Oydén Ortega se enfrenta al reto de procesar a Martinelli

Investigar al expresidente Ricardo Martinelli por el supuesto desfalco en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) no es la única tarea sensible que la Corte Suprema de Justicia ha encargado al magistrado de lo civil Oydén Ortega.

Antes de este expediente, en el despacho de Ortega —nombrado en 2006 por el entonces presidente Martín Torrijos— ha reposado un abanico de causas mediáticas, entre ellas la disputa por la herencia millonaria del estadounidense Wilson Lucom, el complicado caso Cemis y el escandaloso fallo contra los periodistas Sabrina Bacal, Justino González y, en general, el ejercicio de la libre prensa.

En función de los complejos expedientes que le han tocado, ahora hay quienes se preguntan si Ortega podrá con Ricardo Martinelli.

Desde octubre de 2010 reposa en el Legislativo una denuncia en su contra. Lo señalan de haber ‘delinquido' al apoyar el cambio del testamento de Lucom, que alcanzaba los $50 millones, entre activos líquidos y propiedades (entre ellas la hacienda Santa Mónica en Coclé).

LA HERENCIA DE TODOS

Los bienes, que en principio debían ser para ‘los niños pobres de Panamá', quedaron a nombre de la viuda de Lucom. Hacienda Santa Mónica —que representa el 80% de la herencia— fue vendida después al primer ministro de Economía de Martinelli, Alberto Vallarino, quien pretendía desde ahí la titulación de la playa de Juan Hombrón, la misma costa que la familia de su compañero de Gabinete Demetrio Papadimitriu pretendía.

El exnotario Mario Velásquez Chizmar aseguraba en la queja —que incluía además a los magistrados Harley Mitchell y Alberto Cigarruista, también firmantes del fallo— que la Corte había violado la voluntad de Lucom, algo sobre lo que no podían decidir.

Entre los políticos creen que, más allá, hubo un ‘golpe de voluntades' desde el poder Ejecutivo, liderado durante esos días por Martinelli. El gobierno no podía solo: para entonces había nombrado apenas a dos de los nueve magistrados de la Corte (Alejandro Moncada y José Abel Almengor), por lo que la mayoría era todavía una utopía.

Los asesores de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional han recomendado a los diputados no admitir la queja de Velásquez Chizmar porque, ‘con fundamento en el artículo 1196 del Código Judicial, los fallos de la Corte no son susceptibles de recurso alguno'.

PROBLEMA ‘MULTIMODAL'

Cuatro años después de la presentación de la denuncia por el caso Lucom, la Corte ponía punto final al escándalo por el soborno de diputados para la aprobación de una ley que permitiría la construcción del Centro Multimodal en Colón, el Cemis.

El caso enredó a la Asamblea Legislativa, al PRD, al panameñismo, al gobierno de Mireya Moscoso y todavía más a Martín Torrijos.

Ortega fue comisionado en 2009 como ponente de este expediente, que para entonces llevaba seis años congelado en la Corte. En 2003 los magistrados decidieron cerrar la investigación sin llamar a juicio a nadie, pero la emisión de un video en el que el exdiputado Manuel de la Hoz implicaba a Torrijos en la trama para el pago de comisiones a legisladores del PRD, los obligó a reabrirla.

Ana Matilde Gómez, como procuradora General de la Nación, hizo la petición al máximo tribunal.

En algunos círculos se cree que el Cemis ha sido utilizado siempre como un banderín para neutralizar el balance mediático. Escándalo mata escándalo, dicen algunos.

La causa, al menos para Torrijos, murió el año pasado, cuando en pleno los magistrados anularon el proceso en su contra y lo sobreyeron, tras cinco años de debate por la inmunidad que le otorgaba ser diputado del Parlacen.

La violación de ese fuero electoral fue lo que precipitó la investigación, según determinó la Corte. Es curioso: se trata de la misma discusión que empantanó la apertura de la causa contra Martinelli. La que ahora Ortega lleva sobre sus hombros.

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AUDIENCIA

Defensa del expresidente intentará frenar caso

El lunes por la tarde, los abogados Sidney Sitton y Rogelio Cruz intentarán que la Corte Suprema de Justicia anule el proceso judicial recién abierto contra el expresidente Ricardo Martinelli.

Ese día tendrán una cita con el magistrado de garantías del caso, Jerónimo Mejía, al que expondrán los supuestos vicios que llevarían al archivo del expediente.

‘Tenemos suficientes argumentos', insiste Sitton. Uno de ellos sería el supuesto fuero electoral que adquiriría Martinelli al llamar Cambio Democrático a nuevas elecciones. El Tribunal Electoral ya lo había descartado como un obstáculo para la investigación.

Esta es la primera maniobra en el proceso judicial. El martes, la Corte notificó a los defensores de Martinelli sobre dónde y cómo ubicar al magistrado Ortega.

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POSTURAS DEL MAGISTRADO

Ortega es parte de la Sala Primera de lo Civil de la Corte.

CAUSA GÓMEZ

El magistrado salvó su voto en el proceso que se seguía contra la entonces procuradora Ana Matilde Gómez, y que terminó en su destitución.

ARGUMENTO

Según Ortega, Gómez no había cometido abuso de autoridad al ordenar investigar al fiscal Arquimedes Sáez, acusado de concusión.

CASO EISENMANN

También salvó su voto en la decisión de la Corte de no admitir un amparo de Desarrollo Golf Coronado contra el secuestro que le decretó la DGI. A su juicio, no se cumplió con el debido proceso.