Defensores particulares recusan a otro juez en caso "operación el gallero"

La audiencia de acusación dentro del denominado caso “Operación El Gallero”, deberá esperar que el Tribunal Superior de Apelaciones se pronuncie sobre los recursos de apelación anunciados por todos los defensores particulares, contra la decisión del juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano, quien no admitió incidentes de recusación en su contra.

El acto de audiencia de acusación en esta fase intermedia, inició a las 10:00 de la mañana, de este lunes, 1 de octubre de 2018, en la Sala 1 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora, con la presencia del Fiscal Primero Superior Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, Markel Mora.

También comparecieron los 15 imputados, debidamente representados por sus defensores particulares Gladys Quintero, Valentín Jaén, Alexander De Gracia Lezcano, Israel Marín, José Almengor, Javier Quintero, Eric Valdés, Rodney Saavedra, Pablo Pérez Campo, Antony Espinoza, Rigoberto Vergara y Arquimédes Sáez.

Fase alegaciones previas e incidencias

En el desarrollo de la audiencia, el juez de Garantías, luego de cerciorarse de la no existencia entre los intervinientes de mecanismos alternos de resolución de conflictos, procedió a la fase de las alegaciones previas, incidencias y recusaciones.

En ese sentido, se anunciaron seis incidentes de nulidad por los defensores particulares, entre ellos, Gladys Quintero, quien argumentaba la falta de imputación de su defendido, al existir un Amparo sobre este tema en apelación en la Corte Suprema de Justicia; así como los defensores Valentín Jaén, Rigoberto Vergara, José Almengor, Javier Quintero y Arquimédes Sáez, quienes alegaron nulidad por falta al debido proceso en las “escuchas telefónicas” y diligencias de seguimiento y vigilancia.

Estas incidencias, luego de correrle traslado al fiscal de la causa, fueron negadas por el juez de Garantías, Carmelo Zambrano, quien sobre el particular de la incidencia por interceptaciones telefónicas, en síntesis ponderó una certificación suscrita por uno de los jueces de Garantías destinados para este fin, quien da cuenta detallada de todas las solicitudes del Ministerio Público que ha requerido autorización previa para proceder con cada una de ellas. Aunado a lo anterior, destacó el juez que el fiscal ha cumplido con los requisitos que señala la ley para cada una de las diligencias que reposan como prueba. En cuanto al Amparo aludido por una de las incidentistas, el juez fue enfático en señalar que el mismo está en trámite de apelación en la Corte Suprema de Justicia, por lo cual no se encuentra en firme.

Ante esta decisión, los defensores interpusieron reconsideraciones sobre la negación de los incidentes, mismos que fueron rechazados por el juez de Garantías, luego de ponderar que están ante delitos graves, en donde hay reserva por estar el fiscal en un proceso de investigación, que indudablemente requiere la protección de la identidad de los informantes. Así pues, el juzgador reitera que las acciones del fiscal están totalmente apegadas a lo reseñado en la norma para las interceptaciones telefónicas.

Luego de un receso peticionado por los defensores particulares, todos en común acuerdo, solicitaron y sustentaron el referido incidente de recusación, fundamentado en lo medular en que no se cumplió con el principio de igualdad de las partes, falta de motivación de las decisiones, y temor fundado de parcialidad hacia el fiscal.

Al correrle traslado al fiscal Markel Mora, el mismo refutó las argumentaciones de los defensores que tachó de “irrespetuosas” y separada de todo principio de lealtad y buena fe de los intervinientes. Aunado a ello, estimó que de lo manifestado por los defensores no se encuentra encuadrado en las causales que señala el artículo 50 del Código Procesal Penal (CPP), por lo que pidió rechazar tal incidente de recusación.

Al respecto, el juez de Garantías, Carmelo Zambrano, no admitió las recusaciones en su contra, al coincidir con el fiscal en cuanto a que no se cumplen con las causales que establece el artículo 50 del CPP, toda vez que no existe conflicto de intereses o motivos graves que afecten su imparcialidad. Tampoco tiene parentesco, ni amistad, ni enemistad con alguna de las partes, por lo que no debe haber un temor de su imparcialidad.

En ese sentido, se concedió el recurso de apelación, fijándose el día 8 de octubre de 2018, a las 10:00 a.m., en la Sala 2, para la realización de la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones para que en derecho dirima lo pertinente.

Aproximadamente a las 3:40 de la tarde concluyó el acto de audiencia, que ya ha pasado por dos recusaciones previas, de este caso que tuvo su génesis el 21 de octubre de 2016, cuando se realizaron operaciones antidrogas, seguimientos, vigilancias, y decomiso de bienes inmuebles, vehículos, y en la cual se logró desarticular un supuesto grupo criminal bajo la operación "El Gallero", vinculados a la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y trasiego de drogas en la provincia de Los Santos.