Genisa: el acuerdo firmado viola seguridad jurídica

La firma del pacto entre el Gobierno Nacional y las autoridades de la comarca Ngäbe Buglé que intenta definir el futuro de la hidroeléctrica de Barro Blanco sigue generando conflictos.

Los primeros en mostrar su desacuerdo por el sello que pone fin a la discordia que data del 2001 fueron un grupo de familias que se ven afectadas directamente y que rechazaron el acuerdo lanzando piedras al presidente, Juan Carlos Varela.

JUAN CARLOS VARELA

‘Hay que respetar a los caciques de la comarca, que fueron escogidos democráticamente'

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

Son unas 200 personas las que serán reubicadas, un punto que es cuestionado porque el pacto no especifica el lugar.

Crescencia Prado, diputada del Partido Revolucionario Democrático, explicó que el congreso local que debe avalar el acuerdo no existe, ya que no se escogió, por lo que se le sugirió a Silvia Carrera que tratara de acordar con el Gobierno quiénes son los dirigentes reales de la comarca.

La Corte Suprema de Justicia desconoció las autoridades escogidas en los últimos cinco años, dijo Prado.

En base a ello, ‘lo primero que se tiene que hacer es definir quiénes son las autoridades. A la fecha, ninguno de los que dicen ser dirigentes son reconocidos por la Ley', añadió la diputada.

Para la diputada, lo primero que tenía que hacer el Gobierno era tratar de poner en orden la dirigencia indígena y que a Carrera tampoco le correspondía firmar el acuerdo, pues antes había que ser avalado por los delegados del congreso y no los directivos. Reiteró que no hay congreso y recomendó que sería mejor ‘empezar de cero'.

CRESCENCIA PRADO

‘El documento no deja nada claro. El 49% de la ganancias debería ser para el pueblo Ngäbe Buglé'

DIPUTADA CIRCUITO 12-3

Por otra parte, Prado resaltó que no se saben cuál empresa se encargará de la administración en representación de Genisa.

Generadora del Istmo S.A. (Genisa) no forma parte del acuerdo firmado, lo que, según un comunicado de la empresa, ‘viola su seguridad jurídica'.

‘Manifestamos de manera formal nuestro desacuerdo ante las imposiciones incluidas en dicho convenio y las afectaciones sufridas hasta la fecha y que sobrevendrán a futuro a este proyecto como consecuencia de la mesa del diálogo', comunica Genisa.

Señaló también que se reservan el derecho a ejercer las acciones y ‘utilizar los mecanismos legales a nuestra disposición para proteger nuestro derecho a un trato justo y equitativo de nuestra inversión y que se cumpla con los principios de legalidad y respeto a nuestros derechos como concesionarios, a la propiedad privada y a la seguridad jurídica'.

Las posibles acciones legales no sorprendieron al administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Roberto Meana, quien indicó que los primeros cuatro puntos del acuerdo fueron aportados por Genisa y los bancos que financiaron el proyecto.

FIRMA DEL CONVENIO

‘También le sugirieron al Gobierno que sus acciones y que la deuda del proyecto sea manejadas por un fideicomiso, a través del Banco Nacional de Panamá', dijo Meana.

Agregó que lo que involucran los puntos es que el proyecto sea manejado por un fideicomiso y un tercero independiente. ‘Genisa seguirá recibiendo las utilidades que tenía que recibir del proyecto, siempre y cuando se pague la deuda, operación, mantenimiento y se mantenga la utilidad que iba a recibir aquí', dijo Meana.

El funcionario destacó que Genisa ‘voluntariamente se desprenda de la administración del proyecto, con la intención de resolver un conflicto de más de siete años'.

A las opiniones encontradas después de la firma del acuerdo, se suma la de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), que apoya a la empresa Genisa y expresa preocupación por el acuerdo firmado, ‘sin desacreditar los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno Nacional', dicen mediante comunicado.

El gremio empresarial hace un llamado al Ejecutivo para que divulgue mayores detalles sobre el acuerdo, incluyendo ‘cómo el mismo se enmarca dentro de la ley, para así enviar una señal clara de que en Panamá se respeta la seguridad jurídica de las inversiones'.

Siendo la supuesta violación de la seguridad jurídica un punto y argumento de Genisa, el Gobierno comunicó que la administración del presidente Juan Carlos Varela promueve el Estado de derecho y, en función de eso, a ‘cualquier empresa que se sienta afectada por sus decisiones le asiste el derecho de acudir a los tribunales'.