Osman Gómez, sin fuero penal electoral

Actualizado
  • 01/03/2024 00:00
Creado
  • 29/02/2024 19:22
El candidato a diputado es investigado por el supuesto delito contra la administración pública

El fuero penal electoral que protegía a Osman Gómez, candidato a diputado por el partido Alianza, fue levantado tras la solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

Gómez fue detenido en el mes de enero, pero el fuero electoral que lo protegía lo dejó en libertad.

La investigación se centra en presuntos actos irregulares relacionados con la junta comunal de Baco, en el distrito de Barú de la provincia de Chiriquí.

La Fiscalía Anticorrupción ha llevado a cabo diligencias para esclarecer los hechos y determinar si existen pruebas que vinculen a Gómez con posibles delitos electorales.

La decisión de levantar el fuero penal electoral fue emitida mediante un edicto del Juzgado Cuarto, bajo el número 11-2024-J4AE. Este paso legal permite que Osman Gómez sea sometido a investigaciones y procesos judiciales sin el amparo que otorga el fuero penal electoral.

Gómez fue diputado por el Partido Panameñista por tres periodos (1999-2004) (2004-2009) y (2009-2014) en este último quinquenio figuró como uno de los tránsfugas saltando al Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).

El Código Electoral señala que “se consagra el fuero electoral para proteger a los actores del proceso electoral de medidas laborales, administrativas o judiciales dirigidas a obstaculizar, ya sea el ejercicio de una función electoral o de sus derechos políticos, según sea el caso”.

Esta garantía se aplica tanto a las elecciones generales como a las internas o primarias de los partidos políticos (artículo 218-C, numeral 2-A); y la Ley 29 de 2017, por la cual se reformó el Código Electoral, redujo significativamente el tiempo de duración del fuero electoral penal.

Para los candidatos, el fuero electoral penal se redujo a 15 días después de la ejecutoria de la proclamación. Antes de la reforma, el fuero penal electoral se extendía hasta tres meses después de cerrado el proceso electoral.

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