Renuncia de Rodríguez, el dilema en el caso de los lingotes de oro

La renuncia como diputada de la aspirante presidencial por la libre postulación Zulay Rodríguez, a quien se le sigue un proceso por la supuesta apropiación de unas láminas de oro propiedad del fallecido comerciante mexicano José Luis Penagos, ha generado interrogantes.

Para ayer estaba prevista la audiencia de imputación de cargos contra la diputada, sin embargo, fue pospuesta para el próximo 7 de marzo por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ariadne García, quien funge como juez de garantías en el proceso.

La decisión de la magistrada se produjo debido a que Rodríguez no compareció al acto de audiencia, que empezó a las 2:03 de la tarde. Ángel Álvarez, abogado de Rodríguez, quien participó de la audiencia vía Zoom, además de pedir realizar la audiencia en una fecha posterior debido a que Rodríguez no se encontraba en la misma, argumentó que su clienta ya no es diputada, por lo que la Corte Suprema de Justicia ya no tendría competencia para procesarla.

Rodríguez anunció el pasado lunes 26 de febrero que había renunciado a su curul como diputada, lo que obligaría a la Corte a remitir el caso al sistema ordinario de justicia. No obstante, la magistrada García manifestó en la audiencia de ayer que a la Corte, hasta ese momento, no había llegado ninguna nota formal sobre la renuncia de Rodríguez a su curul.

En horas de la tarde de ayer el tema tuvo un giro inesperado, cuando el diputado presidente de la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Raúl Pineda, remitió una nota al procurador de la Administración, Rigoberto González, en la que pide aclarar algunas dudas sobre las funciones administrativas de la comisión de Credenciales que preside.

Detalla que según lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento Orgánico de Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la comisión de Credenciales tiene, entre otras funciones, conocer de la renuncia del cargo de diputado o diputada de la Asamblea Nacional.

En tal sentido, Pineda pidió al procurador su opinión técnica sobre “el alcance de la disposición y qué tipo de trámites, en su criterio, debería adelantar la comisión para cumplir a cabalidad el espíritu de la norma y por tanto las funciones correspondientes a la misma”.

”Es mi intención como presidente de la comisión de Credenciales guiar a mis colegas comisionados en los procedimientos legales y así garantizar el cumplimiento de nuestras funciones. En nuestro afán de no cometer errores de interpretación o aplicación de la norma, le ruego se sirva en dispensar nuestra consulta en el menor tiempo posible”, señala la nota del diputado enviada al procurador.

En la audiencia realizada ayer también se conectó por Zoom un hijo de José Luis Penagos, cuya familia denunció a Rodríguez por la presunta comisión de cuatro delitos: lavado de dinero, abuso de confianza, asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia.

Tras el anuncio de posposición de la audiencia por parte de la magistrada jueza, el abogado de Rodríguez pidió que la audiencia del 7 de marzo se realice de manera presencial.

Frente al pedido hecho por el diputado Pineda al procurador González, el abogado Ernesto Cedeño manifestó que el diputado hace esta petición violando de manera flagrante la Ley 38 de 2000, en su articulo 6, que señala que cuando una institución le va a consultar al procurador, debe adjuntar el criterio de asesoría legal, y la Asamblea tiene asesores legales, dijo.

“A mi criterio, esa consulta no debe ser ni tratada ni tramitada por el procurador de la Administración, y si lo hace, es porque se trata de un pedido de un diputado y establecería una especie de desequilibrio en cuanto a que si lo pide un diputado, viola la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Administración, y si lo pide otra institución, entonces sí se le exige criterio de asesoría jurídica. Yo creo que allí gravita un desconocimiento grande del diputado del derecho público”, concluyó.