Persisten amenazas a la libertad de expresión

PANAMÁ. Hace 191 años, Mariano Arosemena fundó La Miscelánea del Istmo. En aquella época, estando Panamá bajo el régimen de la corona española, este semanario propugnaba la libertad de prensa y, por supuesto, la importancia de alcanzar la independencia de Panamá de España, suceso que se concretó el 28 de noviembre de 1821.

A casi dos siglos de la creación del primer periódico en tierra istmeña, en pleno siglo XXI el periodismo se erige bajo una diversificada oferta de medios escritos, radiales y televisivos que, a diario, contribuyen con la labor social de informar, educar y entretener a la masa receptora.

No obstante, la labor del periodista se ve menoscabada cuando se le impide tener libre acceso a su derecho a la libertad de expresión —derecho inalienable señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948—.

Desde entonces, un sinnúmero de asociaciones pro defensa de la libertad de expresión se han lanzado a la tarea de establecer la importancia de enfrentar la batalla, a quienes no les interesa que el periodista cumpla con su rol.

Aunque con el paso de los años se han liberado muchas batallas, aún todavía hace falta alcanzar mayores conquistas en la defensa de la libertad de expresión.

UN SINGULAR OBSERVATORIO

Justamente en ese orden de ideas, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas, la Asociación Panameña de Radiodifusores y la Iglesia católica entre otras organizaciones, juntas en un solo puño decidieron instalar el Observatorio Panameño por la Libertad de Expresión.

Dicho observatorio nace ante la imperante necesidad de mantener la vigencia de la libertad de prensa bajo la firme convicción de que la práctica constante de esta garantía es vital para toda sociedad democrática.

La relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, considera que el hecho reviste vital importancia ante los constantes ataques que han recibido periodistas en países como México y Colombia, donde la vida de ellos está en peligro.

‘Se ha tratado de criminalizar al periodista so pretexto de que revele las fuentes de información, desatando con ello una persecución en contra de los medios de comunicación social’, resaltó la experta.

LOS GRANDES DESAFÍOS

La relatora Botero considera que más allá de las batallas ganadas, aún hay desafíos que deben ser tratados.

La violencia contra los periodistas, la aplicación del derecho penal a los periodistas, la censura indirecta, el derecho al acceso a la información, la falta de pluralismo y veracidad en el debate nacional, forman parte de los retos que debe enfrentar el periodismo en Latinoamérica.

LAS NUEVAS AMENAZAS AL PERIODISMO EN PANAMÁ

En la actualidad, un ambiente de zozobra ronda alrededor del panorama periodístico panameño.

Gremios han levantado sus voces de alerta, ya que en la agenda de la Asamblea Nacional se encuentran anteproyectos de leyes relacionados con la libertad de expresión, la despenalización de la calumnia e injuria y el derecho a réplica.

La dirigencia periodística aboga porque cesen las denuncias de calumnia e injuria por parte de los funcionarios públicos en contra de los comunicadores.

Así lo deja manifiesto el último informe sobre la libertad de expresión presentado por la Defensoría del Pueblo.

Según consta en el documento, tras el logro alcanzado con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el 27 de enero de 2009, en el caso Tristán Donoso vs. Panamá, y frente a la eliminación de los privilegios procesales a favor de los funcionarios públicos, donde se estableció que no podrán aplicarse sanciones penales en los casos en que determinados funcionarios públicos consideren afectado su honor, debiendo recurrir a la vía civil para establecer la posible responsabilidad ulterior en caso de ejercicio abusivo de la libertad de expresión, entre otras disposiciones legales, todavía no se podría declarar la batalla ganada.

Sobre el tema, la presidenta del Colegio Nacional de Periodismo, Grisel Bethancourt, detalla en el último informe de la Libertad de Expresión que el año pasado el periodismo nacional tuvo graves implicaciones que dejaron en evidencia lo vulnerables que estamos los periodistas ante la justicia panameña.

Por primera vez en la historia, el gremio periodístico se ve estremecido por el Órgano de Justicia al fallar un proceso penal de suspender de labores a dos periodistas, por el delito de calumnia e injuria.

Un hecho sin precedentes en la justicia panameña fue cuando al despenalizarse la calumnia e injuria no bastó con conceder los días multa a los colegas Justino González y Sabrina Bacal, como parte de la condena, y establecer que no podían ejercer la profesión en un periodo de tiempo.

Posteriormente, tras el revuelo que generó lo que dictaminó la justicia panameña en contra de los periodistas, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, indulta a González y Bacal.

Al cierre del 2010, la cifra superaba los 45 periodistas que enfrentan procesos por el delito de calumnia e injuria en el Ministerio Público, datos que —aunque confirmados— no son la totalidad de los que se conocen en el país, según suministró la Procuraduría General de la Nación en la administración del entonces procurador encargado Giuseppe Bonissi al Colegio Nacional de Periodistas.

Para el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, la Iglesia ha escuchado con preocupación a sectores involucrados en el ejercicio de la comunicación social, sobre el riesgo que tiene la libertad de expresión ante intentos de proyectos legislativos que tratan de acallar las voces discordantes de la gestión estatal.

‘Los periodistas y la ciudadanía perciben que se están dando condiciones que ponen en peligro la libertad de expresión’, expresa Ulloa en el informe.

Ante este panorama y las denuncias de intromisión del Ejecutivo en el ejercicio del periodismo, el gobierno emitió un comunicado en el que manifiesta su ‘firme compromiso de preservar, promover y proteger tanto la libertad de expresión como el derecho a la información’, y considera que es necesario ‘un amplio diálogo con todos los sectores periodísticos sobre el tema de la libertad de expresión’.