Los desafíos del nuevo gobierno de José Raúl Mulino

A pesar de que su campaña electoral se caracterizó por la figura del expresidente Ricardo Martinelli, a quien considera como ‘su amigo’, asilado en la embajada de Nicaragua, al nuevo presidente le esperan desafíos complejos que requerirán de una audacia y manejo político para atender asuntos nacionales pendientes de gran envergadura.

Mucho se especula sobre la influencia y los vínculos que ejercerá el expresidente Martinelli en la administración de Mulino.

El expresidente, sobre quien pesa una condena de 128 meses por el delito de blanqueo de capitales como consecuencia del caso New Business, pisó la sede diplomática el pasado 7 de febrero, alegando persecución política.

Hasta el presente, la Cancillería panameña le ha negado el salvoconducto para viajar al país centroamericano, bajo la dictadura del régimen Ortega-Murillo.

Una incógnita que tal vez se despeje el próximo 1 de julio, fecha de traspaso de mando.

Martinelli fue designado “corrupto” por el gobierno de Estados Unidos y su presencia en Panamá, además de cercanía con Mulino, podría representar, según fuentes consultadas “un obstáculo en las relaciones entre ambos países”. Washington ha sido un aliado histórico de Panamá principalmente en materia de seguridad, geopolítica y en temas sociales.

Si bien, para llegar a la presidencia Mulino logró capitalizar la popularidad y el cúmulo de votos que estaban dirigidos al ‘Loco’, antes candidato presidencial y luego inhabilitado constitucionalmente como consecuencia de la condena, Mulino tendría como tarea individualizar su mandato, con impronta propia.

Primeros pasos

Las primeras señales se verán con el nombramiento del gabinete. Una parte importante de los cercanos a Martinelli mantienen procesos pendientes con la justicia.

Si la figura de Martinelli ejerce influencia en el próximo equipo de gobierno, es muy probable que sus sugerencias pasen por la aprobación de Mulino.

Entre las figuras que posiblemente puedan ocupar la cancillería, se asoma el nombre de Anibal Galindo, diplomático y abogado quien acompañó a Mulino en la votación de este domingo, “por su perfil es posible que ocupe el cargo de ministro de Relaciones Exteriores”, según la fuente que conversó con ‘La Estrella de Panamá’.

Al próximo gobierno le espera un escenario muy complicado ante los problemas estructurales que han dejado de largo las administraciones pasadas.

Más que consensos, será necesaria una agenda nacional de desarrollo lo suficientemente amplia para resolver asuntos urgentes, a mediano y largo plazo.

Para ello, deberá conciliar posiciones en una Asamblea Nacional fracturada y con sus adversarios políticos.

Será crucial adoptar una estrategia que le permita avanzar en la agenda política prometida y cumplir con las responsabilidades gubernamentales anticipadas durante la campaña.

En este panorama, de los más complejos de la historia republicana, se destacan temas urgentes en espera de atención, como el déficit del programa de pensiones cuyas reservas se agotan este año, justo cuando toma posesión el nuevo gobierno.

A esto se suma la reestructuración de la seguridad social en materia administrativa y en atención de salud.

Este resulta un tema espinoso para los panameños por las distantes posiciones entre empresarios y sindicatos, y la implementación o no de medidas paramédicas que deben prolongar el programa de Beneficio Definido.

Otra tarea, tal vez una de las primeras que mostrará la capacidad de negociación con los diputados de la Asamblea Nacional en caso de que los colectivos por los que fue postulado Mulino, Realizando Metas y Alianza no logren mayoría, consistirá en someter a discusión una ley que faculte a la Autoridad del Canal de Panamá para delimitar la cuenca y construir un nuevo embalse de agua dulce en el sector de río Indio, crítico para el funcionamiento de la vía interoceánica que este año el fenómeno de El Niño lo obligó a reducir el número de tránsitos.

El desafío también está en el Darién, la ruta por la que transitan miles de migrantes irregulares, y que Panamá ha intentado manejar, aún sin lograr una colaboración efectiva al 100% con los países vecinos.

Los retos mencionados, además de otras reformas estructurales en materia educativa, acceso al agua potable, y las posibles reformas constitucionales, muy presentes en la agenda de varios candidatos, requieren de diálogos sinceros, despojados de colores políticos y con visión de país.

La ley de moratoria minera y el cierre de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum, una de las minas de cobre más importantes de la región para la empresa, resulta otro tema pendiente dados los multimillonarios reclamos que esperan a Panamá en los tribunales internacionales.

El asunto minero, además de la capacidad de recaudación fiscal, ha sido una de las valoraciones de las calificadoras de riesgo. En marzo Fitch Ratings rebajó a bonos de Panamá al grado de ‘basura’. Recuperar el grado de inversión de cara a las calificadoras de riesgo requerirá de un compromiso de austeridad en el gasto gubernamental, que choca con las promesas de campaña de mega obras, como el tren Panamá-David y la construcción del cuarto puente sobre el canal, además de la extensión de la línea del metro, todas ellas motores de generación de empleo, en un panorama golpeado por la pandemia. Las calificadoras observan con atención el margen de endeudamiento del país vs la capacidad de pago y las mejoras en los métodos de recaudación fiscal alimentados por la factura electrónica, que ha incrementado los ingresos en un 30% en comparación al año pasado.