Las otras medidas cautelares superan la detención preventiva

A pesar de las quejas por las órdenes de detención preventiva que ha girado el Ministerio Público contra exfuncionarios de alto perfil del gobierno de Ricardo Martinelli, la realidad es que éstas no superan en cantidad a las de medida cautelar.

En total, son 17 exministros y viceministros de la pasada administración investigados por el Ministerio Público. A algunos de ellos ya se les ha comunicado que su juicio será en el año 2016.

De esta cifra, seis están detenidos, en su mayoría en las celdas de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial.

Los casos de los 17 exfuncionarios están relacionados con el uso indebido de fondos públicos, principalmente en el escándalo del Programa de Ayuda Nacional (PAN), con la excepción del exministro de Salud, Javier Díaz, que mantiene la medida de notificarse los 30 de cada mes por una investigación relacionada con el proyecto Ciudad Hospitalaria.

El Ministerio Público, además, tiene abierta otra investigación en la que se menciona a la exministra de Vivienda, Yasmina Pimentel. Sin embargo, hasta el momento no ha sido girada orden en su contra.

Los dos exdirectores del PAN, Giacomo Tamburelli y Rafael Guardia están tenidos, el primero con casa por cárcel y el segundo en la Cárcel Renacer. El exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Eduardo Jaén, tiene país por cárcel, y Franklin Oduber, exdirector de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, está detenido desde el 11 de agosto.

Los exviceministros Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, con 10 meses, son los que mas tiempo tienen de estar presos. Sus procesos están relacionados con los pinchazos telefónicos, aunque Garuz también enfrente un proceso por la compra de equipo de espía en el que se habla de una lesión patrimonial de $13.4 millones.

El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, el que más tiempo lleva detenido, tiene ocho meses y enfrenta dos procesos relacionados con el uso irregular de fondos del PAN. En total, suman, hasta el momento, un poco más de $120 millones, de los cuales se han recuperado $65 millones.

La primera medida cautelar de país por cárcel fue aplicada a la exministra de Educación, Lucy Molinar, por la compra de mochilas escolares a través del PAN. Además, enfrenta otros procesos relacionados con el PAN.

Todos los procesos, excepto el que enfrenta Guardia, se iniciaron bajo la administración de Kenia Porcell, que llegó al Ministerio Público el 2 de enero, en remplazo de Ana Belfon.