es un monto arbitrario, sino que es el resultado de un análisis técnico fundamentado”, afirmó.

No obstante, consideró que este nivel de autonomía debe complementarse con mecanismos robustos de supervisión que refuercen la transparencia y la confianza en la gestión de la CSS.

En tal sentido, propuso la creación de una figura similar al fiscalizador general que se implementa en la Autoridad del Canal de Panamá, con su respectiva estructura y adscrita directamente a la junta directiva que promueva un entorno de rendición de cuentas y que beneficie a todos los panameños.

Por su parte, Carlos González, dirigente de la organización obrera Convergencia Sindical, negó que en las mesas de escucha creadas para la presentación de propuestas por parte de los diversos sectores, no se discutieron propuestas y negó que haya habido consenso en la elaboración de este proyecto de ley.

“Eso refleja que empezamos mal, que pusimos la carreta delante de los caballos. Frente a esto, creemos que la Comisión de Salud debe crear mesas de trabajo y que se discutan las propuestas artículo por artículo, por bloque, por tema y salga de verdad un proyecto de ley consensuado”, afirmó.

Manifestó que una de las propuestas del sector obrero es que la junta directiva designe al director de la CSS y que no sea el presidente de la República.

“No debería ser el presidente; si seguimos con ese tipo de gobernanza, el presidente que esté siempre va a buscar a un director que sea afín a él o afín a sus intereses. Debe utilizarse un modelo igual al del Canal del Canal, donde la junta directiva del Canal de Panamá es la que escoge al administrador. Ese es el modelo de gobernanza y administración que nosotros necesitamos en la Caja de Seguro Social”, recalcó González.