Diputados proponen revisar contrato con Panama Ports

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, prohijó ayer un anteproyecto de ley en el cual se propone revisar el contrato Ley 5 de 1997 entre el Estado y Panama Ports Company S.A.

El anteproyecto fue presentado por el diputado del partido Cambio Democrático (CD), Arnulfo Díaz, quien asegura que su propuesta pretende que se realice una revisión integral a este contrato que data de 1997, para que se realice una renegociación que vaya cónsona con los intereses y necesidades del país.

Díaz afirmó que existe un pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración en la cual se evidencia un sin numero de inconstitucionalidades en este contrato, por lo que merece ser revisado.

“Yo siento que estos son contratos muy largos, son 25 años de contrato y está la renovación del mismo por otros 25 años más, pero debemos de ver que desde 1997 el contrato tiene prácticamente las mismas regalías para el Estado y a pesar del desarrollo y crecimiento de nuestros puertos, tanto el de Cristóbal, como el de Balboa y el manejo de sus operaciones se ha incrementado de manera importante, por lo que debe darse una renegociacion que represente mayores beneficios para el Estado panameño”, afirmó.

El proyecto fue acogido tanto por diputados opositores así como por los diputados oficialistas que integran la Comisión.

El presidente de la Comisión de Comercio, el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Roberto Ábrego expresó que según lo planteado por el diputado proponente, no hubo una auditoría verificable ni la certificación de la AMP como para que se le diera la prórroga automática del contrato a Panama Ports.

”Este es un tema que se va a debatir, se va a discutir. Esta propuesta ya no es un anteproyecto, al ser prohijado ahora se convierte en un proyecto de la Comisión para ser discutido en primer debate”, expresó.

Mientras que el vicepresidente de la Comisión, Ariel Alba manifestó que entre las funciones de la Asamblea Nacional está fiscalizar y revisar lo actuado en estos contratos frente a los cambios que, en materia económica, se han venido dando desde 1997 en Panamá; por lo que considera que es necesario que se realice un debate sobre este tema.

En tanto, el diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez manifestó que está en contra tanto del contrato inicial como en su extensión aprobada por el actual gobierno. “Desde cuando se dio su negociación en 1997 no se aseguraron los mejores intereses para el país”, dijo.

Señaló que en su última extensión o prórroga al contrato, fue avalada por el actual gobierno, por la Junta Directiva de Autoridad Marítima de Panamá y por el contralor (Gerardo Solís), “que debió garantizar los mejores intereses para el país”.

Dijo que aunque no está de acuerdo con este contrato se debería analizar cuál es el futuro de nuestro país para poder desarrollar el sector logístico, “en donde, por obvias razones, el Canal de Panamá debe ser un actor pujante que lo es, pero que puede serlo mucho más y no solamente por lo que esta empresa puede llegar a hacer, que es pagarnos poco y recibir mucho”.

No obstante, Vásquez sugirió a los diputados de esta comisión que si hay rasgos de inconstitucionalidad en este contrato, lo mejor es que sea la Corte Suprema de Justicia la que emita un pronunciamiento, por lo que advirtió que frente a este proyecto “podemos caer en algo tan grave y tan contrario a derecho como el propio contrato”.

En junio de 2021, la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) decidió de manera unánime reconocer el cumplimiento de las condiciones básicas del contrato Ley 5 de 1997 con Panama Ports Company, autorizando al administrador de la AMP a certificar y renovar el contrato para la continuidad del mismo extendiendo la concesión por 25 años más hasta el 2047.

La extensión de esta concesión fue duramente cuestionada por diversos sectores políticos y de la sociedad civil que planteaban la renegociación del mismo y lograr mejores condiciones para el país.

El ex administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano planteó en su momento que el hecho de que existiera una cláusula en el contrato que decía que se tenía que renovar de manera automática, no quería decir que no se podía renegociar.