PRD: Las investigaciones del MP son 'deficientes'

Políticos, abogados y voceros de la sociedad civil panameña han manifestado posiciones encontradas por la decisión de la magistrada Ángela Russo sobre el caso del escándalo por la compra de radares a la empresa Finmeccanica.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD), después de reuniones internas, hizo severos cuestionamientos al papel del Ministerio Público y lo responsabilizó por ‘el fracaso' de las investigaciones. A la vez, rechazó la intromisión del presidente de la República, Juan Carlos Varela, en el órgano de justicia panameño, por su conversación con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado.

FALLO POR FINMECCANICA

La semana pasada se anunció la admisión de un amparo de garantías

La Corte consideró que la Fiscalía a cargo del caso se extendió en el tiempo límite para investigar.

Con la decisión se anula el proceso de Finmeccanica.

El colectivo opositor hizo un llamado a las distintas fuerzas sociales del país para retomar los compromisos del Pacto de Estado por la Justicia, a fin de lograr su efectiva implementación y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Pedro Miguel González, secretario general del PRD y portavoz del colectivo, calificó de ‘mediocre y débil' el papel del Ministerio Público y dijo que ‘el cuestionado fallo agudiza la incertidumbre existente en torno a la administración de justicia'.

El diputado insistió en el ‘preocupante grado de selectividad a favor de los delitos de cuello blanco, en comparación con el trato (que reciben) 17 mil privados de libertad'.

La dirigencia del PRD dejó claro que ‘bajo ninguna circunstancia dicho fallo debe interpretarse como la inexistencia de un acto de corrupción que le costó cientos de millones al Estado'.

La cúpula del partido asegura que tanto el Ministerio Público como el Órgano Ejecutivo son responsables de no haber ampliado las capacidades de las instituciones encargadas de llevar adelante las investigaciones al no crear fiscalías especiales ni dotar de los recursos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo que ‘está generando fracasos en las causas iniciadas'.

Con respecto a las declaraciones del presidente Varela, el PRD sostiene que el pronunciamiento del mandatario en un ‘tono amenazante' y decir que el magistrado José Ayú Prado debe solicitar renuncias o proceder con destituciones de funcionarios judiciales o que ‘se atenga a las consecuencias', constituye ‘una intromisión indebida del poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del poder Judicial'.

CCI ENVÍA NOTA A PORCELL

El movimiento Ciudadanos Contra la Impunidad (CCI) envió una nota a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, en la que expresan su preocupación por la crisis institucional en el Sistema Judicial, la cual se agudiza con las declaraciones de la funcionaria, la semana pasada.

En la nota piden que se revele quiénes son los que ‘están presionando' para que los casos emblemáticos no lleguen a su término.

En la misma vía que el PRD, el CCI le cuestiona a Porcell no haber tomado las providencias para solicitar el presupuesto necesario para crear más fiscalías que enfrentaran tan complejos casos y evitar que no se pudieran concluir.

La organización insiste en que esto agudiza la crisis en el Órgano Judicial, por lo que apuntan, ‘lo que menos queremos los panameños es que se genere inestabilidad con lo expresado por usted'.

CNA ADVIERTE PELIGRO

La directiva del Colegio Nacional de Abogados (CNA) también se pronunció y manifestó preocupación por las declaraciones de la fiscal general.

Los abogados señalan que la administración de justicia no puede ser considerada endeble y ‘menos por la máxima representante del Ministerio Público, pues estaríamos frente a un caso de crucial peligro'.

El CNA pide que el Ministerio Público siga adelante con las investigaciones que le corresponden y que todos los individuos a los que se les endilgan delitos, tengan derecho a un juicio justo.

Los abogados dejan claro que cualquier proceso legal que se desarrolle ‘no es ilimitado' y que debe cumplir con las normas legales y constitucionales existentes.

El pronunciamiento de los abogados concluye con que las acciones de los responsables de los entes encargados de la administración de justicia deben realizarse con pleno apego a la ley y a la Constitución de la República.

PÉREZ BALLADARES HABLA

El expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, también se pronunció al respecto.

El exmandatario consideró ‘desafortunado' que el presidente Varela descalifique la gestión del Órgano Judicial. ‘Esas son críticas políticas y me parece desafortunado que se ponga en esa situación', expresó.

‘Creo en la independencia de los órganos del Estado y me parece absurdo que haya intervención de uno de los órganos en el otro', apuntó Pérez Balladares.

Precisó que es necesario revisar la institucionalidad del país con posibles reformas constitucionales, además de modificar las instituciones actuales que ya cumplieron su período de vida.

‘Preocupa el camino de la institucionalidad de este país', afirmó el exjefe de Estado, al ser abordado por periodistas durante el encuentro sostenido con los antiguos miembros de su gabinete ministerial, además de los colaboradores de su Gobierno, con la finalidad de desdibujar la realidad sociopolítica actual y los principales hechos que han marcado pauta en la vida noticiosa del país, como los roles que han ejercido recientemente el Órgano Judicial, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, y el Ejecutivo.

POSICIÓN DE LOS KIWANIS

El club Kiwanis de Panamá exigió pleno respaldo ciudadano a las acciones e investigaciones del Ministerio Público en casos de alto perfil donde existen personas señaladas por corrupción y que se dé celeridad a los procesos.

En un comunicado al país, el club cívico enfatizó que casos como Financial Pacific, Odebrecht, New Business, Riegos de Tonosí y el de los radares (Finmeccanica) precisan de acciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, dentro del marco de la Ley, con transparencia total y pleno respeto del debido proceso.

‘Exigimos que la procuradora Kenia Porcell dé inicio a investigaciones que esclarezcan su pronunciamiento, y que lleven a juicio a aquellas personas que de alguna forma están amenazando a fiscales o entorpeciendo procesos', destaca la nota.

El grupo cívico considera además que debe darse expedita discusión al proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos de corrupción, ‘para que se convierta en Ley de la República lo antes posible'.

‘El crimen organizado debe ser perseguido hasta las últimas consecuencias; queremos un Panamá donde prevalezca la justicia', señala el club Kiwanis en su comunicado.