Decreto del MEF sobre avalúos es ilegal, alega la diputada Rodríguez

La sociedad panameña fue sorprendida ayer al conocer la publicación del Decreto Ejecutivo 130 de 6 de junio de 2017, por el que se fijan normas para actualizar la información catastral, dado que bajo esta denominación se estipulan procedimientos que afectarán a todos los habitantes que cuenten con un pedazo de tierra o una casa.

Ante los primeros cuestionamientos, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, rechazó que el decreto contemple reavalúos, y rechazó que haya sido ‘un golazo' para el pueblo, como se plantea en los corrillos populares.

El viceministro Iván Zarak protestó en las redes sociales por la equivocada interpretación de la medida y en un tuit personal indicó que la noticia se había publicado de forma ‘alarmista'.

Sin embargo, las mismas redes sociales fueron el canal para que se levantaran múltiples dudas y opiniones sobre el tema, por lo que el MEF emitió un comunicado para aclarar el objetivo del citado decreto ejecutivo.

EXPLICACIÓN Y CRÍTICAS

El Decreto Ejecutivo No. 130 reglamenta la actualización catastral

Según la diputada Zulay Rodríguez, todo lo que tiene implicación fiscal se debe regular mediante ley y no con decreto.

La canciller Isabel de Saint Malo pide leer bien el Decreto Ejecutivo.

En su escrito, el MEF sostiene que el Decreto 130 no hace referencia al establecimiento de nuevos reavalúos, sino que trata únicamente de la reglamentación de un procedimiento de actualización y de intercambio de información intergubernamental, entre los municipios, la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).

Además, el decreto establece que los contribuyentes deberán desglosar el valor del terreno y de las mejoras a una propiedad cuando registren una escritura de compra venta de inmuebles.

Esta información, precisa el MEF, es esencial para que la DGI aplique las exoneraciones y normas tributarias correspondientes a los inmuebles, como está estipulado en el Código Fiscal.

Además, el decreto establece que los municipios le envíen, tanto a la Anati como a la DGI, información de los permisos de ocupación y de construcción que emiten sobre las propiedades donde se lleven a cabo construcciones. El objetivo es que esa información vaya de una autoridad a otra, para facilitar los trámites a los contribuyentes.

LA CANCILLER SE PRONUNCIA

La vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo, pidió a los medios que lean bien el mencionado decreto ejecutivo y no la nota aparecida en La Estrella de Panamá , la cual, aseguraba, no decía realmente la verdad del decreto.

A pesar de las claras intenciones que aduce el MEF en su nota sobre el Decreto 130, la diputada Zulay Rodríguez, quien ha mantenido una campaña de denuncia contra la Ley 66 de 2015 o de Descentralización, afirma que el 130 es un decreto ilegal, porque sobrepasa el Código Fiscal, ya que todo lo que tenga alguna implicación fiscal debe estar contemplado en una ley formal, no en un decreto, tal como lo estipula el artículo 52 de la Constitución Política.

Agrega Rodríguez que la DGI no puede proporcionarle a ningún municipio información de los contribuyentes supuestamente morosos, debido a que la información es confidencial. A su juicio, hacer esto sería una especie de ‘tercerización' de la fiscalización y cobro del impuesto de inmueble.

Un diputado que se mantiene neutral y que defendió la Ley de Descentralización es Javier Ortega. Estimó que el Gobierno debe explicar de forma más clara los alcances de este decreto, ‘pues lo que yo entiendo que la gente debe comunicar los anexos (mejoras) que está haciendo en sus casas'.

No obstante, opina que cualquier cosa que surja respecto al tema de impuesto de inmueble y salir a la opinión pública, crea suspicacias, molestias y preocupación entre la gente.

Y recordó que durante un año se ha estado promoviendo la aprobación de una ley para bajar el impuesto de bien inmueble, que, a su juicio, busca eliminar este tributo y destruir la descentralización, porque los municipios se quedarían sin dinero.

Ernesto Cedeño, activo abogado y especialista en la cosa pública, sostiene que se debió explicar mejor la medida antes de su promulgación.