Proyecto de ley sobre declaración jurada pasa a segundo debate

A pesar de algunas objeciones al proyecto de ley 27 que transparenta las gestiones de los servidores públicos de alta jerarquía y que amplía la lista de funcionarios que deberá presentar anualmente una declaración jurada de estado patrimonial y una declaración de intereses particulares, la propuesta fue aprobada en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

El proyecto, impulsado por el diputado de la bancada independiente Vamos, Roberto Zúñiga, obligará a los diputados y sus suplentes, representantes de corregimiento, concejales, a los alcaldes y vicealcaldes, a presentar anualmente una declaración jurada de estado patrimonial.

También incluye a los secretarios generales municipales, gobernadores, a los directores de la Autoridad Nacional de Aduana y Servicio Nacional de Migración, los jefes diplomáticos y consulares, los superintendentes de bancos, Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros, miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos o tomen decisiones al respecto. Igual estarían los miembros de juntas directivas encargadas de administrar instituciones públicas.

Esta lista de funcionarios se agrega a la ya establecida en la Constitución en su artículo 304 ampliada por la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999.

El primero en objetar este proyecto fue el diputado del oficialista partido Realizando Metas (RM) y presidente de la Comisión, Luis Eduardo Camacho.

“Para mí, este proyecto tiene una norma que viola la Constitución que define cuáles son los funcionarios que están obligados tanto a suministrar la declaración de bienes patrimoniales como la declaración de intereses particulares. Eso atenta contra el artículo 304 de la Constitución”, dijo.

A la sesión comparecieron funcionarios de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), del Ministerio Público, el Defensor del Pueblo; Eduardo Leblanc, y representantes de organizaciones como la Fundación para la Libertad Ciudadana, de Espacio Cívico y la presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Maritza Cedeño Vásquez.

La representante de la Antai, Yalenis Ortiz hizo algunas observaciones al proyecto, una de ella giró en torno a la falta de capacidad de los servidores para la publicación de las declaraciones juradas que deberán hacer públicas en su página web.

Manifestó que en el último ejercicio de recepción de declaraciones de intereses se recibieron alrededor de 40 mil declaraciones, por lo que habría que estimar una capacidad adicional de los servidores para poder que esto sea factible, lo que conlleva una inversión que no está contemplada en el presupuesto de la actual vigencia fiscal.

También recomendó que se haga anómino el nombre de la persona jurídica que pueda venderle un bien inmueble a aquel funcionario obligado a presentar una declaración jurada. “Con el proyecto cualquier persona natural que por algún motivo le venda un bien inmueble a alguien que sea sujeto obligado a presentar esta declaración, se estarán publicando sin su consentimiento sus datos personales, además de otros aspectos como el valor del bien, la fecha de venta, entre otros”.

Mientras que Grisel Mojica, del Ministerio Público, manifestó que el proyecto amplía el catálogo de funcionarios que deben presentar estas declaraciones, algo a lo cual no se oponen, pero objetó que la norma incluya a los fiscales, ya que no todos: fiscales superiores, fiscales adjuntos y fiscales de circuito, tienen el mismo nivel de exposición. “Allí habría que ver el tema porque los de mayor jerarquía estarían más expuestos”, dijo.

Sostuvo que el catálogo de datos que se está proponiendo tanto para la declaración de Estado patrimonial como para la declaración de intereses particulares es extenso y complejo, por lo que recomendó una mesa de trabajo para hacer una depuración de lo que requieren el Ministerio Público y la Contraloría General de la República para hacer las investigaciones por enriquecimiento ilícito injustificado.

Por su parte, el representante de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Irán Perelis expresó su respaldo el proyecto señalando que las leyes 59 y 316 contienen brechas y vacíos que no han permitido su aplicación real y efectiva, entre estas, la opacidad de dichas declaraciones, la prohibición de su acceso público, falta de actualización anual y régimen de excepciones de ciertos funcionarios, además de la falta de capacidad de los entes receptores de los documentos para verificar la autenticidad del contenido y vigilar preventivamente las señales de posibles alertas.

Mientras que el defensor del Pueblo manifestó que es fundamental que las leyes y regulaciones que rigen las declaraciones juradas de bienes, respeten el derecho a la intimidad de los funcionarios y aseguren la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función, el equilibrio adecuado y que pueda encontrarse mediante la implementación de medidas que protejan la información sensible sin sacrificar la lucha contra la corrupción.

La presidenta del CNA señaló por su parte que al Colegio Nacional de Abogados le preocupa la manera como el proyecto está establecido en cuanto al hacer pública toda la información que debe ir dentro de estas declaraciones.

Recordó que el artículo 4 de la Constitución establece claramente el derecho de la privacidad, por lo que consideró que con este proyecto se estaría violentado esta norma constitucional, toda vez de que en él se establece que debemos acatar normas de derecho internacional y el derecho a la privacidad es una de ellas.

A pesar de las observaciones y luego de realizadas al menos dos modificaciones al proyecto, el documento fue aprobado en primer debate tras recibir 6 votos a favor de los diputados Roberto Zúñiga, Ariel Vallarino, Manuel Cheng, Francisco Brea y las diputadas suplentes Ana María Poveda y, Joana Cedeño; el único voto en contra fue el del diputado Camacho.