Martinelli Corro, libre con país por cárcel

El Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) revocó la medida impuesta por la jueza de garantías de detención preventiva que mantenían presos a Ramón Martinelli Corro y a Jorge Luis Álvarez Cummings, ambos imputados por delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

En su lugar impuso la prohibición de salida del país, reporte periódico los martes y jueves de cada semana y mantenerse en el mismo domicilio, además de poner en custodia de las autoridades sus pasaportes.

El 6 de febrero de 2018, producto de una revisión que hicieran dos motorizados linces al vehículo donde viajaban los mencionados, se hallaron $20 mil cuya procedencia no se logró justificar, por lo que la jueza de garantías decretó en ese momento la detención de ambos ciudadanos.

La defensa de los señalados indicó que el dinero que había entregado a sus clientes una mexicana que arribó a Panamá en una línea comercial procedente de México fue declarado en aduanas y que eran para comprar dos bitcoins o ‘criptomonedas'. No obstante, en la audiencia, no se detalló cómo se realizaría la transacción ni quién compraría las monedas digitales, lo que será producto de la investigación que tiene como término seis meses.

Este lunes, en audiencia celebrada en horas de la tarde, los dos imputados se defendieron ante el tribunal que les concedió el uso de la palabra.

Martinelli Corro rebatió las afirmaciones de Javier Franco, de la Fiscalía Especializada de Drogas, sobre supuestos vínculos que mantienen los dos ciudadanos con grupos del crimen organizado en México.

‘La fiscalía mantiene el mismo argumento de la peligrosidad y fuga, así como mis supuestos vínculos en México. Fuimos objeto de una investigación en México, pero en ella no se acreditó ninguna vinculación con ningún grupo delincuencial', se defendió Martinelli Corro de los señalamientos del fiscal al recordar que en 2012, Martinelli Corro y Álvarez Cummings fueron procesados en México por el mismo delito y pasaron tres años en prisión.

Ante los antecedentes que planteaba la fiscalía como argumento para que el Tribunal no concediera una medida distinta a la detención preventiva, detalló que los imputados cuentan con capacidad económica y vínculos en México que podrían utilizar para burlar los controles fronterizos del país y darse a la fuga, situación que rebatió la defensa de ambos, Ivón Peña, alegando que sus clientes no se dieron a la fuga cuando fueron requisados por los agentes.

En su lugar, Peña planteó al Tribunal aplicar una medida de arraigo domiciliario con la posibilidad de firmar dos veces por semana para garantizar la presencia de los señalados en el proceso que se les sigue por este delito.