El MAG teme que resolución de la DGI ahuyente la inversión

El Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) teme que una resolución de la Dirección General de Ingresos (DGI), la cual adopta la lista de jurisdicciones participantes del Estándar Común de Reporte, genere un efecto cascada y debilite la inversión extranjera.

El 6 de julio, la DGI publicó en la Gaceta Oficial la Resolución Nº 201-4037 para el intercambio de información fiscal.

A juicio del MAG, esta resolución afecta los servicios internacionales y al sector profesional, que se esfuerza en promover ventajas comparativas.

‘Sin lugar a duda, la aprobación de dicha resolución producirá un efecto cascada, ahuyentando todavía más la inversión extranjera y, en consecuencia, debilitando la ya precaria y disminuida economía panameña', aseguró Raúl Rodríguez, presidente del MAG, en conferencia de prensa.

El presidente del gremio de abogados reprochó enérgicamente al Gobierno por no realizar ningún tipo de consulta ciudadana antes de adoptar y aplicar medidas como las contenidas en la referida resolución, que perjudican la economía del país.

Los agremiados esperan que se tomen las medidas para enfrentar y resolver la crisis económica que a traviesa el país, la cual ha causado una disminución de la inversión extranjera directa por $2,190 millones, según estimaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá citadas por los juristas.

También exigió al gobierno poner un alto inmediato a las pretensiones de la OCDE hasta que todos sus miembros cumplan con todas las medidas que exigen a Panamá.

El MAG solicitó al Gobierno que convoque de manera inmediata a los representantes de las organizaciones que prestan servicios financieros y que han sido afectadas por la crisis económica, para que presenten alternativas de solución, para que dichas propuestas sean escuchadas y atendidas con la urgencia que el problema amerita.

ACCIÓN GUBERNAMENTAL

La decisión se publicó en la Gaceta Oficial el viernes 6 de julio

La DGI hizo de conocimiento público la lista de jurisdicciones participantes del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Intercambio Automático de Información Financiera, según lo dispuesto en el Decreto 124 de mayo de 2014.

‘Pedimos al gobierno que designe una Comisión de alto nivel que establezca una mesa de diálogo para que escuche planteamientos y las alternativas de solución para recuperar al sector de servicios financieros internacionales de la República porque no hacer nada significa aniquilar la pujante clase media de este país', apuntó Rodríguez.

Por su parte, el abogado Adolfo Linares afirmó que las actuaciones de las autoridades gubernamentales son ‘un ataque a la profesión y es un ataque a toda la privacidad de toda aquella persona panameña o extranjera que tenga que recurrir a los profesionales de la abogacía'.

En la rueda de prensa, Linares destacó que todas las leyes, con el pretexto de prevenir el lavado de dinero y el terrorismo, ‘nos han arrebatado a los abogados y a los clientes el nexo más fundamental, que es el derecho a la confidencialidad'.

La DGI ha concluido un Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para ‘mejorar el cumplimiento fiscal internacional sobre la base de intercambio automático recíproco en aplicación de la convención, y con base de un intercambio automático recíproco en aplicación de la convención, y sujetas a las medidas de confidencialidad y otras protecciones previstas en el mismo, incluidas las disposiciones que limitan el uso de la información intercambiada al amparo de la Convención'.

La DGI hizo de conocimiento público la lista de jurisdicciones participantes del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Intercambio Automático de Información Financiera, según lo dispuesto en el Decreto 124 de mayo de 2014.

Según detalla la DGI en la resolución, la conforman 99 naciones.

El MAG hizo un llamado a todas las organizaciones gremiales para que, de manera conjunta, exijan al Gobierno adoptar medidas tendientes a enderezar la maltrecha economía del país, producto de la ‘nefasta' legislación aplicada de forma ‘inconsulta' al sector de servicios financieros internacionales.