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Actualizado
- 08/01/2015 01:00
Creado
- 08/01/2015 01:00
La Corte Suprema de Justicia es la única facultada para iniciar un proceso contra el exmandatario, que goza de inmunidad parlamentaria
La primera querella penal contra el expresidente Ricardo Martinelli llegó ayer a la Corte Suprema de Justicia de manos del excandidato presidencial Juan Jované.
La causa es motivada por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
La querella se sustenta en los señalamientos que hizo el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, en los que acusaba al exmandatario de dar órdenes directas para la aprobación de un contrato por $45 millones para la compra de alimentos deshidratados para planteles oficiales en los corregimientos de extrema pobreza de todo el país.
‘Durante la administración de Martinelli, el PAN manejó $1,200 millones para supuestas ayudas sociales; sin embargo, es un hecho público que con los dineros de esa institución se dio un derroche y abuso’, expresa la demanda.
Para Jované, la Corte debió abrir un proceso de oficio para investigar al expresidente Martinelli por las múltiples denuncias de corrupción que recaen sobre su mandato presidencial.
‘Si ellos no cumplen con su labor por iniciativa propia, entonces nosotros venimos a solicitarle que investiguen y hagan justicia en este caso’, expresó el también profesor universitario.
La empresa beneficiada con el contrato con la directriz de que ‘va porque va’ —que supuestamente le dio Martinelli a Tamburrelli—, es Lerkshore International Limited.
En la querella se pide también investigar la adquisición de un equipo de espionaje, cuyo paradero se desconoce, pactado por el PAN.
Se trata de aparatos que costaron $13.4 millones y que fueron adquiridos por el PAN, durante el gobierno de Martinelli y no reposan en custodia de ninguna instancia pública, según una denuncia presentada por el director del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López.
El demandante alega que la compra de este equipo es una franca violación al Decreto Ejecutivo 690 de 2010 que creó y rige el PAN y que dispone que los fondos de la institución deben ser utilizados para obras y programas de asistencia social.
Martinelli cuenta con inmunidad por ser miembro del Parlamento Centroamericano, pero la Corte podría abrirle un proceso con base en el artículo 206 de la Constitución Política de la República, en el cual se establecen las atribuciones de los magistrados de la Corte. El artículo señala que es función legal de la Corte Suprema de Justicia investigar y procesar a los diputados.
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