Minería con la que todos salen ganando

PANAMÁ. El 11 de julio de 1971 el Gobierno de Chile promulgó una reforma constitucional que nacionalizó el cobre en ese país y que a su paso promovió la creación de una empresa encargada de operar y administrar las pertenencias mineras cedidas al Estado.

Fue así como mediante el decreto Ley 1350 de 1976 se creó la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), empresa minera propiedad del Estado chileno con personería jurídica y patrimonio propio.

A partir de esa fecha, la nueva empresa se encargaría de la exploración, desarrollo y explotación de recursos mineros de cobre y subproductos, así como también su procesamiento hasta convertirlos en cobre refinado, hasta su posterior comercialización.

En la actualidad, la corporación es encabezada por un directorio de nueve integrantes, designados de acuerdo con normas establecidas en la ley del país sureño.

La compañía ejecuta sus operaciones a través de cuatro divisiones mineras más la Fundición y Refinería Ventanas, que pertenece a Codelco desde mayo de 2005. Su estrategia corporativa es coordinada desde la casa matriz, ubicada en la capital, Santiago.

Esta iniciativa permitió a Codelco convertirse en el primer productor de cobre del mundo, alcanzando cerca del 20% de las reservas mundiales del metal rojo, activos propios por más de $16,039 millones y un patrimonio que en 2009 ascendió a $5,309 millones.

LA PROPUESTA DEL PP

Al parecer, aquella reforma constitucional que promovió el Gobierno de Chile allá por la década del 70 es parecida a la que presentará este lunes al gobierno la máxima dirigencia del Partido Popular.

Según la propuesta del PP, el gobierno debe implementar una empresa mixta público-privada, donde el Estado panameño tendría el 51% de las acciones, mientras que el resto del porcentaje le corresponderá a la empresa privada. De esta manera, el Estado se convertirá en dueño de la riqueza minera por explotar, y por ende en su auténtico socio, ya que participará en la determinación del precio, recibirá utilidades y no regalías, al destinar utilidades directas a las comunidades afectadas.

También recomienda fortalecer la Dirección General de Recursos Mineros del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Autoridad Nacional del Ambiente, mediante la regulación y fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales, y la elaboración de una estrategia de Desarrollo Minero sobre sólidas bases científico-técnicas, que incluya un plan de ordenamiento territorial versus uso de suelos.

Para la dirigencia del Partido Popular, este nuevo modelo alternativo sólo será posible si la Asamblea suspende las reformas al Código Minero y aprueba la anhelada ley de moratoria que han propuesto los grupos que desde el inicio han mostrado su oposición a las reformas del Código Minero.

‘Panameñizar la experiencia chilena, que ha sido exitosa, debe ser tomado en cuenta por nuestras autoridades, porque una cosa es que el Estado reciba regalías y otra que reciba utilidades’, señaló Aníbal Culiollis.

De acuerdo con el dirigente, el Estado debe ser socio de las empresas, lo que les llevaría a convertirse en el primer garante de que se cumplan las normas ambientales.

‘HAY QUE LEER EL DOCUMENTO’

El presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, no descartó la posibilidad de que, de llegar esta propuesta a este Órgano del Estado, pueda ser evaluada.

‘No la hemos leído pero me gustaría tenerla para poder discutirla con los diputados’, expresó el diputado oficialista.

Por su parte, el diputado Leandro Ávila, del opositor PRD, avaló la propuesta del PP puesto que —según él— al constituirse una empresa mixta cuya mayoría de capital sea de Panamá, se aseguraría que los recursos se queden en el país y no que las mineras retribuyan ‘migajas’.

GOBIERNO GUARDA DISTANCIA

No obstante, al ser consultado sobre la propuesta del PP, el ministro encargado de la cartera de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, prefirió guardar distancia y no emitir ninguna opinión, pues considera que la propuesta que será presentada ‘es meramente política’.