Presupuesto 2025: ¿Choque de estrategias entre el Ejecutivo y el Legislativo?

A tan solo siete días para que culmine el periodo ordinario de sesiones, el próximo 31 de octubre, se desconoce aún qué pasará con el proyecto de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2025, cuyo análisis avanza lentamente en medio de un pulseo de estrategias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo.

Con la decisión de la Comisión de Presupuesto de recomendar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacerle modificaciones, y con una nueva resolución de esta instancia legislativa para que todas las instituciones del Estado tengan que comparecer a las vistas presupuestarias, el tiempo no alcanzará para aprobar el presupuesto antes del 31 de octubre.

Apenas el pasado lunes, la Comisión de Presupuesto había aprobado una resolución para que algunas entidades pasaran por el filtro de las vistas presupuestarias, la mayoría de ellas ministerios. Para llamar al resto de las instituciones, quedaría a discreción de los diputados de esta instancia.

Tras iniciarse el martes las vistas presupuestarias, el director de presupuesto del MEF, Aurelio Mejía, manifestó a los diputados comisionados de presupuesto que el MEF consideraba que cada institución debe presentar su vista presupuestaria y, luego de eso, que esta instancia legislativa hiciera las recomendaciones.

Sostuvo que la entidad está preparando cada documentación y va a tomar nota de cada recomendación, tal cual como se emitió en la resolución de la Comisión de Presupuesto la noche del martes.

“Yo no veo ningún inconveniente en que se presente -a las vistas presupuestarias- el Gobierno Central de primero y luego vamos desfilando las otras instituciones”, precisó Mejía.

En la resolución de la Comisión de Presupuesto emitida la noche del martes, esta instancia recomendó nuevamente al Órgano Ejecutivo, modificar el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2025 tras detectar “falencias” e “incompatibilidades”.

Ya esta comisión había cuestionado el primer proyecto de presupuesto presentado debido incumplimientos a leyes en materia presupuestarias del sector educación y por la baja asignación en proyectos de inversión, lo que obligó el ministro de Economía, Felipe Chapman, a retirar el proyecto.

Según la resolución de esta comisión que objetó el nuevo proyecto de ley, contiene falencias e incompatibilidades con algunas leyes del sector educación, de las universidades y la Ley de Descentralización, soslayando lo señalado en ellas respecto a la elaboración del Presupuesto General del Estado.

Dentro de estas falencias se mencionaba el incumplimiento de leyes como la 362 de 2023 que modifica la Ley 47 de 1946 Orgánica de Educación que indica que a partir del año 2024 el gasto público e inversión en el sector educativo, no será inferior al 7 % del producto interno bruto. De igual manera, la no asignación al completo de los montos que se les debe asignar a los municipios y juntas comunales a través de la Autoridad Nacional de Descentralización y los montos para funcionamiento establecido en las leyes vigentes en materia presupuestaria para las universidades.

Sesiones extraordinarias

A pesar de los cuestionamientos de la Comisión de Presupuesto, esta instancia, por lo complicado del tema, avanza lentamente con las vistas presupuestarias de las instituciones y prácticamente lo que queda es un llamado a sesiones extraordinarias por parte del Órgano Ejecutivo para aprobar el proyecto en sus tres debates.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó recientemente que llamaría a sesiones extraordinarias en noviembre para abordar hasta diciembre el proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), pero la única manera de que la Asamblea pueda aprobar el presupuesto del Estado sería a través de un llamado a sesiones extraordinarias.

En tal sentido, el diputado de la bancada independiente Vamos, Augusto Palacios, precisó que producto de las circunstancias de tiempo y los evidentes vicios de ilegalidad en incumplimiento de leyes de descentralización y educación en cuanto a sus fondos, se emitió la resolución con las recomendaciones y dijo que el Ejecutivo se ha comprometido a adendar este presupuesto para entregarlo a esta Asamblea por tarde, el próximo lunes 28 de octubre.

Destacó que es probable que para discutir el presupuesto sea necesario que el Órgano Ejecutivo haga un llamado a sesiones extraordinarias.

Para el diputado Eliécer Castrellón, del Partido Popular (PP), hay leyes que no se pueden violar en la aprobación de un presupuesto como la ley descentralización y los reglamentos de las universidades. No obstante, indicó que ya hay una línea de comunicación -con el Ejecutivo- en ese sentido y esperan que se hagan las correcciones necesarias “para que mantengamos un ambiente de tranquilidad y que se respeten los derechos constitucionales que marca cada ley”, afirmó Castrellón.

¿Qué pasa si no se aprueba el presupuesto?

Si no se llega a aprobar el Presupuesto General del Estado antes del 31 de diciembre próximo, la Constitución establece algunas normativas. Según el artículo 272 de la Constitución, si el proyecto de Presupuesto General del Estado no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el Órgano Ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete. De igual manera en el artículo 273 de la Carta Magna señala que si la Asamblea Nacional rechaza el proyecto de Presupuesto General del Estado, se considerará automáticamente prorrogado el Presupuesto del ejercicio anterior -2024- hasta que se apruebe el nuevo Presupuesto y también automáticamente aprobadas las partidas previstas en el proyecto de Presupuesto rechazado respecto al servicio de la deuda pública, el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y el financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por la Ley.

¿Choques de estrategias entre el Ejecutivo y el Legislativo?

La exdiputada Ana Matilde Gómez expresó sus sospechas de una posible estrategia del gobierno “detrás de tanta falla técnica y violaciones a la ley en la presentación del presupuesto”, una estrategia de agotar a los diputados que cuestionan o hacerle ‘bypass’ a la Asamblea Nacional, para que finalmente si el presupuesto no es votado, sea aprobado -en Consejo de Gabinete- el que presentó el Ejecutivo y que asciende a 26.835.2 millones de dólares.

“Mi duda es que con el alto perfil profesional que tiene el ministro Chapman y el equipo técnico que, en teoría, no han removido a todo el mundo en el MEF y conocen de estos detalles técnicos, cometer errores con normas que están en la ley solo puede deberse a dos cosas: o quieren que sea así, o sea, quieren violar la ley para que se estanque el debate y no haya votación y se quede el presupuesto que inicialmente presentaron, o que sea rechazado y trabajar con los millones que estaban aprobados en el presupuesto de 2024, o simplemente hay una incompetencia muy grande”, indicó.

Sostuvo que una cosa sería que los diputados no estuvieran aceptando las reducciones o los ajustes al presupuesto porque se están afectando algunas comunidades, pero enfatizó que violar la ley del 7 % en materia de educación, la ley de responsabilidad social fiscal que se debe aprobar primero que el presupuesto, violar lo dispuesto en la Ley de Descentralización con la distribución del impuesto de inmueble, se busca desconocer las conquistas sociales e irrespetar el poder popular, dijo.

“Pareciera que no ha habido esa armónica colaboración, no se han puesto de acuerdo para la elaboración de este presupuesto para que se balancearan las cargas”, expresó.

No obstante, fuentes legislativas afirman que algunos diputados de la Asamblea Nacional, también tienen su estrategia y es llevar la discusión del proyecto hasta el final para propiciar su rechazo. De ser rechazado en la Asamblea, el presupuesto que regiría para 2025 sería el de 2024, según lo establecido en el artículo 273 de la Constitución, y que supera los 30 mil millones de dólares.