Piden modificar o retirar de la Asamblea ley de extinción de dominio

La subcomisión de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, encargada de la discusión sobre el Proyecto de ley de extinción de dominio de Bienes Ilícitos reactivó nuevamente las consultas sobre el mismo. Especialistas a través de un foro analizaron los pros y contras de la iniciativa y a su vez diputados y abogados solicitaron la modificación o su retiro.

El proyecto de ley de 94 artículos, estaría sujeto a que 60 artículos sean modificados, por lo que el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, quien pidió al ministro Pino, retirarlo del Legislativo, durante este foro, señaló que “sí” quiere una ley de extinción de dominio, pero reiteró que el proyecto presentado por el Ministerio de Seguridad no recoge las garantías de defensa de protección de ningún ciudadano, ni de ninguna organización del país “y no se ajusta a las competencias legales que como país democrático hemos desarrollado”.

El diputado Adames, indico que la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad “ de que no se vaya a decir en el futuro ‘ fue la Asamblea Nacional la que de manera irresponsable, no concertada, estableció este mecanismo’”.

El diputado del Partido Molirena, Tito Rodríguez Mena, indicó que si se tienen que modificar 60 artículos de 94, que contiene este proyecto de ley, lo mejor es devolverlo al Ejecutivo y redactar un nuevo texto, “creo que serían demasiados artículos que habría que modificar y no tendría peso”.

El diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales y de la subcomisión que analiza el proyecto, indicó que no van a aprobar una ley a la velocidad para que después cuando la gente salga perjudicada se lo recriminen. “Y de mí, no se van acordar de esa manera”, aseguró.

Mencionó que en este periodo de consultas, lo que buscan es elaborar una ley que no viole las garantías de los panameños, el derecho a la propiedad privada y la presunción de inocencia, pero que se castigue enérgicamente todo lo que tenga que ver con narcotráfico, trata de personas, terrorismo y tráfico internacional de armas, que es el origen principal de la ley, “cualquier cosa que se le quiera adicionar, va en contravía de nuestro Código Procesal Penal”.

“Yo he escuchado historias de terror de gente humilde que tuvo un hijo que fue delincuente, pero que heredaron una casa de 30, 40, 50 años, en lugar de perseguir al delincuente, persiguen los bienes de las personas, que están ligadas a ellos”, añadió el diputado Ávila.

El presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, advirtió que mientras no haya modificación del texto original del proyecto de ley y que se limite a la figura de extinción de dominio a dos flagelos puntuales, como el narcotráfico y el crimen organizado, estará destinado a ser rechazado y archivado. “Solo así se podría tener los consensos para avanzar. De lo contrario, si se mantiene como está y que simplemente no va a tener los matices que requiere hablar de los extraordinario y ordinario, el proyecto estará destinado a ser archivado”, agregó Araúz.

El catedrático y abogado Miguel Antonio Bernal, mencionó que, esta norma es muy peligrosa para los panameños porque va contra la presunción de inocencia, contra el debido proceso y contra la propiedad privada, entre otros aspectos.

Calificó como “abuso de autoridad” la forma en que a su juicio, se quiere imponer este proyecto por parte del Ministerio de Seguridad, “lamentablemente tenemos una sociedad que no tiene conocimiento mínimo de sus derechos y eso le permite al Ministro de Seguridad y al Gobierno tratar de marear a la gente, haciéndole creer que es la salvación de Panamá y la intromisión de la Embajadora de Estados Unidos en Panamá, revela que realmente hay unos intereses que no son pro panameños”.

Manifestó que lo más sano para el país sería, que se retire el proyecto de la Asamblea Nacional, “lo que es necesario, es que las normas que ya nosotros tenemos en los distintos códigos, se establezcan dentro de una ley que ataque directamente a los temas que son necesarios, pero tal como está redactado este proyecto de ley, no puede pasar porque es dañino y perjudicial por donde se mire”.

La Dra. Sondra Macollins Garvino Pinto, abogada colombiana, experta en derechos humanos, con 26 años de ejercicio profesional en tema de extinción de dominio en su país natal y Estados Unidos, explicó que basada en su experiencia, Panamá debe armar su propio camino, y que si van a copiar algo, que sea exitoso. A su juicio , Colombia no ha sido lo mejor en el tema de corrupción y en el tema de persecución de narcotráfico. “Tenemos 27 años con esta ley y hemos incrementado la corrupción y la ilegalidad no la hemos disminuido”.

La experta destacó que el modelo de la ley de extinción de dominio de Estados Unidos, ha sido un modelo exitoso, no solo en persecución judicial, sino también a nivel económico, “es una economía estable y creo que si van hacer algo deben tratar de copiar los modelos que han sido exitosos pero basados en la realidad panameña, porque cada país tiene su realidad”.

Alertó que esta ley no garantiza el procedimiento a favor de terceros de buena fe, el cumplimiento de términos judiciales, no define la administración de los bienes, no garantiza el debido proceso y garantías constitucionales, viola la presunción de inocencia y el derecho de la propiedad privada, no genera seguridad jurídica y no garantiza los recursos pata la implementación.

La ley de extinción de dominio fue presentada el 28 de abril a la Asamblea Nacional, por el ministro de Seguridad Publica, Juan Manuel Pino.

Pino se ha mantenido firme y ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a retirarlo, “ya está en la cuna, es decir, en la Asamblea, “desarrollémoslo en el momento preciso, estamos a tiempo de hacer los cambios, los ajustes y estamos dispuestos a escuchar y debatir”.