Piden al TE descartar jurados de mesa con menos de dos años de haber renunciado a partidos políticos

Sectores de la sociedad civil, aglutinados en la organización Unidos por la Democracia, pidieron a los magistrados del Tribunal Electoral (TE), descartar a los jurados de mesa de las próximas elecciones generales del 5 de mayo, que no tengan al menos dos años de haber renunciado a los partidos políticos de los que formaban parte.

En una nota remitida por esta organización al magistrado presidente del TE, Alfredo Juncá, se indica que en el Decreto 29 del 30 de mayo de 2022, que convoca a la elección general del 5 de mayo de 2024, se establecen los requisitos para ser funcionario electoral en las corporaciones electorales, en este caso jurado de mesa, y se requiere no ser miembro de partido político legalmente constituido ni adherente de uno en formación o de un candidato por la libre postulación.

Destacan, además, que según información oficial que consta en el sitio web del Tribunal Electoral, estos miembros de mesa deben cumplir, entre otros requisitos, con no ser miembro de un partido político legalmente constituido ni adherente de uno en formación, solamente con seis meses de antelación al día de las elecciones.

Al respecto consideran esta exigencia “muy endeble” para la importante labor de estos guardianes de la democracia.

“Nos parece muy poco tiempo y creemos firmemente que no nos garantizaría ninguna real independencia de la influencia de la política partidista en las mesas de votación”, advierten.

Aseguran que la participación previa en partidos políticos por parte de jurados de mesa –ya registrados actualmente bajo los requisitos actuales–, o aspirantes, debe revestirse de transparencia para evitar que este rol de guardianes independientes de la contienda electoral sea utilizado como una herramienta que facilite el “juega vivo” de partidos políticos.

Plantean que con la norma actual se torna más fácil que miembros de dichos partidos se desinscriban en un periodo tan corto de seis meses previos al día de las elecciones, para fungir como jurados de mesa.

Por tal razón, consideran que si lo que se persigue es legitimar esta contienda electoral, se debe actuar consecuente a ello, por lo que solicitan que este requisito de seis meses se eleve a dos años, y como consecuencia de ello desestimen a todos aquellos jurados de mesa o funcionarios electorales que no cumplan con este periodo de dos años sin pertenecer a ningún partido político, y así evitar posibles situaciones antidemocráticas el día de las elecciones.

Para Enrique de Obarrio, expresidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresas (Apede), quien es uno de los firmantes de la nota que Unidos por la Democracia remitió al magistrado Juncá, la norma electoral claramente indica que las personas seleccionadas para actuar como funcionarios electorales y poder participar en las corporaciones electorales, no pueden pertenecer a partido político alguno ni ser adherentes de uno en formación o de un candidato de libre postulación.

Explicó que luego se reglamentó ese artículo para establecer que los aspirantes que iban a formar parte de las corporaciones electorales, no podían haber pertenecido a algún partido político dentro de los seis meses de antelación al día de las elecciones.

De Obarrio señala que consideran que esa reglamentación se quedó corta y que es posible que algunas personas que dos años antes de las elecciones se hayan salido de algún partido, hoy hayan sido aceptados para formar parte de las corporaciones electorales, “en el caso que nos ocupa me refiero sobre todo a las mesas electorales”.

Sostuvo que el primer paso, de fácil constatación, sería determinar quiénes entre aquellos ya escogidos, estuvieron inscritos en partidos políticos en el periodo mencionado, y reemplazarlos. “Esto le daría mucha más confianza a todo el proceso y eliminaría dudas. Es una disposición reglamentaria lo que hay que modificar, lo cual pueden hacer los magistrados en forma casi expedita”, aseguró.

Añadió que de mantenerse la norma cuestionada, el riesgo es tener en las corporaciones electorales a personas que estén personalmente inclinadas hacia alguna de las candidaturas, lo cual pudiera atentar contra la pureza del sufragio y el respeto de la decisión informada y consciente del elector.

Además de de Obarrio, la nota enviada al magistrado Juncá fue firmada por Aurelio Barría, Isabel Cristina López, Santiago Ernesto Duque, Alfredo Maduro,. Ricardo Tribaldos, Carlos Ernesto González, Carlos David Abadía, César Tribaldos, Gabriel Tribaldos, Franklin Martínez, Antonio Saad y Roberto Troncoso.